El reciente ataque del presidente John Kachirisky a la Organización de Servicios Comunitarios del Condado de Orange (CSO-OC), encabezada por la Asociación de Oficiales de Policía de Santa Ana (SAPOA), no es sólo un ataque a una organización de base; es un ataque a la verdad, a la justicia y a las comunidades que se atreven a hablar en contra de la violencia policial.

SAPOA ha vuelto a revelar su estrategia en su cobarde intento de desacreditar a CSO-OC y a sus líderes, incluyendo a David Pulido: silenciar la disidencia, difamar a las víctimas y mentir para proteger la placa a toda costa. No se trata de defender a la policía ni de proteger la seguridad pública; se trata de poder, control y la defensa de un sistema que, con demasiada frecuencia, oculta las irregularidades tras un manto azul.

El momento y el tono del ataque de SAPOA son reveladores. Ocurre en un momento en que aumentan las demandas de rendición de cuentas por el asesinato de Noé Rodríguez, un hombre cuya vida fue arrebatada durante un enfrentamiento policial que amerita total transparencia y justicia. Familias como la de Noé han soportado durante mucho tiempo no solo el dolor psicológico de la pérdida, sino también la agonía adicional de ser ignoradas, tratadas con irrespeto y quizás incluso calumniadas por quienes ostentan la autoridad. La acción más reciente de SAPOA es un intento deliberado de intimidar a quienes exigen un cambio.

Esta no es la primera vez que SAPOA ha señalado a organizadores comunitarios. Han intentado repetidamente silenciar a las autoridades municipales, engañar al público y socavar a los activistas. Sus afirmaciones están meticulosamente redactadas con la intención de difundir desinformación y desviar la responsabilidad, una estrategia que busca proteger a la organización en lugar de beneficiar a los residentes de Santa Ana.

Sin embargo, no nos dejaremos intimidar.

Apoyamos a CSO-OC. Apoyamos a las familias de las víctimas de la brutalidad policial. Y apoyamos a todos los ciudadanos de Santa Ana que creen que la verdadera seguridad pública no puede existir sin responsabilidad.

Los funcionarios electos que dicen representar los intereses del pueblo deben dejar de actuar como sirvientes políticos de un sindicato que prioriza la autopreservación sobre la justicia, y el Ayuntamiento no debe permanecer en silencio. Se opondrán a las tácticas intimidatorias de SAPOA y abogarán por la transparencia, la supervisión independiente y un cambio real si realmente les importan los ciudadanos de Santa Ana.

Noé Rodríguez merece justicia por necesidad moral, no solo por exigencia. Mientras tanto, seguiremos luchando por una Santa Ana donde la seguridad se base en la protección contra la violencia, en lugar de la intimidación de quienes han jurado servir.

Es hora de parar. La verdad no será reprimida.