En una ciudad reconocida por su dedicación a las poblaciones inmigrantes, la alcaldesa de Santa Ana, Valerie Amezcua, se encuentra en el centro de una creciente controversia que pone en duda su liderazgo y sus prioridades. En la reunión del Ayuntamiento del 6 de mayo de 2025, las declaraciones de la alcaldesa Amezcua indicaron un preocupante cambio de enfoque: parece más centrado en asegurar fondos federales y autoridad política que en proteger a las personas a quienes fue elegida para representar.

Santa Ana ha sido considerada una ciudad santuario durante muchos años, una postura basada en el principio de que todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio, tienen derecho a servicios públicos, seguridad y respeto. Esta dedicación ha convertido a la ciudad en un refugio para muchos, especialmente en tiempos de incertidumbre en torno a las leyes de inmigración.  Sin embargo, comentarios recientes de la alcaldesa Amezcua sugieren que este valor fundamental está ahora en riesgo, no por influencias externas, sino por parte de funcionarios del Ayuntamiento.

Durante la tensa reunión del consejo del 6 de mayo, Amezcua expresó su preocupación por la posible pérdida de financiación federal vinculada a las actividades policiales, enfatizando cómo esto podría afectar los recursos policiales y su propia posición. Si bien la gestión financiera es crucial, enmarcar la conversación en términos tan egocéntricos ha inquietado a la comunidad. Ha transmitido a muchos que la alcaldesa podría estar considerando comprometer la política de santuario de la ciudad, no por necesidad, sino por temor a perder autoridad, financiación y, en última instancia, control.

Este tipo de liderazgo, o la falta de él, es realmente preocupante. Las políticas de santuario representan más que simples símbolos; funcionan como protecciones cruciales. Al desalentar la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), estas políticas ayudan a las personas indocumentadas a sentirse seguras al denunciar delitos, acceder a ayuda de emergencia y participar en asuntos comunitarios.  Desmantelar estas protecciones conllevaría repercusiones inmediatas y graves, especialmente para los segmentos más vulnerables de nuestra sociedad.

La aparente apertura de la alcaldesa a la hora de modificar la política de santuario de la ciudad sin una estrategia definida ni un acuerdo comunitario erosiona la confianza en el gobierno local. Los ciudadanos deberían tener líderes que defiendan sus principios ante los desafíos políticos, no aquellos que flaqueen ante dificultades financieras o presiones partidistas.

Además, el momento y la forma en que Amezcua pronunció sus comentarios fueron sumamente inapropiados. En un año caracterizado por la escalada del sentimiento antiinmigrante en todo el país, Santa Ana debería fortalecer, y no retroceder, su posición como ejemplo de gobierno inclusivo. En cambio, las declaraciones de la alcaldesa han generado confusión, miedo y división en un momento en que la solidaridad es urgentemente necesaria.

Instamos a la alcaldesa Amezcua a que aclare públicamente su postura y reafirme claramente su compromiso con los valores de santuario de Santa Ana.  Si no puede hacerlo con sinceridad, quizás sea hora de que surja un nuevo liderazgo: un liderazgo que encarne los principios de compasión, valentía y comunidad que Santa Ana realmente merece.

Tengamos presente el propósito de las ciudades santuario: su propósito es preservar vidas, no desafiar el poder federal. La alcaldesa debe ser consciente de que sus responsabilidades incluyen garantizar la seguridad de las personas, más que simplemente obtener apoyo financiero. En este momento, los residentes de Santa Ana observan atentamente sus decisiones y el rumbo que tome.