Category / Racism

by The Orange County Reporter

EDITORIAL: “Land of the Free” becomes “Land under Siege”

Peaceful Demonstrations Throughout The US

From the suburbs of Minneapolis to the streets of Santa Ana, the American promise of “liberty and justice for all” is now being broken down piece by piece. A political police state, where federal “Gestapo” methods are becoming the norm, is what immigration enforcement has evolved into from what it once was.

The Minnesota Blueprint: Exploitation and Executions

In what can only be called public executions, two American citizens, Renée Nicole Good and Alex Pretti, have died at the hands of federal agents in front of the entire country in the past three weeks. Bystander footage of Pretti’s case shows a man with only a cell phone in his hand before he is tackled and murdered. Instead of transparency, we see an executive administration surrounding the wagons and calling victims “domestic terrorists” in order to rationalize the inexcusable.

The employment of children as tactical weapons is even more heinous. The fact that 5-year-old Liam Conejo Ramos was detained and allegedly coerced by agents into serving as “bait” to entice his family out of their house demonstrates that no one is safe. We have lost our moral compass when the government starts utilizing preschoolers as pawns in a “kill or be killed” situation.

Orange County Receives the Cancer

The “cancer” of this police state is spreading quickly here in Orange County, although Minnesota is now the epicenter. There is a worrisome tendency for local law enforcement to work with DHS and ICE, sometimes in blatant disregard of California’s sanctuary laws.

  • Fullerton: According to recent reports and video evidence, the Fullerton Police Department is now functioning as a support wing for federal agents, opening doors to private complexes and setting up perimeters as agents move around with semi-automatic weapons.
  • Anaheim: Recorded video shows local police officers either standing by or actively helping during violent raids at nearby establishments, such auto repair shops and car washes among them.
  • Activist Harassment: The targeting of individuals who dare to watch is maybe the most alarming aspect. In Orange County, California, activists are being followed by the California Highway Patrol and arrested by local police just for recording federal operations. The boundary between “protection” and “political enforcement” has blurred when federal agents are able to phone 911 to have local police “cut off” or harass a citizen monitor only a few blocks away from their residence.

A deadly silence

Where are the people we elected? As these paramilitary activities continue to interrupt our daily lives, our County Supervisors and Senator Tom Umberg, who represents Santa Ana and north Orange County, remain mostly silent. Their inaction gives the go-ahead for more escalation.

We need to consider when we stand up. It will be too late if we wait for a “public execution” to occur in our own backyard—if it is our neighbor, our friend, or our child. The shift from a free society to a police state does not occur suddenly; It occurs as a result of the close cooperation of local law enforcement and the deafening silence of our leaders.

Before the next victim is one of us, it is time for the city, county, and state authorities in California to end this massacre.

by The Orange County Reporter

EDITORIAL: “Tierra de la Libertad” se convierte en “Tierra Asediada “.

Demonstraciones De Paz en Todo El US


Desde los suburbios de Minneapolis hasta las calles de Santa Ana, la promesa estadounidense de “libertad y justicia para todos” se está desmoronando poco a poco . Un estado policial político , donde los métodos federales de la “Gestapo” se están convirtiendo en la norma, es en lo que la aplicación de la ley migratoria se ha convertido de lo que era antes .

El Plan de Minnesota: Explotación y Ejecuciones.

En lo que solo pueden llamarse ejecuciones públicas , dos ciudadanos estadounidenses , Renée Nicole Good y Alex Pretti , han muerto a manos de agentes federales frente a todo el país en las últimas tres semanas . Las imágenes de un transeúnte del caso de Pretti muestran a un hombre con solo un teléfono celular en la mano antes de ser abordado y asesinado . En lugar de transparencia, vemos a una administración ejecutiva rodeando a las víctimas y llamando a las víctimas “terroristas domésticos” para justificar lo inexcusable .

El empleo de niños como armas tácticas es aún más atroz . El hecho de que Liam Conejo Ramos, de 5 años, fuera detenido y presuntamente coaccionado por agentes para servir de cebo y convencer a su familia de que saliera de casa demuestra que nadie está a salvo. Hemos perdido la brújula moral cuando el gobierno empieza a utilizar a niños en edad preescolar como peones en una situación de “matar o morir” .

El Condado de Orange recibe el cáncer .

El “cáncer” de este estado policial se está extendiendo rápidamente aquí en el Condado de Orange , aunque Minnesota es ahora el epicentro . Existe una preocupante tendencia por parte de las fuerzas del orden locales a colaborar con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) , a veces en flagrante desacato a las leyes santuario de California.

  • Fullerton : Según informes recientes y pruebas en vídeo .El Departamento de Policía de Fullerton funciona ahora como un ala de apoyo para los agentes federales , abriendo puertas a complejos privados y estableciendo perímetros mientras los agentes se desplazan con armas semiautomáticas.
  • Anaheim: Un video grabado muestra a agentes de la policía local, ya sea observando o ayudando activamente durante redadas violentas en establecimientos cercanos , como talleres mecánicos y lavaderos de autos . Acoso
  • A Activistas : El acoso a individuos que se atreven a observar es quizás el aspecto más alarmante . En el condado de Orange , California, activistas están siendo seguidos por la Patrulla de Carreteras de California y arrestados por la policía local solo por grabar operaciones federales . La frontera entre “protección” y “aplicación política” se ha desdibujado cuando los agentes federales pueden llamar al 911 para que la policía local “interrumpa” o acose a un observador ciudadano a solo unas cuadras de su residencia .

Un silencio sepulcral.

¿Dónde están las personas que elegimos? Mientras estas actividades paramilitares continúan interrumpiendo nuestra vida diaria, nuestros supervisores del condado y el senador Tom Umberg, quien representa a Santa Ana y al norte del condado de Orange, permanecen mayormente en silencio. Su inacción da luz verde a una mayor escalada.

Debemos considerar cuándo nos ponemos de pie . Será demasiado tarde si esperamos a que ocurra una “ejecución pública” en nuestro propio patio trasero, ya sea de nuestro vecino, nuestro amigo o nuestro hijo. La transición de una sociedad libre a un estado policial no ocurre de repente ; ocurre como resultado de la estrecha cooperación de las fuerzas del orden locales y el silencio ensordecedor de nuestros líderes.

Antes de que la próxima víctima sea uno de nosotros, es hora de que las autoridades municipales, del condado y estatales …California debe poner fin a esta masacre.

by The Orange County Reporter

Editorial: La Ejecución de Minneapolis: Un Réquiem por La Democracia Estadounidense

Nota del editor: Este no es el primer caso de asesinato por parte de un agente de ICE desde que la administración Trump asumió el cargo, y probablemente no será el último a menos que algo cambie. Este problema nos afecta cada día más. El Condado de Orange es nuestra comunidad, y no podemos permitirnos permanecer en silencio mientras esté en riesgo. Por favor, manténganse alerta y alcen la voz. No podemos permitir que la división política destruya la seguridad de nuestro país y nuestra comunidad.

El agente de ICE Jonathan Ross, el asesino Renee Good

El miércoles 7 de enero de 2026, el experimento estadounidense pasó del estado de derecho al imperio de las armas. El asesinato de Renee Nicole Good, madre de tres hijos, asesinada a sangre fría por el agente del ICE Jonathan Ross, no fue un “trágico accidente” ni una “escalada necesaria”. Fue una ejecución. Capturadas con múltiples lentes de alta definición, las imágenes desmienten las mentiras del gobierno: no había una amenaza inminente, solo una mujer que intentaba sobrevivir a la persecución de un escuadrón de la muerte autorizado por el estado.

El Etiquetado de Una Víctima

Lo más escalofriante de este asesinato no es solo el momento en que se aprieta el gatillo, sino la tinta que se imprime. Al etiquetar inmediatamente a la Sra. Good como “terrorista doméstica”, la actual administración ha indicado su intención de usar la deshumanización como escudo para la violencia de Estado. Esta es una táctica autoritaria clásica: si se puede llamar “enemigo” a un ciudadano, se puede justificar cualquier atrocidad cometida contra él. Cuando el presidente utiliza al ICE como una fuerza policial secreta privada, y J.D. Vance aboga por la inmunidad total para estos agentes, en realidad están colocando a la “Gestapo” por encima de la Constitución.

El silencio del Capitolio

El Congreso se encuentra actualmente en una encrucijada de cobardía. Mientras los legisladores han visto las mismas imágenes que nosotros, los poderes fácticos guardan silencio. Esperan una “investigación adecuada” mientras las pruebas son evidentes. ¿Cuál es el umbral para actuar? ¿Acaso la guerra civil declarada por el poder ejecutivo contra el pueblo —tanto inmigrantes como ciudadanos— debe llegar a las puertas del Capitolio para que el poder legislativo recuerde su deber de control y equilibrio?

El Fracaso del Cuarto Poder

Mientras los reporteros independientes buscan la verdad, los grandes medios de comunicación siguen alimentando la ira del gobierno, minimizando un asesinato como un “incidente de seguridad”. Justifican el asesinato de una madre frente a su comunidad porque encaja en una narrativa de “ley y orden”. Pero no hay orden en un sistema donde un agente puede matar con impunidad, y no hay ley en un país donde la policía local es ignorada por agentes federales que no responden ante nadie.

Una Advertencia para El Ejecutor

Para Jonathan Ross: Puede que te sientas protegido por el clima político actual, pero la historia es un testimonio largo e implacable. Al optar por actuar como instrumento de una dictadura en auge, has sacrificado tu humanidad y has puesto en peligro la seguridad misma de tu propio legado. El karma no es una política; es la consecuencia inevitable de tus acciones.

La Ultima Línea

¿En qué momento una democracia se convierte en dictadura? Sucede cuando la gente deja de preguntarse “¿por qué?” y empieza a preguntarse “¿quién sigue?”. Si Renée Nicole Good puede ser asesinada en video sin arresto, entonces nadie, independientemente de su estatus, está a salvo. Se ha cruzado la línea. El video es la evidencia. El silencio es la complicidad.

La justicia para Renee Nicole Good no es sólo una cuestión de un agente; se trata de si todavía vivimos en una nación de leyes o en una nación de sombras.

by The Orange County Reporter

Editorial: The Minneapolis Execution: A Requiem for American Democracy

Editor’s Note: This is not the first instance of an assassination by an ICE agent since the Trump administration took office, and it likely won’t be the last unless something changes. This issue is hitting closer to home every day. Orange County is our community, and we cannot afford to stay silent while it is put at risk. Please, stay alert and speak up. We cannot allow political division to destroy the safety of our country and community.

ICE Agent Jonathan Ross the Murderer Renee Good

On Wednesday, January 7, 2026, the American experiment shifted from the rule of law to the rule of the gun. The killing of Renee Nicole Good—a mother of three shot in cold blood by ICE Agent Jonathan Ross—was not a “tragic accident” or a “necessary escalation.” It was an execution. Caught on multiple high-definition lenses, the footage strips away the administration’s lies: there was no imminent threat, only a woman trying to survive a pursuit by a state-sanctioned hit squad.

​The Labeling of a Victim

​The most chilling aspect of this murder is not just the pull of the trigger, but the ink of the pen. By immediately labeling Ms. Good a “Domestic Terrorist,” the current administration has signaled its intent to use dehumanization as a shield for state violence. This is a classic authoritarian tactic: if you can name a citizen an “enemy,” you can justify any atrocity committed against them. When the President uses ICE as a private secret police force, and JD Vance advocates for total immunity for these agents, they are effectively placing the “Gestapo” above the Constitution.

​The Silence of the Capitol

​Congress currently stands at a crossroads of cowardice. While lawmakers have viewed the same footage that we have, the halls of power remain silent. They wait for a “proper investigation” while the evidence sits in plain sight. What is the threshold for action? Does the civil war declared by the executive branch against the people—immigrant and citizen alike—need to reach the front steps of the Capitol before the legislative branch remembers its duty to check and balance?

​The Failure of the Fourth Estate

​While independent reporters seek the truth, the mainstream media continues to carry water for the administration, sanitizing a murder into a “security incident.” They justify the killing of a mother in front of her community because it fits a narrative of “law and order.” But there is no order in a system where an agent can kill with impunity, and there is no law in a country where the local police are bypassed by federal enforcers who answer to no one.

​A Warning to the Enforcer

​To Jonathan Ross: You may feel protected by the current political climate, but history is a long and unforgiving witness. By choosing to act as a tool of a burgeoning dictatorship, you have sacrificed your humanity and endangered the very safety of your own legacy. Karma is not a political policy; it is the inevitable consequence of one’s actions.

​The Final Line

​At what point does a democracy become a dictatorship? It happens when the people stop asking “why” and start asking “who is next?” If Renee Nicole Good can be murdered on video without an arrest, then no one—regardless of their status—is safe. The line has been crossed. The video is the evidence. The silence is the complicity.

​Justice for Renee Nicole Good is not just about one agent; it is about whether we still live in a nation of laws or a nation of shadows.

by The Orange County Reporter

Editorial: Starve the Machine: Why Communities Must Cut Off ICE’s Lifelines

Hands Up – Don’t Shoot!

Immigration and Customs Enforcement (ICE) continues to function in cities and towns throughout the United States with blatant contempt for constitutional principles, civil rights, and human dignity. The raids take place during the early hours of the morning. Parents disappear from school drop-offs. Workers are abducted from their workplaces—all without warrants, frequently without justification, and always with the unsettling effectiveness of an organization that believes it is accountable to no one.

However, the reality is that ICE operates on more than just power. It uses gas. Regarding coffee from the corner deli. The serene complicity of local business, parking places, and Wi-Fi are all available at rest stops. That is exactly where communities have the power and obligation to retaliate.

City Officials should be doing this as a Sanctuary City.

The concept is straightforward but has far-reaching consequences:  “If you don’t want ICE in your community, stop supporting it.”

Don’t sell gasoline to ICE vehicles that are marked or unlabeled. bar representatives for restaurants and restrooms. Tell local businesses: no contracts, no services, no silent support for a system that splits families apart and makes due process optional.

This isn’t vigilantism. It’s community self-defense.

Unlawful Actions by DHS and ICE!

Such conduct, according to critics, “impedes federal law enforcement.” However, an agency loses the presumption of legitimacy when it regularly disregards the Fourth Amendment by entering houses without a warrant and the Fifth Amendment by arresting individuals without charges or access to a lawyer. ICE functions in a gray area made possible by indifference rather than legislation. Local companies become accessories to constitutional breaches every time a gas station fills an ICE van with gasoline or a restaurant provides breakfast to officers on their way to a raid, albeit unknowingly.

Although they are a beginning, sanctuary city statements are frequently symbolic. A genuine sanctuary is about the business owner who says, “Not on my property,” not about municipal hall resolutions. It’s about the community that collectively draws a line, saying, “You may have a badge, but you don’t have our consent.”

ICE has become the Enemy of The State as they are Attacking US Senators!

Others will contend that refusing service is un-American. However, it is undeniably un-American to permit a federal agency to arm local infrastructure against vulnerable neighbors while simultaneously asserting impunity. The Constitution does not cease to exist when someone’s immigration status changes, and it most certainly does not cease to exist when someone wears a DHS patch.

Moral resistance has always relied on disrupting the machinery of injustice—**not just condemning it, but starving it**—through the thousands of daily acts of ordinary people withdrawing their cooperation. History shows that oppressive regimes fall as a result of this withdrawal of cooperation, not just through courts or Congress. This withdrawal of cooperation has taken many forms, including divestment campaigns against apartheid and boycotts during the Civil Rights Movement.

ICE is an Occupying Force to Oppress The People.

Therefore, to be clear, if ICE believes that it is above the Constitution, then communities are entitled to treat it as an occupying force, using complete non-cooperation rather than violence. No sustenance. No fuel. There are no restrooms. Not at all cozy. There isn’t a cover.

Make it logistically impossible for ICE to function in your city.

Sanctuary Cities, It’s time to start defending your residents,
YOUR COMMUNITY .

Make your city a genuine haven rather than just a “sanctuary” in name.

Because justice cannot be proclaimed. We are the ones who enforce it.

by The Orange County Reporter

Editorial: Santa Ana debe dejar de ignorar a los terroristas cazarrecompensas que se hacen pasar por agentes de ICE.

Foto: The OC Reporter / Departamento de Policía de Santa Ana

A estas alturas ya no es un rumor; es un hecho documentado.

Hombres con placas falsas que se hacen pasar por funcionarios federales están aterrorizando hogares, asustando a jóvenes y destrozando familias en las calles de Santa Ana. No son agentes de ICE. Son cazarrecompensas independientes o contratistas que carecen de autoridad legal, constitucional y de derecho a estar en nuestras calles. Sin embargo, se aprovechan de nuestra ansiedad, desconcierto y del silencio de quienes juraron defendernos, actuando con total impunidad.

Estas personas no son agentes del orden. Son delincuentes. Suplantar la identidad de un agente federal es un delito grave tanto en California como a nivel federal. La entrada ilegal en propiedad ajena se define como el ingreso a una residencia sin permiso ni orden judicial. Utilizar amenazas de deportación para obtener favores o dinero de los residentes locales constituye coacción, y posiblemente secuestro. Además, según el artículo 837 del Código Penal de California, toda persona tiene el derecho —y la obligación— de realizar un arresto ciudadano al presenciar la comisión de tales delitos.

Entonces, ¿cuál es la razón de Santa Ana? ¿La policía se niega a actuar? No es por miedo al ICE. El problema no radica en la falta de conocimiento de la jurisdicción, sino en la negligencia. Es complicidad por inacción.

Foto de: The OC Reporter/ Impostores de ICE vistos en la 1.ª y Grand Ave.

A pesar de que el Ayuntamiento creó correctamente el fondo Ayuda Sin Fronteras, presentó solicitudes de acceso a la información pública, se sumó a demandas federales y recibió 50.000 dólares de apoyo de Sahuayo, México, nuestra policía sigue sin hacer nada mientras estos delincuentes andan sueltos. No están sobrecargados de trabajo ni confundidos. Simplemente deciden no aplicar la ley. Esto no es una discrepancia política. No es un debate sobre inmigración. Se trata de justicia fundamental.

Una madre no vive en una ciudad santuario si un hombre con una chaqueta negra llama a su puerta diciendo ser agente federal y ella se esconde en su cocina mientras la policía no hace nada cuando llama al 911. Está bajo asedio.

El alcalde Amezcua y el Ayuntamiento se han expresado extensamente sobre dignidad, justicia y derechos civiles. Ahora deben exigir que se tomen medidas. El Departamento de Policía de Santa Ana debe:

  • Utilice las leyes vigentes sobre arresto ciudadano y las leyes estatales contra la suplantación de identidad para capacitar de inmediato a los agentes en el reconocimiento y la detención de impostores que se hacen pasar por cazarrecompensas.
  • Identificar y denunciar públicamente a estos individuos como delincuentes, en lugar de como “socios en la aplicación de la ley”.
  • Establecer un equipo de respuesta rápida para investigar y registrar cada incidente reportado, y luego poner esta información a disposición del público en general.
  • Para procesar a los delincuentes reincidentes por cargos federales, trabaje con el FBI y el Departamento de Justicia.
  • Difundir imágenes, descripciones de vehículos y métodos conocidos a través de alertas comunitarias para informar a las familias sobre a quién temer y a quién detener.
Foto de: The OC Reporter/ Impostores de ICE vistos en Ross y Santa Ana Blvd.

El liderazgo moral de la ciudad no vale nada si su fuerza policial no defiende a sus ciudadanos de los criminales que se esconden tras la fachada del gobierno federal.

El aumento de $100,000 a Ayuda Sin Fronteras es algo que aplaudimos. Sin embargo, la tranquilidad de un niño que duerme sin ansiedad no se puede reemplazar con ninguna ayuda económica. El trauma de una intrusión domiciliaria por parte de un individuo con una placa falsa no se puede reparar con ninguna acción legal.

Gracias a Santa Ana, el mundo ha visto lo que es la valentía. Ahora debe demostrar lo que es la justicia mediante arrestos, no mediante comunicados de prensa.

Los cazarrecompensas no son agentes de inmigración, son delincuentes. Violan la ley. Además, nuestra policía debería empezar a tratarlos como tales.

— Los habitantes de Santa Ana merecen más que compasión. Merecen protección.

by The Orange County Reporter

Editorial: Santa Ana Needs to Stop Ignoring Bounty Hunter Terrorists Impersonating ICE.

Photo by: The OC Reporter / Santa Ana Police Department

It’s no longer a rumor; it’s a documented fact.

Men wearing fake badges and claiming to be federal officials are terrorizing homes, scaring youngsters, and destroying families in the streets of Santa Ana. They are not ICE officers. They are independent bounty hunters, or contractors, who have no legal authority, constitutional authority, or right to be on our streets. They nevertheless take advantage of our anxiety, bewilderment, and the silence of the people sworn to defend us while acting with impunity.

These are not “enforcers.” They are criminals. Impersonating a federal officer is a felony under both California and federal law. Trespassing is defined as entering a residence without permission or a warrant. Using deportation threats to get compliance or money from locals is coercion, and maybe kidnapping. Additionally, according to California Penal Code § 837, every person has the right—and the obligation—to conduct a citizen’s arrest when witnessing such offenses being committed.

Therefore, what is the reason for Santa Ana? The police are unwilling to take action? Not fear of ICE. The problem is not a lack of understanding regarding jurisdiction. It is negligence. It’s complicity by inaction.

Photo by: The OC Reporter/ ICE Impostors seen on 1st and Grand Ave.

Despite the fact that the City Council has correctly created the Ayuda Sin Fronteras fund, submitted FOIA requests, joined federal lawsuits, and received $50,000 in support from Sahuayo, Mexico, our police force is still doing nothing while these criminals are allowed to go free. They aren’t “overworked,” nor are they “confused.” They are making the decision to refrain from enforcing the law. This isn’t a disagreement on policy. This is not a discussion about immigration. This is about fundamental justice.

A mother is not living under a sanctuary city if a man in a black jacket knocks on her door claiming to be federal and she hides in her kitchen while the police do nothing when she calls 911. She’s under siege.

Mayor Amezcua and the City Council have spoken at length about dignity, fairness, and civil rights. They must now insist on action. The Santa Ana Police Department must:

  • Utilize current citizen’s arrest laws and state laws against impersonation to immediately train officers to recognize and apprehend bounty hunter imposters.
  • Publicly identify and denounce these individuals as criminals rather than “enforcement partners.”
  • Establish a quick response team to look into and record each reported event, and then make this information available to the general public.
  • In order to prosecute repeat offenders on federal charges, work with the FBI and DOJ.
  • Disseminate images, vehicle descriptions, and known methods through community alerts to inform families about who to be afraid of and who to apprehend.
Photo by: The OC Reporter/ ICE Impostors seen on Ross and Santa Ana Blvd.

The city’s moral leadership is worthless if its police force won’t defend its citizens from the criminals hiding behind the guise of the federal government.

The $100,000 increase to Ayuda Sin Fronteras is something we applaud. However, a child sleeping without anxiety cannot be replaced by any financial support. The trauma of a house invasion by a guy using a phony badge cannot be undone by any legal action.

The world has seen what bravery looks like, thanks to Santa Ana. It must now demonstrate what justice looks like via arrests, not via press releases.

The bounty hunters are not ICE, they are criminals. They break the law. Additionally, our cops should start treating them like one.

— The People of Santa Ana deserve more than sympathy. They deserve protection.

by The Orange County Reporter

Editorial: Crisis de liderazgo de la alcaldesa de Santa Ana, Valerie Amezcua, y complicidad del Departamento de Policía de Santa Ana y los imitadores de ICE (cazadores de recompensas).

Departamento de Policía de Santa Ana

Las calles de Santa Ana se han convertido en un campo de batalla por los derechos humanos fundamentales, donde los residentes viven con miedo, no de los delincuentes, sino de los cazarrecompensas armados que operan con alarmante impunidad. El silencio de la alcaldesa Valerie Amezcua y la complicidad del Departamento de Policía de Santa Ana (SAPD) al permitir estos secuestros violentos no solo es preocupante, sino también inaceptable.

El martes 1 de julio de 2025, surgieron múltiples informes de secuestros descarados llevados a cabo por cazarrecompensas en Main St., Warner Ave. y Edinger Ave. Los testigos describieron escenas que serían más propias de una zona de guerra que de una ciudad de EE. UU.: individuos armados agarrando a la gente en la calle, apuntando rifles de asalto, incluidas armas tipo AK-47, a civiles aterrorizados y desapareciendo con sus víctimas mientras las fuerzas del orden se quedaban de brazos cruzados sin hacer nada.

Reflexionen sobre esto: la policía no respondió. A plena luz del día, frente a agentes del Departamento de Policía de San Diego (SAPD), cazarrecompensas —agentes privados sin autoridad legal— cometieron secuestros e intimidación. Esto no es justicia. Esto no es seguridad. Es una abdicación del deber por parte de quienes juraron proteger al público.

La alcaldesa Valerie Amezcua no ha hecho declaraciones públicas, ni ha dado conferencias de prensa, ni ha reconocido la creciente crisis. ¿Dónde está su voz? ¿Dónde está su liderazgo? Si la alcaldesa no puede, o no quiere, defender la seguridad y la dignidad de los residentes de Santa Ana, no tiene derecho a dirigir esta ciudad.

Los cazarrecompensas no son agentes del orden. No operan bajo los mismos estándares de supervisión, entrenamiento ni rendición de cuentas. Sin embargo, aquí en Santa Ana, actúan como si llevaran placas: amenazan, detienen e incluso secuestran a personas sin consecuencias. Y el Departamento de Policía de Santa Ana (SAPD), en lugar de intervenir para detener estos delitos, parece estar protegiéndolos.

Esto plantea serias preguntas: ¿Qué tipo de relación existe entre el SAPD y estos cazarrecompensas? ¿Estamos presenciando una colusión? ¿Existe un acuerdo informal que permite a actores corruptos imponer su propia justicia mientras se ignora la verdadera?

Los residentes de Santa Ana merecen algo mejor. Merecen un alcalde que los proteja, no que los ponga en riesgo. Merecen un departamento de policía que sirva y proteja, no que permita la violencia y las desapariciones.

Si la alcaldesa Amezcua sigue guardando silencio mientras los cazarrecompensas aterrorizan nuestros barrios, entonces sí, debería ser destituida. Su inacción no es neutral; es peligrosa. Envía el mensaje de que algunas vidas no importan, que la violencia es tolerable y que la rendición de cuentas es opcional.

Y al SAPD: su juramento fue proteger al pueblo. Al cruzarse de brazos y permitir que hombres armados secuestraran ciudadanos en la calle, rompieron ese juramento.

Exigimos al alcalde Amezcua que se dirija de inmediato al público, emita una postura clara contra estos secuestros ilegales y exija transparencia al Departamento de Policía de Santa Ana (SAPD). Exigimos una investigación independiente sobre los sucesos del 1 de julio y el patrón general de actividad de cazarrecompensas en nuestra ciudad.

Ya basta. Los residentes de Santa Ana no deberían vivir con el temor de ser secuestrados por desconocidos armados mientras nuestros líderes hacen la vista gorda. Si no exigimos responsabilidades a nuestros funcionarios ahora, corremos el riesgo de perder la poca confianza que queda en nuestras instituciones y de poner vidas en mayor riesgo.

Es hora de actuar. Es hora de hacer justicia. Es hora de proteger a Santa Ana.

by The Orange County Reporter

Editorial: A Crisis of Leadership of Santa Ana Mayor Valerie Amezcua and Complicity of The Santa Ana Police Department and The ICE Impersonators (Bounty Hunters).

Santa Ana Police Department

The streets of Santa Ana have become a battleground for basic human rights, where residents live in fear—not from criminals, but from armed bounty hunters operating with alarming impunity. The silence from Mayor Valerie Amezcua and the complicity of the Santa Ana Police Department (SAPD) in allowing these violent kidnappings to occur is not just troubling—it is unacceptable.

On Tuesday, July 1st, 2025, multiple reports emerged of brazen kidnappings carried out by bounty hunters on Main St., Warner Ave., and Edinger Ave. Witnesses described scenes that would be more fitting for a war zone than a U.S. city: armed individuals grabbing people off the street, pointing assault rifles—including AK-47-style weapons—at terrified civilians, and disappearing with their victims while law enforcement stood by and did nothing.

Let that sink in: the police did not respond. In broad daylight, in front of SAPD officers, bounty hunters—private actors with no legal authority—committed acts of kidnapping and intimidation. This is not justice. This is not safety. This is an abdication of duty by those sworn to protect the public.

Mayor Valerie Amezcua has offered no public statement, no press conference, no acknowledgment of this escalating crisis. Where is her voice? Where is her leadership? If the mayor cannot—or will not—stand up for the safety and dignity of Santa Ana’s residents, she has no business leading this city.

Bounty hunters are not law enforcement. They do not operate under the same oversight, training, or accountability standards. Yet here in Santa Ana, they act as if they wear badges—threatening, detaining, and even kidnapping individuals without consequence. And the SAPD, rather than intervening to stop these crimes, appears to be shielding them.

This raises serious questions: What kind of relationship exists between the SAPD and these bounty hunters? Are we witnessing collusion? Is there an informal agreement allowing rogue actors to enforce their own brand of “justice” while real justice is ignored?

Santa Ana residents deserve better. They deserve a mayor who protects them, not puts them at risk. They deserve a police department that serves and protects—not enables violence and disappearances.

If Mayor Amezcua continues to remain silent while bounty hunters terrorize our neighborhoods, then yes—she should be recalled. Her inaction is not neutral; it is dangerous. It sends a message that some lives don’t matter, that violence is tolerable, and that accountability is optional.

And to the SAPD: your oath was to protect the people. When you stood by and allowed armed men to kidnap citizens in the street, you broke that oath.

We call on Mayor Amezcua to immediately address the public, issue a clear stance against these unlawful kidnappings, and demand transparency from the SAPD. We call for an independent investigation into the events of July 1st and the broader pattern of bounty hunters activity in our city.

Enough is enough. Santa Ana residents should not live in fear of being kidnapped by armed strangers while our leaders look the other way. If we do not hold our officials accountable now, we risk losing what little trust remains in our institutions—and putting lives at even greater risk.

It’s time for action. It’s time for justice. It’s time to protect Santa Ana.

by The Orange County Reporter

Editorial: A Call for Accountability — Why Hasn’t Mayor Valerie Amezcua Taken Action Against Unverified “Federal Agents” Operating in Santa Ana?

Santa Ana Police Department
Failing to Protect The Residents of Santa Ana.

The people of Santa Ana deserve transparency, protection, and due process under the law. Yet, disturbing reports continue to surface regarding unidentified individuals—often masked and claiming to be federal agents—who are allegedly involved in unlawful detentions and even kidnappings in public view. These actions, reportedly occurring in the presence of Santa Ana Police Department (SAPD) officers who fail to intervene or verify the identities of these individuals, raise urgent questions about both legal responsibility and public safety.

Under California’s Penal Code 832, peace officers are required to act with due diligence in the performance of their duties. When SAPD officers witness what appears to be illegal acts—including kidnapping—and do not intervene or attempt to identify those responsible, they may indeed be complicit under the law. By failing to verify credentials, request identification, or at least investigate such incidents, SAPD officers risk becoming accessories to crimes committed in their presence.

Furthermore, every sworn law enforcement officer has taken an oath to uphold the U.S. Constitution and protect citizens from unlawful government intrusion. When officers stand by as individuals—whether legitimate federal agents or not—engage in warrantless detentions or abductions, they are violating the very principles they swore to defend.

Mayor Valerie Amezcua, as the head of the city’s executive branch and a representative of the people, must address this alarming situation immediately. The City Council and local oversight bodies also have a duty to ensure that SAPD is fulfilling its mandate to serve and protect all residents of Santa Ana—not turning a blind eye to potential criminal activity, no matter the alleged affiliation of the perpetrators.

We call on Mayor Amezcua and SAPD leadership to:

  1. Issue clear directives for officers to verify the identity and agency affiliation of any individual claiming to be a federal agent before allowing them to conduct operations within the city.
  2. Investigate all reported incidents involving unverified individuals engaging in detentions or arrests.
  3. Provide transparency to the public regarding any coordination or communication with federal agencies operating locally.
  4. Hold accountable any officers who fail to perform their sworn duty to protect citizens from unlawful harm or coercion.

The Constitution does not permit selective enforcement of the law. If our local law enforcement will not uphold it—especially when others abuse their perceived authority—they become part of the problem rather than the solution.

Santa Ana deserves better. Our community deserves safety, clarity, and justice—not silence or complicity.