En una inquietante escalada de esfuerzos para suprimir el escrutinio público, la Asociación de Oficiales de Policía de Santa Ana (SAPOA) habría emitido una carta de cese y desistimiento a Ben Camacho, periodista de investigación local, en un aparente intento de silenciar la información sobre dos incidentes profundamente preocupantes que involucraron a oficiales de policía de Santa Ana. Esta medida no solo constituye una afrenta a la libertad de prensa, sino un duro recordatorio de la resistencia sistémica a la rendición de cuentas que sigue plagando a las instituciones policiales en todo el país, especialmente en casos de pérdida de vidas y violación de derechos constitucionales.
En el centro de esta controversia se encuentra el asesinato a tiros de Noé Rodríguez a manos de los agentes de policía de Santa Ana Luis Casillas #3755 e Isaac Ibarra #3178, un incidente que sigue bajo investigación del Departamento de Justicia de California. A pesar de la gravedad de la situación —Rodríguez falleció, su familia se prepara para presentar una demanda por homicidio culposo y los agentes involucrados permanecen en servicio activo sin medidas disciplinarias públicas—, ha habido un silencio ensordecedor por parte de los líderes de la ciudad, incluida la alcaldesa Valerie Amezcua. Ese silencio, ahora acompañado de las amenazas legales de SAPOA contra un periodista, huele a complicidad y proteccionismo institucional.
El uso de una carta de cese y desistimiento para intimidar a un periodista que realiza su trabajo —investigar e informar al público sobre asuntos de profundo interés público— sienta un precedente peligroso. Transmite un mensaje alarmante: informar sobre la violencia policial puede conllevar represalias legales. Así no funciona la democracia. Una prensa libre no es enemiga de las fuerzas del orden; es un freno necesario al poder, especialmente cuando este resulta en muerte y trauma para las comunidades marginadas.
El caso de Rodríguez por sí solo justifica la máxima transparencia. Un hombre ha muerto. Los agentes que le dispararon siguen en sus puestos. La comunidad debe responder sobre las circunstancias del tiroteo, el uso de la fuerza, el proceso de revisión interna y por qué no se han tomado medidas administrativas. En cambio, el público se enfrenta al silencio de los funcionarios municipales y a amenazas legales del sindicato policial. Esto no es rendición de cuentas. Es obstrucción.
Y el comportamiento preocupante no termina ahí.
Otro agente de Santa Ana, Nickolas Cavendish #3664, está bajo escrutinio por otro incidente ocurrido en diciembre de 2023, durante una parada de tráfico en la que participaron dos civiles desarmados. Las declaraciones transcritas de las grabaciones de la cámara corporal revelan una terrible agresión verbal en la que el agente Cavendish supuestamente amenazó con “reventarles la cabeza”, colocar su cámara corporal en su coche, inventar una amenaza alegando que el conductor le había agarrado el cinturón y luego asesinarlo.
Estas no son las palabras de un agente de paz profesional. Son las palabras de alguien que se cree por encima de la ley. Tales amenazas, de comprobarse, constituyen no solo una falta grave, sino también una posible intimidación criminal. Sin embargo, el agente Cavendish sigue en servicio. Ni el Departamento de Policía de Santa Ana ni el Ayuntamiento han hecho ninguna declaración pública sobre medidas disciplinarias. No hay transparencia. No hay rendición de cuentas.
La decisión de SAPOA de enviar una carta de cese y desistimiento a Ben Camacho, en lugar de abordar el fondo de estas acusaciones, revela sus verdaderas prioridades: proteger a los agentes del escrutinio, no al público. Los sindicatos tienen un papel en la defensa de los derechos de los trabajadores, pero no deben convertirse en escudos para la mala conducta ni en herramientas para intimidar a los organismos de control.
Los habitsntes de Santa Ana merecen algo mejor.
Merecen un departamento de policía que preste servicio con integridad, transparencia y respeto por los derechos constitucionales. Merecen líderes municipales, especialmente el alcalde Amezcua, que alcen la voz cuando se pierden vidas a manos de quienes juraron protegerlos. Y merecen un entorno mediático donde los periodistas puedan informar sobre las acciones del gobierno sin temor a represalias legales por parte de poderosos sindicatos policiales.
Ben Camacho no debe ceder. El público no debe mirar hacia otro lado.
La investigación del Departamento de Justicia de California sobre el asesinato de Noe Rodríguez debe continuar sin interferencias. La ciudad debe iniciar una investigación independiente tanto del tiroteo como de las amenazas del agente Cavendish. Y SAPOA debe comprender que, en una sociedad democrática, decir la verdad no es difamación, sino un deber.
Los intentos de silenciar a los periodistas, encubrir faltas de conducta y proteger a los agentes de la rendición de cuentas solo profundizan la crisis de confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que sirven. Santa Ana se encuentra en una encrucijada. ¿Optará por la transparencia y la justicia, o por el silencio y la autopreservación?
La respuesta definirá no sólo el futuro de su departamento de policía, sino el alma de la ciudad misma.
The OC Reporter 