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by The Orange County Reporter

Residentes preocupados afirman que las nuevas rotondas representan riesgos para la seguridad en Santa Ana

Fotografía de The OC Reporter/ 3rd y Bush St – 1st Roundabout que Santa Ana instaló hace unos años y muchos accidentes casi fatales

Las rotondas han estado apareciendo en Santa Ana durante varios años, primero como instalaciones temporales, luego como elementos permanentes. El centro de la ciudad vio su primera rotonda en las calles Tercera y Bush, y en los últimos años, se han expandido a barrios residenciales como parte de la estrategia más amplia de la ciudad para moderar el tráfico.

Las autoridades municipales promocionan las rotondas como una medida de seguridad comprobada, citando estudios que demuestran que reducen la probabilidad de accidentes mortales y con lesiones graves en comparación con las intersecciones convencionales. Por su diseño, las rotondas reducen la velocidad de los vehículos y eliminan puntos de conflicto de alto riesgo, como giros a la izquierda y colisiones frontales, comunes en intersecciones con semáforos o con control de parada. Se espera que los conductores cedan el paso al tráfico circulante, reduzcan la velocidad al acercarse y señalicen antes de salir.

Foto de The OC Reporter/ El 19 de noviembre de 2025, María Rubalcava de Ruesga, de 69 años, fue atropellada y asesinada por un camión de basura mientras cruzaba donde está instalada una rotonda.

Pero algunos residentes ahora argumentan que estas mismas características están creando nuevos peligros.  El 19 de noviembre de 2025, María Rubalcava de Ruesga, de 69 años, fue atropellada y falleció por un camión de basura mientras cruzaba un cruce peatonal cerca de la intersección de las calles Bishop y Shelton, donde se instaló una rotonda hace aproximadamente un año. El Departamento de Policía de Santa Ana está investigando el accidente, y los vecinos han expresado su preocupación de que la disposición de la rotonda pueda estar contribuyendo a condiciones peligrosas tanto para peatones como para conductores.

Menos de dos semanas después, otro accidente grave ocurrió en las cercanías. Según un registro de despacho de la OCFA del 28 de noviembre de 2025, a las 23:56, varios vehículos colisionaron en la intersección de las calles North Bush y East 8th, el mismo corredor que la rotonda del centro. Unidades de la División 6, incluyendo el Batallón 9, la Unidad de Motor 75 y el Camión 75, acudieron al lugar. 

Foto de The OC Reporter/varios vehículos chocaron en la intersección de North Bush Street y East 8th Street

Los residentes de la zona reportan un aumento en el exceso de velocidad y confusión sobre las normas de derecho de paso, particularmente en una rotonda que reemplazó una antigua intersección de cuatro vías. Algunos afirman que el cambio ha vuelto la intersección más caótica, no más segura, aunque la ciudad no ha publicado datos oficiales de accidentes que comparen las condiciones antes y después de la instalación.

Fotografía de The OC Reporter/ Señales de conductores corriendo hacia la rotonda en 9th y Spurgeon.

Mientras Santa Ana continúa modernizando las intersecciones con rotondas para mejorar la seguridad del vecindario, los miembros de la comunidad solicitan una revisión más exhaustiva de su diseño, ubicación e impacto, especialmente en zonas con alta actividad peatonal.

by The Orange County Reporter

Editorial: Crisis de liderazgo de la alcaldesa de Santa Ana, Valerie Amezcua, y complicidad del Departamento de Policía de Santa Ana y los imitadores de ICE (cazadores de recompensas).

Departamento de Policía de Santa Ana

Las calles de Santa Ana se han convertido en un campo de batalla por los derechos humanos fundamentales, donde los residentes viven con miedo, no de los delincuentes, sino de los cazarrecompensas armados que operan con alarmante impunidad. El silencio de la alcaldesa Valerie Amezcua y la complicidad del Departamento de Policía de Santa Ana (SAPD) al permitir estos secuestros violentos no solo es preocupante, sino también inaceptable.

El martes 1 de julio de 2025, surgieron múltiples informes de secuestros descarados llevados a cabo por cazarrecompensas en Main St., Warner Ave. y Edinger Ave. Los testigos describieron escenas que serían más propias de una zona de guerra que de una ciudad de EE. UU.: individuos armados agarrando a la gente en la calle, apuntando rifles de asalto, incluidas armas tipo AK-47, a civiles aterrorizados y desapareciendo con sus víctimas mientras las fuerzas del orden se quedaban de brazos cruzados sin hacer nada.

Reflexionen sobre esto: la policía no respondió. A plena luz del día, frente a agentes del Departamento de Policía de San Diego (SAPD), cazarrecompensas —agentes privados sin autoridad legal— cometieron secuestros e intimidación. Esto no es justicia. Esto no es seguridad. Es una abdicación del deber por parte de quienes juraron proteger al público.

La alcaldesa Valerie Amezcua no ha hecho declaraciones públicas, ni ha dado conferencias de prensa, ni ha reconocido la creciente crisis. ¿Dónde está su voz? ¿Dónde está su liderazgo? Si la alcaldesa no puede, o no quiere, defender la seguridad y la dignidad de los residentes de Santa Ana, no tiene derecho a dirigir esta ciudad.

Los cazarrecompensas no son agentes del orden. No operan bajo los mismos estándares de supervisión, entrenamiento ni rendición de cuentas. Sin embargo, aquí en Santa Ana, actúan como si llevaran placas: amenazan, detienen e incluso secuestran a personas sin consecuencias. Y el Departamento de Policía de Santa Ana (SAPD), en lugar de intervenir para detener estos delitos, parece estar protegiéndolos.

Esto plantea serias preguntas: ¿Qué tipo de relación existe entre el SAPD y estos cazarrecompensas? ¿Estamos presenciando una colusión? ¿Existe un acuerdo informal que permite a actores corruptos imponer su propia justicia mientras se ignora la verdadera?

Los residentes de Santa Ana merecen algo mejor. Merecen un alcalde que los proteja, no que los ponga en riesgo. Merecen un departamento de policía que sirva y proteja, no que permita la violencia y las desapariciones.

Si la alcaldesa Amezcua sigue guardando silencio mientras los cazarrecompensas aterrorizan nuestros barrios, entonces sí, debería ser destituida. Su inacción no es neutral; es peligrosa. Envía el mensaje de que algunas vidas no importan, que la violencia es tolerable y que la rendición de cuentas es opcional.

Y al SAPD: su juramento fue proteger al pueblo. Al cruzarse de brazos y permitir que hombres armados secuestraran ciudadanos en la calle, rompieron ese juramento.

Exigimos al alcalde Amezcua que se dirija de inmediato al público, emita una postura clara contra estos secuestros ilegales y exija transparencia al Departamento de Policía de Santa Ana (SAPD). Exigimos una investigación independiente sobre los sucesos del 1 de julio y el patrón general de actividad de cazarrecompensas en nuestra ciudad.

Ya basta. Los residentes de Santa Ana no deberían vivir con el temor de ser secuestrados por desconocidos armados mientras nuestros líderes hacen la vista gorda. Si no exigimos responsabilidades a nuestros funcionarios ahora, corremos el riesgo de perder la poca confianza que queda en nuestras instituciones y de poner vidas en mayor riesgo.

Es hora de actuar. Es hora de hacer justicia. Es hora de proteger a Santa Ana.

by The Orange County Reporter

Editorial: La crisis de liderazgo de la alcaldesa de Santa Ana, Valerie Amezcua, pone en peligro a los residentes

En una ciudad reconocida por su dedicación a las poblaciones inmigrantes, la alcaldesa de Santa Ana, Valerie Amezcua, se encuentra en el centro de una creciente controversia que pone en duda su liderazgo y sus prioridades. En la reunión del Ayuntamiento del 6 de mayo de 2025, las declaraciones de la alcaldesa Amezcua indicaron un preocupante cambio de enfoque: parece más centrado en asegurar fondos federales y autoridad política que en proteger a las personas a quienes fue elegida para representar.

Santa Ana ha sido considerada una ciudad santuario durante muchos años, una postura basada en el principio de que todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio, tienen derecho a servicios públicos, seguridad y respeto. Esta dedicación ha convertido a la ciudad en un refugio para muchos, especialmente en tiempos de incertidumbre en torno a las leyes de inmigración.  Sin embargo, comentarios recientes de la alcaldesa Amezcua sugieren que este valor fundamental está ahora en riesgo, no por influencias externas, sino por parte de funcionarios del Ayuntamiento.

Durante la tensa reunión del consejo del 6 de mayo, Amezcua expresó su preocupación por la posible pérdida de financiación federal vinculada a las actividades policiales, enfatizando cómo esto podría afectar los recursos policiales y su propia posición. Si bien la gestión financiera es crucial, enmarcar la conversación en términos tan egocéntricos ha inquietado a la comunidad. Ha transmitido a muchos que la alcaldesa podría estar considerando comprometer la política de santuario de la ciudad, no por necesidad, sino por temor a perder autoridad, financiación y, en última instancia, control.

Este tipo de liderazgo, o la falta de él, es realmente preocupante. Las políticas de santuario representan más que simples símbolos; funcionan como protecciones cruciales. Al desalentar la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), estas políticas ayudan a las personas indocumentadas a sentirse seguras al denunciar delitos, acceder a ayuda de emergencia y participar en asuntos comunitarios.  Desmantelar estas protecciones conllevaría repercusiones inmediatas y graves, especialmente para los segmentos más vulnerables de nuestra sociedad.

La aparente apertura de la alcaldesa a la hora de modificar la política de santuario de la ciudad sin una estrategia definida ni un acuerdo comunitario erosiona la confianza en el gobierno local. Los ciudadanos deberían tener líderes que defiendan sus principios ante los desafíos políticos, no aquellos que flaqueen ante dificultades financieras o presiones partidistas.

Además, el momento y la forma en que Amezcua pronunció sus comentarios fueron sumamente inapropiados. En un año caracterizado por la escalada del sentimiento antiinmigrante en todo el país, Santa Ana debería fortalecer, y no retroceder, su posición como ejemplo de gobierno inclusivo. En cambio, las declaraciones de la alcaldesa han generado confusión, miedo y división en un momento en que la solidaridad es urgentemente necesaria.

Instamos a la alcaldesa Amezcua a que aclare públicamente su postura y reafirme claramente su compromiso con los valores de santuario de Santa Ana.  Si no puede hacerlo con sinceridad, quizás sea hora de que surja un nuevo liderazgo: un liderazgo que encarne los principios de compasión, valentía y comunidad que Santa Ana realmente merece.

Tengamos presente el propósito de las ciudades santuario: su propósito es preservar vidas, no desafiar el poder federal. La alcaldesa debe ser consciente de que sus responsabilidades incluyen garantizar la seguridad de las personas, más que simplemente obtener apoyo financiero. En este momento, los residentes de Santa Ana observan atentamente sus decisiones y el rumbo que tome.

by The Orange County Reporter

Editorial: Responsabilizar al Departamento de Policía de Santa Ana por detenciones de patrullaje no reguladas

Fotografía de: Igmar Rodas/The Orange County Reporter, el Departamento de Policía de Santa Ana realiza paradas de tráfico en propiedad privada.

En Santa Ana ha surgido una tendencia preocupante: los agentes de patrulla están realizando controles de tráfico sin informar adecuadamente a la central, lo que da como resultado que no haya documentación oficial de su paradero ni de la razón de la detención. Cuando los residentes ansiosos se ponen en contacto con el departamento de policía para denunciar estos dudosos incidentes (que cuentan con los números de los coches patrulla y detalles precisos), se encuentran con respuestas evasivas y de obstrucción por parte del personal supervisor.

El problema fundamental radica en la falta de rendición de cuentas. Los vehículos de patrulla están equipados con sistemas de seguimiento por GPS, pero los supervisores se niegan a utilizar esta tecnología para confirmar la ubicación de los agentes. Algunos incluso afirman que acceder a la información del GPS está “fuera de su nivel salarial”. Esto provoca serias preguntas: si los supervisores desconocen la ubicación de sus agentes, ¿quién posee ese conocimiento? Y si lo tienen pero deciden no revelarlo, ¿qué podrían estar ocultando?

Foto de: Igmar Rodas/The Orange County Reporter, Los residentes de Santa Ana corren el riesgo de ser detenidos sin control, según lo desconocen los despachos de la policía.

La transparencia es la piedra angular de la confianza pública en la aplicación de la ley. Cuando los agentes actúan fuera de las normas de su propio departamento, se abre el camino a la mala conducta: detenciones ilegales, discriminación racial y violaciones de los derechos civiles. La situación en la que un supervisor niega la existencia de una unidad de patrulla que los residentes han observado claramente, o se niega a proporcionar los números de placa, es intolerable.

Los residentes de Santa Ana merecen una fuerza policial que funcione dentro de los límites de la ley, en lugar de por encima de ella. El departamento debe aplicar protocolos de supervisión más estrictos, que incorporen el seguimiento en tiempo real de las ubicaciones de los vehículos de patrulla que los supervisores están obligados a supervisar. Además, debe haber una política definida y aplicable que exija que todas las paradas de tráfico se registren con un despacho.

Foto de: Igmar Rodas/The Orange County Reporter.

Si el departamento se resiste a estas iniciativas fundamentales de rendición de cuentas, la comunidad tiene la responsabilidad de abogar por un cambio. Los funcionarios de la ciudad, el jefe de policía y los organismos de supervisión civil deben intervenir para garantizar que los agentes cumplan con los protocolos adecuados. La transparencia no es un privilegio, es un derecho público. Los agentes de Santa Ana deben rendir cuentas a las personas a las que sirven, en lugar de operar de forma encubierta.

by The Orange County Reporter

Editorial: Encubrimiento de una muerte bajo custodia policial, Departamento de Policía de Santa Ana

La muerte de Freddie Washington mientras se encontraba bajo custodia policial ha provocado una gran controversia, en particular en relación con la respuesta del Departamento de Policía de Santa Ana al incidente. Muchos se preguntan por qué el departamento no ha sido abierto respecto de información vital sobre la muerte de Washington, lo que ha llevado a sospechar de un posible encubrimiento.

Fredd

Es importante reconocer, en primer lugar, que Washington falleció mientras se encontraba bajo custodia de las fuerzas del orden en Santa Ana, California. La falta de transparencia sobre los hechos que precedieron a su muerte, junto con las declaraciones públicas incompletas o tardías del Departamento de Policía de Santa Ana, ha intensificado el escepticismo público. Los críticos sostienen que la vacilación del departamento a la hora de revelar detalles esenciales, como la causa de la muerte o detalles específicos sobre las circunstancias de su arresto, puede ser un intento de proteger a los agentes implicados de ser interrogados.

En situaciones de alto perfil como ésta, es frecuente que se produzcan encubrimientos, especialmente cuando las autoridades se enfrentan a posibles repercusiones jurídicas y políticas. A falta de una investigación exhaustiva y transparente, es imposible que el público conozca la verdad. En una época caracterizada por una desconfianza generalizada hacia las fuerzas del orden, sucesos como éste aumentan las preocupaciones en torno a la rendición de cuentas de la policía y la protección de los derechos de los ciudadanos.

Además, existen problemas sistémicos más amplios. En numerosos casos, los departamentos pueden intentar ocultar información para mantener su reputación, evadir demandas judiciales o evitar más discordia en la comunidad. Sin embargo, esa falta de rendición de cuentas no hace más que aumentar las tensiones y generar demandas de una mayor supervisión y reformas en las fuerzas del orden.

La prioridad ahora debe ser insistir en una investigación completa e independiente sobre la muerte de Freddie Washington. Solo con transparencia y rendición de cuentas se puede empezar a restablecer la confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que sirven. Hasta que eso ocurra, la nube de sospechas y la posibilidad de un encubrimiento persistirán, socavando la credibilidad del departamento de policía y perpetuando el ciclo de desconfianza pública.