Santa Ana, una comunidad vivaz y diversa que históricamente se ha enorgullecido de proteger a las familias inmigrantes, está atravesando una transformación preocupante. Bajo la dirección de la alcaldesa Valerie Amezcua, ha surgido información reciente que indica que la oficina del alcalde está colaborando con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) para deportar a los residentes. Esto ha provocado una reacción negativa de los residentes, activistas y líderes comunitarios que ven esto como una contradicción flagrante con la identidad de larga data de la ciudad como ciudad santuario.

Santa Ana estableció oficialmente su estatus de santuario en 2017, ofreciendo protecciones vitales para los inmigrantes al limitar la cooperación de las fuerzas del orden locales con las agencias federales de inmigración. El objetivo era inequívoco: fomentar una atmósfera segura para todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio. Las comunidades inmigrantes en Santa Ana han establecido sus vidas aquí, enriqueciendo el panorama cultural, económico y social de la ciudad. Para muchos, la etiqueta de santuario significaba que podían vivir con mayor seguridad, sin el temor constante de la deportación.

Sin embargo, las recientes revelaciones han eclipsado esta sensación de seguridad y fiabilidad. Si el alcalde Amezcua está realmente cooperando con el ICE para facilitar las deportaciones, socava los principios mismos que la designación de santuario de Santa Ana pretendía respaldar. No solo viola la confianza de la comunidad inmigrante, sino que también comunica que la ciudad podría estar dispuesta a trabajar junto con las autoridades federales de maneras que contradicen sus propias leyes y principios. Este dilema no se trata únicamente de una persona; refleja una preocupación más amplia que afecta a innumerables familias. Las deportaciones no son solo estadísticas: significan individuos reales, madres, padres, hijos e hijas que enfrentan la posibilidad de ser separados de sus hogares y comunidades. Estas personas contribuyen a la economía de la ciudad, participan en instituciones educativas locales y son miembros vitales de la comunidad de Santa Ana.

Si se confirma, las acciones del alcalde Amezcua generan importantes alarmas. Ponen en peligro la confianza que la ciudad ha cultivado diligentemente con sus habitantes inmigrantes. Como ciudad santuario, Santa Ana debería encarnar un símbolo de seguridad e inclusión, no un lugar donde los inmigrantes teman la deportación a manos de las fuerzas del orden locales. La ciudad siempre ha celebrado sus ideales progresistas, y este aparente cambio de política representa una regresión en la búsqueda de los derechos y la justicia de los inmigrantes. Los residentes de Santa Ana tienen derecho a más. Se merecen transparencia de sus funcionarios electos y la seguridad de que su ciudad servirá continuamente como refugio, no como campo de batalla para la aplicación de las leyes federales de inmigración. Si la alcaldesa persiste en su colaboración con el ICE, es esencial que la comunidad la haga responsable y exija un retorno a los principios que han establecido a Santa Ana como ciudad santuario.

En última instancia, los residentes de Santa Ana merecen vivir libres de la ansiedad de la deportación. Si la alcaldesa Amezcua está colaborando con el ICE para expulsar a los habitantes locales, es esencial que reconsidere esta estrategia y reconozca que el estatus de santuario de Santa Ana debe ser respetado, no violado. Es hora de que nuestros líderes prioricen las necesidades de la comunidad y luchen por políticas que protejan, en lugar de penalizar, a las personas que consideran a Santa Ana su hogar.