Tag / Corruption

by The Orange County Reporter

EDITORIAL: “Land of the Free” becomes “Land under Siege”

Peaceful Demonstrations Throughout The US

From the suburbs of Minneapolis to the streets of Santa Ana, the American promise of “liberty and justice for all” is now being broken down piece by piece. A political police state, where federal “Gestapo” methods are becoming the norm, is what immigration enforcement has evolved into from what it once was.

The Minnesota Blueprint: Exploitation and Executions

In what can only be called public executions, two American citizens, Renée Nicole Good and Alex Pretti, have died at the hands of federal agents in front of the entire country in the past three weeks. Bystander footage of Pretti’s case shows a man with only a cell phone in his hand before he is tackled and murdered. Instead of transparency, we see an executive administration surrounding the wagons and calling victims “domestic terrorists” in order to rationalize the inexcusable.

The employment of children as tactical weapons is even more heinous. The fact that 5-year-old Liam Conejo Ramos was detained and allegedly coerced by agents into serving as “bait” to entice his family out of their house demonstrates that no one is safe. We have lost our moral compass when the government starts utilizing preschoolers as pawns in a “kill or be killed” situation.

Orange County Receives the Cancer

The “cancer” of this police state is spreading quickly here in Orange County, although Minnesota is now the epicenter. There is a worrisome tendency for local law enforcement to work with DHS and ICE, sometimes in blatant disregard of California’s sanctuary laws.

  • Fullerton: According to recent reports and video evidence, the Fullerton Police Department is now functioning as a support wing for federal agents, opening doors to private complexes and setting up perimeters as agents move around with semi-automatic weapons.
  • Anaheim: Recorded video shows local police officers either standing by or actively helping during violent raids at nearby establishments, such auto repair shops and car washes among them.
  • Activist Harassment: The targeting of individuals who dare to watch is maybe the most alarming aspect. In Orange County, California, activists are being followed by the California Highway Patrol and arrested by local police just for recording federal operations. The boundary between “protection” and “political enforcement” has blurred when federal agents are able to phone 911 to have local police “cut off” or harass a citizen monitor only a few blocks away from their residence.

A deadly silence

Where are the people we elected? As these paramilitary activities continue to interrupt our daily lives, our County Supervisors and Senator Tom Umberg, who represents Santa Ana and north Orange County, remain mostly silent. Their inaction gives the go-ahead for more escalation.

We need to consider when we stand up. It will be too late if we wait for a “public execution” to occur in our own backyard—if it is our neighbor, our friend, or our child. The shift from a free society to a police state does not occur suddenly; It occurs as a result of the close cooperation of local law enforcement and the deafening silence of our leaders.

Before the next victim is one of us, it is time for the city, county, and state authorities in California to end this massacre.

by The Orange County Reporter

EDITORIAL: “Tierra de la Libertad” se convierte en “Tierra Asediada “.

Demonstraciones De Paz en Todo El US


Desde los suburbios de Minneapolis hasta las calles de Santa Ana, la promesa estadounidense de “libertad y justicia para todos” se está desmoronando poco a poco . Un estado policial político , donde los métodos federales de la “Gestapo” se están convirtiendo en la norma, es en lo que la aplicación de la ley migratoria se ha convertido de lo que era antes .

El Plan de Minnesota: Explotación y Ejecuciones.

En lo que solo pueden llamarse ejecuciones públicas , dos ciudadanos estadounidenses , Renée Nicole Good y Alex Pretti , han muerto a manos de agentes federales frente a todo el país en las últimas tres semanas . Las imágenes de un transeúnte del caso de Pretti muestran a un hombre con solo un teléfono celular en la mano antes de ser abordado y asesinado . En lugar de transparencia, vemos a una administración ejecutiva rodeando a las víctimas y llamando a las víctimas “terroristas domésticos” para justificar lo inexcusable .

El empleo de niños como armas tácticas es aún más atroz . El hecho de que Liam Conejo Ramos, de 5 años, fuera detenido y presuntamente coaccionado por agentes para servir de cebo y convencer a su familia de que saliera de casa demuestra que nadie está a salvo. Hemos perdido la brújula moral cuando el gobierno empieza a utilizar a niños en edad preescolar como peones en una situación de “matar o morir” .

El Condado de Orange recibe el cáncer .

El “cáncer” de este estado policial se está extendiendo rápidamente aquí en el Condado de Orange , aunque Minnesota es ahora el epicentro . Existe una preocupante tendencia por parte de las fuerzas del orden locales a colaborar con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) , a veces en flagrante desacato a las leyes santuario de California.

  • Fullerton : Según informes recientes y pruebas en vídeo .El Departamento de Policía de Fullerton funciona ahora como un ala de apoyo para los agentes federales , abriendo puertas a complejos privados y estableciendo perímetros mientras los agentes se desplazan con armas semiautomáticas.
  • Anaheim: Un video grabado muestra a agentes de la policía local, ya sea observando o ayudando activamente durante redadas violentas en establecimientos cercanos , como talleres mecánicos y lavaderos de autos . Acoso
  • A Activistas : El acoso a individuos que se atreven a observar es quizás el aspecto más alarmante . En el condado de Orange , California, activistas están siendo seguidos por la Patrulla de Carreteras de California y arrestados por la policía local solo por grabar operaciones federales . La frontera entre “protección” y “aplicación política” se ha desdibujado cuando los agentes federales pueden llamar al 911 para que la policía local “interrumpa” o acose a un observador ciudadano a solo unas cuadras de su residencia .

Un silencio sepulcral.

¿Dónde están las personas que elegimos? Mientras estas actividades paramilitares continúan interrumpiendo nuestra vida diaria, nuestros supervisores del condado y el senador Tom Umberg, quien representa a Santa Ana y al norte del condado de Orange, permanecen mayormente en silencio. Su inacción da luz verde a una mayor escalada.

Debemos considerar cuándo nos ponemos de pie . Será demasiado tarde si esperamos a que ocurra una “ejecución pública” en nuestro propio patio trasero, ya sea de nuestro vecino, nuestro amigo o nuestro hijo. La transición de una sociedad libre a un estado policial no ocurre de repente ; ocurre como resultado de la estrecha cooperación de las fuerzas del orden locales y el silencio ensordecedor de nuestros líderes.

Antes de que la próxima víctima sea uno de nosotros, es hora de que las autoridades municipales, del condado y estatales …California debe poner fin a esta masacre.

by The Orange County Reporter

Editorial: La Ejecución de Minneapolis: Un Réquiem por La Democracia Estadounidense

Nota del editor: Este no es el primer caso de asesinato por parte de un agente de ICE desde que la administración Trump asumió el cargo, y probablemente no será el último a menos que algo cambie. Este problema nos afecta cada día más. El Condado de Orange es nuestra comunidad, y no podemos permitirnos permanecer en silencio mientras esté en riesgo. Por favor, manténganse alerta y alcen la voz. No podemos permitir que la división política destruya la seguridad de nuestro país y nuestra comunidad.

El agente de ICE Jonathan Ross, el asesino Renee Good

El miércoles 7 de enero de 2026, el experimento estadounidense pasó del estado de derecho al imperio de las armas. El asesinato de Renee Nicole Good, madre de tres hijos, asesinada a sangre fría por el agente del ICE Jonathan Ross, no fue un “trágico accidente” ni una “escalada necesaria”. Fue una ejecución. Capturadas con múltiples lentes de alta definición, las imágenes desmienten las mentiras del gobierno: no había una amenaza inminente, solo una mujer que intentaba sobrevivir a la persecución de un escuadrón de la muerte autorizado por el estado.

El Etiquetado de Una Víctima

Lo más escalofriante de este asesinato no es solo el momento en que se aprieta el gatillo, sino la tinta que se imprime. Al etiquetar inmediatamente a la Sra. Good como “terrorista doméstica”, la actual administración ha indicado su intención de usar la deshumanización como escudo para la violencia de Estado. Esta es una táctica autoritaria clásica: si se puede llamar “enemigo” a un ciudadano, se puede justificar cualquier atrocidad cometida contra él. Cuando el presidente utiliza al ICE como una fuerza policial secreta privada, y J.D. Vance aboga por la inmunidad total para estos agentes, en realidad están colocando a la “Gestapo” por encima de la Constitución.

El silencio del Capitolio

El Congreso se encuentra actualmente en una encrucijada de cobardía. Mientras los legisladores han visto las mismas imágenes que nosotros, los poderes fácticos guardan silencio. Esperan una “investigación adecuada” mientras las pruebas son evidentes. ¿Cuál es el umbral para actuar? ¿Acaso la guerra civil declarada por el poder ejecutivo contra el pueblo —tanto inmigrantes como ciudadanos— debe llegar a las puertas del Capitolio para que el poder legislativo recuerde su deber de control y equilibrio?

El Fracaso del Cuarto Poder

Mientras los reporteros independientes buscan la verdad, los grandes medios de comunicación siguen alimentando la ira del gobierno, minimizando un asesinato como un “incidente de seguridad”. Justifican el asesinato de una madre frente a su comunidad porque encaja en una narrativa de “ley y orden”. Pero no hay orden en un sistema donde un agente puede matar con impunidad, y no hay ley en un país donde la policía local es ignorada por agentes federales que no responden ante nadie.

Una Advertencia para El Ejecutor

Para Jonathan Ross: Puede que te sientas protegido por el clima político actual, pero la historia es un testimonio largo e implacable. Al optar por actuar como instrumento de una dictadura en auge, has sacrificado tu humanidad y has puesto en peligro la seguridad misma de tu propio legado. El karma no es una política; es la consecuencia inevitable de tus acciones.

La Ultima Línea

¿En qué momento una democracia se convierte en dictadura? Sucede cuando la gente deja de preguntarse “¿por qué?” y empieza a preguntarse “¿quién sigue?”. Si Renée Nicole Good puede ser asesinada en video sin arresto, entonces nadie, independientemente de su estatus, está a salvo. Se ha cruzado la línea. El video es la evidencia. El silencio es la complicidad.

La justicia para Renee Nicole Good no es sólo una cuestión de un agente; se trata de si todavía vivimos en una nación de leyes o en una nación de sombras.

by The Orange County Reporter

Editorial: The Minneapolis Execution: A Requiem for American Democracy

Editor’s Note: This is not the first instance of an assassination by an ICE agent since the Trump administration took office, and it likely won’t be the last unless something changes. This issue is hitting closer to home every day. Orange County is our community, and we cannot afford to stay silent while it is put at risk. Please, stay alert and speak up. We cannot allow political division to destroy the safety of our country and community.

ICE Agent Jonathan Ross the Murderer Renee Good

On Wednesday, January 7, 2026, the American experiment shifted from the rule of law to the rule of the gun. The killing of Renee Nicole Good—a mother of three shot in cold blood by ICE Agent Jonathan Ross—was not a “tragic accident” or a “necessary escalation.” It was an execution. Caught on multiple high-definition lenses, the footage strips away the administration’s lies: there was no imminent threat, only a woman trying to survive a pursuit by a state-sanctioned hit squad.

​The Labeling of a Victim

​The most chilling aspect of this murder is not just the pull of the trigger, but the ink of the pen. By immediately labeling Ms. Good a “Domestic Terrorist,” the current administration has signaled its intent to use dehumanization as a shield for state violence. This is a classic authoritarian tactic: if you can name a citizen an “enemy,” you can justify any atrocity committed against them. When the President uses ICE as a private secret police force, and JD Vance advocates for total immunity for these agents, they are effectively placing the “Gestapo” above the Constitution.

​The Silence of the Capitol

​Congress currently stands at a crossroads of cowardice. While lawmakers have viewed the same footage that we have, the halls of power remain silent. They wait for a “proper investigation” while the evidence sits in plain sight. What is the threshold for action? Does the civil war declared by the executive branch against the people—immigrant and citizen alike—need to reach the front steps of the Capitol before the legislative branch remembers its duty to check and balance?

​The Failure of the Fourth Estate

​While independent reporters seek the truth, the mainstream media continues to carry water for the administration, sanitizing a murder into a “security incident.” They justify the killing of a mother in front of her community because it fits a narrative of “law and order.” But there is no order in a system where an agent can kill with impunity, and there is no law in a country where the local police are bypassed by federal enforcers who answer to no one.

​A Warning to the Enforcer

​To Jonathan Ross: You may feel protected by the current political climate, but history is a long and unforgiving witness. By choosing to act as a tool of a burgeoning dictatorship, you have sacrificed your humanity and endangered the very safety of your own legacy. Karma is not a political policy; it is the inevitable consequence of one’s actions.

​The Final Line

​At what point does a democracy become a dictatorship? It happens when the people stop asking “why” and start asking “who is next?” If Renee Nicole Good can be murdered on video without an arrest, then no one—regardless of their status—is safe. The line has been crossed. The video is the evidence. The silence is the complicity.

​Justice for Renee Nicole Good is not just about one agent; it is about whether we still live in a nation of laws or a nation of shadows.

by The Orange County Reporter

Editorial: Starve the Machine: Why Communities Must Cut Off ICE’s Lifelines

Hands Up – Don’t Shoot!

Immigration and Customs Enforcement (ICE) continues to function in cities and towns throughout the United States with blatant contempt for constitutional principles, civil rights, and human dignity. The raids take place during the early hours of the morning. Parents disappear from school drop-offs. Workers are abducted from their workplaces—all without warrants, frequently without justification, and always with the unsettling effectiveness of an organization that believes it is accountable to no one.

However, the reality is that ICE operates on more than just power. It uses gas. Regarding coffee from the corner deli. The serene complicity of local business, parking places, and Wi-Fi are all available at rest stops. That is exactly where communities have the power and obligation to retaliate.

City Officials should be doing this as a Sanctuary City.

The concept is straightforward but has far-reaching consequences:  “If you don’t want ICE in your community, stop supporting it.”

Don’t sell gasoline to ICE vehicles that are marked or unlabeled. bar representatives for restaurants and restrooms. Tell local businesses: no contracts, no services, no silent support for a system that splits families apart and makes due process optional.

This isn’t vigilantism. It’s community self-defense.

Unlawful Actions by DHS and ICE!

Such conduct, according to critics, “impedes federal law enforcement.” However, an agency loses the presumption of legitimacy when it regularly disregards the Fourth Amendment by entering houses without a warrant and the Fifth Amendment by arresting individuals without charges or access to a lawyer. ICE functions in a gray area made possible by indifference rather than legislation. Local companies become accessories to constitutional breaches every time a gas station fills an ICE van with gasoline or a restaurant provides breakfast to officers on their way to a raid, albeit unknowingly.

Although they are a beginning, sanctuary city statements are frequently symbolic. A genuine sanctuary is about the business owner who says, “Not on my property,” not about municipal hall resolutions. It’s about the community that collectively draws a line, saying, “You may have a badge, but you don’t have our consent.”

ICE has become the Enemy of The State as they are Attacking US Senators!

Others will contend that refusing service is un-American. However, it is undeniably un-American to permit a federal agency to arm local infrastructure against vulnerable neighbors while simultaneously asserting impunity. The Constitution does not cease to exist when someone’s immigration status changes, and it most certainly does not cease to exist when someone wears a DHS patch.

Moral resistance has always relied on disrupting the machinery of injustice—**not just condemning it, but starving it**—through the thousands of daily acts of ordinary people withdrawing their cooperation. History shows that oppressive regimes fall as a result of this withdrawal of cooperation, not just through courts or Congress. This withdrawal of cooperation has taken many forms, including divestment campaigns against apartheid and boycotts during the Civil Rights Movement.

ICE is an Occupying Force to Oppress The People.

Therefore, to be clear, if ICE believes that it is above the Constitution, then communities are entitled to treat it as an occupying force, using complete non-cooperation rather than violence. No sustenance. No fuel. There are no restrooms. Not at all cozy. There isn’t a cover.

Make it logistically impossible for ICE to function in your city.

Sanctuary Cities, It’s time to start defending your residents,
YOUR COMMUNITY .

Make your city a genuine haven rather than just a “sanctuary” in name.

Because justice cannot be proclaimed. We are the ones who enforce it.

by The Orange County Reporter

Editorial: Santa Ana Needs to Stop Ignoring Bounty Hunter Terrorists Impersonating ICE.

Photo by: The OC Reporter / Santa Ana Police Department

It’s no longer a rumor; it’s a documented fact.

Men wearing fake badges and claiming to be federal officials are terrorizing homes, scaring youngsters, and destroying families in the streets of Santa Ana. They are not ICE officers. They are independent bounty hunters, or contractors, who have no legal authority, constitutional authority, or right to be on our streets. They nevertheless take advantage of our anxiety, bewilderment, and the silence of the people sworn to defend us while acting with impunity.

These are not “enforcers.” They are criminals. Impersonating a federal officer is a felony under both California and federal law. Trespassing is defined as entering a residence without permission or a warrant. Using deportation threats to get compliance or money from locals is coercion, and maybe kidnapping. Additionally, according to California Penal Code § 837, every person has the right—and the obligation—to conduct a citizen’s arrest when witnessing such offenses being committed.

Therefore, what is the reason for Santa Ana? The police are unwilling to take action? Not fear of ICE. The problem is not a lack of understanding regarding jurisdiction. It is negligence. It’s complicity by inaction.

Photo by: The OC Reporter/ ICE Impostors seen on 1st and Grand Ave.

Despite the fact that the City Council has correctly created the Ayuda Sin Fronteras fund, submitted FOIA requests, joined federal lawsuits, and received $50,000 in support from Sahuayo, Mexico, our police force is still doing nothing while these criminals are allowed to go free. They aren’t “overworked,” nor are they “confused.” They are making the decision to refrain from enforcing the law. This isn’t a disagreement on policy. This is not a discussion about immigration. This is about fundamental justice.

A mother is not living under a sanctuary city if a man in a black jacket knocks on her door claiming to be federal and she hides in her kitchen while the police do nothing when she calls 911. She’s under siege.

Mayor Amezcua and the City Council have spoken at length about dignity, fairness, and civil rights. They must now insist on action. The Santa Ana Police Department must:

  • Utilize current citizen’s arrest laws and state laws against impersonation to immediately train officers to recognize and apprehend bounty hunter imposters.
  • Publicly identify and denounce these individuals as criminals rather than “enforcement partners.”
  • Establish a quick response team to look into and record each reported event, and then make this information available to the general public.
  • In order to prosecute repeat offenders on federal charges, work with the FBI and DOJ.
  • Disseminate images, vehicle descriptions, and known methods through community alerts to inform families about who to be afraid of and who to apprehend.
Photo by: The OC Reporter/ ICE Impostors seen on Ross and Santa Ana Blvd.

The city’s moral leadership is worthless if its police force won’t defend its citizens from the criminals hiding behind the guise of the federal government.

The $100,000 increase to Ayuda Sin Fronteras is something we applaud. However, a child sleeping without anxiety cannot be replaced by any financial support. The trauma of a house invasion by a guy using a phony badge cannot be undone by any legal action.

The world has seen what bravery looks like, thanks to Santa Ana. It must now demonstrate what justice looks like via arrests, not via press releases.

The bounty hunters are not ICE, they are criminals. They break the law. Additionally, our cops should start treating them like one.

— The People of Santa Ana deserve more than sympathy. They deserve protection.

by The Orange County Reporter

Editorial: El intento de la Asociación de Oficiales de Policía de Santa Ana (SAPOA) de silenciar la rendición de cuentas debe ser rechazado

Departamento de Policía de Santa Ana, foto de The Orange County Reporter

En una inquietante escalada de esfuerzos para suprimir el escrutinio público, la Asociación de Oficiales de Policía de Santa Ana (SAPOA) habría emitido una carta de cese y desistimiento a Ben Camacho, periodista de investigación local, en un aparente intento de silenciar la información sobre dos incidentes profundamente preocupantes que involucraron a oficiales de policía de Santa Ana. Esta medida no solo constituye una afrenta a la libertad de prensa, sino un duro recordatorio de la resistencia sistémica a la rendición de cuentas que sigue plagando a las instituciones policiales en todo el país, especialmente en casos de pérdida de vidas y violación de derechos constitucionales.

En el centro de esta controversia se encuentra el asesinato a tiros de Noé Rodríguez a manos de los agentes de policía de Santa Ana Luis Casillas #3755 e Isaac Ibarra #3178, un incidente que sigue bajo investigación del Departamento de Justicia de California. A pesar de la gravedad de la situación —Rodríguez falleció, su familia se prepara para presentar una demanda por homicidio culposo y los agentes involucrados permanecen en servicio activo sin medidas disciplinarias públicas—, ha habido un silencio ensordecedor por parte de los líderes de la ciudad, incluida la alcaldesa Valerie Amezcua. Ese silencio, ahora acompañado de las amenazas legales de SAPOA contra un periodista, huele a complicidad y proteccionismo institucional.

El uso de una carta de cese y desistimiento para intimidar a un periodista que realiza su trabajo —investigar e informar al público sobre asuntos de profundo interés público— sienta un precedente peligroso. Transmite un mensaje alarmante: informar sobre la violencia policial puede conllevar represalias legales. Así no funciona la democracia. Una prensa libre no es enemiga de las fuerzas del orden; es un freno necesario al poder, especialmente cuando este resulta en muerte y trauma para las comunidades marginadas.

Sede de la Asociación de Oficiales de Policía de Santa Ana en Santa Ana.

El caso de Rodríguez por sí solo justifica la máxima transparencia. Un hombre ha muerto. Los agentes que le dispararon siguen en sus puestos. La comunidad debe responder sobre las circunstancias del tiroteo, el uso de la fuerza, el proceso de revisión interna y por qué no se han tomado medidas administrativas. En cambio, el público se enfrenta al silencio de los funcionarios municipales y a amenazas legales del sindicato policial. Esto no es rendición de cuentas. Es obstrucción.

Y el comportamiento preocupante no termina ahí.

Otro agente de Santa Ana, Nickolas Cavendish #3664, está bajo escrutinio por otro incidente ocurrido en diciembre de 2023, durante una parada de tráfico en la que participaron dos civiles desarmados. Las declaraciones transcritas de las grabaciones de la cámara corporal revelan una terrible agresión verbal en la que el agente Cavendish supuestamente amenazó con “reventarles la cabeza”, colocar su cámara corporal en su coche, inventar una amenaza alegando que el conductor le había agarrado el cinturón y luego asesinarlo.

Estas no son las palabras de un agente de paz profesional. Son las palabras de alguien que se cree por encima de la ley. Tales amenazas, de comprobarse, constituyen no solo una falta grave, sino también una posible intimidación criminal. Sin embargo, el agente Cavendish sigue en servicio. Ni el Departamento de Policía de Santa Ana ni el Ayuntamiento han hecho ninguna declaración pública sobre medidas disciplinarias. No hay transparencia. No hay rendición de cuentas.

Departamento de Policía de Santa Ana

La decisión de SAPOA de enviar una carta de cese y desistimiento a Ben Camacho, en lugar de abordar el fondo de estas acusaciones, revela sus verdaderas prioridades: proteger a los agentes del escrutinio, no al público. Los sindicatos tienen un papel en la defensa de los derechos de los trabajadores, pero no deben convertirse en escudos para la mala conducta ni en herramientas para intimidar a los organismos de control.

Los habitsntes de Santa Ana merecen algo mejor.

Merecen un departamento de policía que preste servicio con integridad, transparencia y respeto por los derechos constitucionales. Merecen líderes municipales, especialmente el alcalde Amezcua, que alcen la voz cuando se pierden vidas a manos de quienes juraron protegerlos. Y merecen un entorno mediático donde los periodistas puedan informar sobre las acciones del gobierno sin temor a represalias legales por parte de poderosos sindicatos policiales.

Ben Camacho no debe ceder. El público no debe mirar hacia otro lado.

La investigación del Departamento de Justicia de California sobre el asesinato de Noe Rodríguez debe continuar sin interferencias. La ciudad debe iniciar una investigación independiente tanto del tiroteo como de las amenazas del agente Cavendish. Y SAPOA debe comprender que, en una sociedad democrática, decir la verdad no es difamación, sino un deber.

Los intentos de silenciar a los periodistas, encubrir faltas de conducta y proteger a los agentes de la rendición de cuentas solo profundizan la crisis de confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que sirven. Santa Ana se encuentra en una encrucijada. ¿Optará por la transparencia y la justicia, o por el silencio y la autopreservación?

La respuesta definirá no sólo el futuro de su departamento de policía, sino el alma de la ciudad misma.

by The Orange County Reporter

Editorial: The Santa Ana Police Officers Association’s (SAPOA), Attempt to Silence Accountability Must Be Rejected

Santa Ana Police Department, Photo by The Orange County Reporter

In a disturbing escalation of efforts to suppress public scrutiny, the Santa Ana Police Officers Association (SAPOA) has reportedly issued a cease and desist letter to Ben Camacho, a local investigative journalist, in an apparent attempt to silence reporting on two deeply troubling incidents involving Santa Ana police officers. This move is not only an affront to press freedom but a stark reminder of the systemic resistance to accountability that continues to plague law enforcement institutions across the country—especially in cases where lives have been lost and constitutional rights violated.

At the heart of this controversy is the fatal shooting of Noe Rodriguez by Santa Ana Police Officers Luis Casillas #3755 and Isaac Ibarra #3178 —an incident that remains under investigation by the California Department of Justice. Despite the gravity of the situation—Rodriguez is dead, his family is preparing to file a wrongful death lawsuit, and the officers involved remain on active duty with no public disciplinary action—there has been a deafening silence from city leadership, including Mayor Valerie Amezcua. That silence, now accompanied by SAPOA’s legal threats against a journalist, reeks of complicity and institutional protectionism.

The use of a cease and desist letter to intimidate a reporter doing his job—investigating and informing the public about matters of profound public interest—is a dangerous precedent. It sends a chilling message: that reporting about police violence may come with legal retaliation. This is not how democracy functions. A free press is not the enemy of law enforcement; it is a necessary check on power, especially when that power results in death and trauma for marginalized communities.

Santa Ana Police Officers Association headquarters in Santa Ana.

The Rodriguez case alone warrants the highest level of transparency. A man is dead. The officers who shot him remain on the job. The community is owed answers—about the circumstances of the shooting, the use of force, the internal review process, and why no administrative action has been taken. Instead, the public is met with silence from city officials and legal threats from the police union. This is not accountability. This is obstruction.

And the troubling behavior does not end there.

Another Santa Ana officer, Nickolas Cavendish #3664, is under scrutiny for a separate incident in December 2023, during a traffic stop involving two unarmed civilians. Transcribed statements from the body camera footage reveal a harrowing verbal assault in which Officer Cavendish allegedly threatened to “bash your fucking brains in,” plant his body cam in his car, fabricate a threat by claiming the driver reached for his waistband, and then murder him.

These are not the words of a professional peace officer. They are the words of someone who believes they are above the law. Such threats, if proven, constitute not only gross misconduct but potential criminal intimidation. Yet, Officer Cavendish remains on duty. There has been no public statement from the Santa Ana Police Department or the City Council about disciplinary measures. No transparency. No accountability.

Santa Ana Police Department

SAPOA’s decision to target Ben Camacho with a cease and desist letter—rather than addressing the substance of these allegations—reveals its true priorities: protecting officers from scrutiny, not protecting the public. Unions have a role in defending workers’ rights, but they must not become shields for misconduct or tools to intimidate watchdogs.

The people of Santa Ana deserve better.

They deserve a police department that serves with integrity, transparency, and respect for constitutional rights. They deserve city leaders—especially Mayor Amezcua—who speak up when lives are lost at the hands of those sworn to protect them. And they deserve a media environment where journalists can report on government actions without fear of legal retribution from powerful police unions.

They deserve a police department that serves with integrity, transparency, and respect for constitutional rights. They deserve city leaders—especially Mayor Amezcua—who speak up when lives are lost at the hands of those sworn to protect them. And they deserve a media environment where journalists can report on government actions without fear of legal retribution from powerful police unions.

Ben Camacho should not back down. The public must not look away.

The California DOJ investigation into Noe Rodriguez’s killing must be allowed to proceed without interference. The city must launch an independent review of both the shooting and the threats made by Officer Cavendish. And SAPOA must understand that in a democratic society, truth-telling is not defamation—it is duty.

Attempts to silence reporters, cover up misconduct, and protect officers from accountability only deepen the crisis of trust between law enforcement and the communities they serve. Santa Ana stands at a crossroads. Will it choose transparency and justice—or silence and self-preservation?

The answer will define not just the future of its police department, but the soul of the city itself.

by The Orange County Reporter

Editorial: Orange County Law Enforcement Must Verify the Identities of Alleged Federal Agents

SAPD
Photo By: The Orange County Reporter / SAPD – A Local Law Enforcement Agency in Orange County who has assisted in arrests with the Alleged Federal Law Enforcement ICE

Disturbing accounts and video evidence have surfaced in recent months indicating that purported federal officials have been carrying out arrests and detentions in Orange County—and even Los Angeles County—without any obvious identification, credentials, or verifiable authority. These occurrences, which frequently involve unmarked cars, plainclothes persons, and ambiguous assertions of federal affiliation, give cause for significant worry about public safety, civil rights, and the rule of law.

Before assisting or cooperating with anyone who claims to be a federal agent in any arrest or detention, it’s time for Orange County’s local law enforcement agencies to take quick action by confirming the identities and qualifications of those people. Not doing so not only endangers the populace but might also implicate local police in unlawful activities, such as kidnapping, which is a crime under California Penal Code.

Source: Facebook/ Union Del Barrio. LAPD Caught protecting Alleged Federal Agents Kidnapping an individual in Downtown L.A. that have not been verified if they are Actually Law Enforcement Agents.

 The Issue

Unidentified people are now seen in several videos circulating online, occasionally accompanied by local police, detaining or arresting people without clearly identifying their agency, showing badges, or outlining the legal justification for the arrest. The fact that these people sometimes seem to act without transparency or accountability raises the alarming possibility that they are not actual federal agents but rather bounty hunters, private security officers, or, worse, imposters taking advantage of the public’s confidence in law enforcement.

In Santa Ana, for example, local police were seen aiding in an arrest made by suspected federal agents whose identities have not been established. In Los Angeles County, a startling video showed LAPD officers standing by and defending alleged Federal Agents who forcefully abducted someone from the street. This action may be considered kidnapping under California law if carried out without legal authorization.

What the law says

Kidnapping is defined in California law, particularly in Penal Code § 207, as transporting someone against their will, by force or fear, and without any legal cause. Unless “federal agents” are acting within the confines of legal authority, the law makes no provision for them. A person may be unlawfully deprived of their freedom if they are detained or arrested by someone who claims to have federal status but has no verified credentials, and anybody who helps in such an arrest may face criminal charges.

In particular, local police officers who have been certified by the California Commission on Peace Officer Standards and Training (POST) are trained to protect constitutional rights and enforce state laws. This includes making sure that every arrest is legal and made by someone with the authority to do so. Officers violate both their training and their sworn duty when they fail to confirm the validity of those making arrests, particularly when federal affiliation is asserted.

 Where Are Our Local Leaders?

The silence of district attorneys, city council members, and Orange County supervisors is deafening. These authorities are in charge of supervising law enforcement procedures and guaranteeing the safety of citizens’ civil rights. However, local agencies have not been given any explicit instruction from the government requiring them to confirm the identities of federal officers.

We ask that the heads of the county and the city come out and give unambiguous directives to every law enforcement agency in the area:

1. Verify Credentials: Before aiding in an arrest or detention, an officer must ascertain the identity, agency connection, and official status of anybody claiming to be a federal agent.

2. Demand Transparency: Officers must demand that any federal officer involved in an arrest produce legitimate identification, justify the basis for the arrest, and produce evidence of authority.

3. Report Suspicious Activity: Any suspected impersonation of a federal agent should be reported right away to the appropriate oversight organizations, such as the California Attorney General’s Office and the FBI.

4. Educate officers accordingly: Local departments must revise procedures and train officers on how to deal with encounters with unidentified federal officers, stressing the significance of adhering to state law and protecting citizens from illegal imprisonment.

Demanding Accountability

It establishes a hazardous precedent for local law enforcement to continue to stand by while unverified agents take people into custody. We cannot let our streets turn into a Wild West where anybody may assert federal power and pull people away with impunity.

This is not about defying federal law enforcement; it’s about making sure that those who assert such authority are real, responsible, and abiding by the law. Residents deserve more than misunderstanding, terror, and the risk of being held unlawfully. They deserve transparency, due process, and the assurance that their local police are protecting them — not enabling would-be criminals who are hiding behind badges they don’t possess.

Orange County needs to set an example for the rest of the state. Law enforcement should no longer aid in arrests made by unverified individuals. And our elected officials must take action right away to safeguard the rights and security of every resident.

Enough is enough.

by The Orange County Reporter

Editorial: Justice or Injustice? The Santa Ana Police Brutality Incident Raises Serious Concerns

Santa Ana Police Department Agents
Photo by: The Orange County Reporter, Santa Ana Police Department in Controversy for Police Brutality Once Again.

In a scene that has now gone viral, the streets of Santa Ana turned into a battleground between law enforcement and concerned citizens — and the troubling footage raises serious questions about police conduct, accountability, and the misuse of power.

What began as an encounter with a visibly intoxicated man quickly escalated into chaos when Santa Ana police agents were captured on video using excessive force against the individual. The footage shows one agent pushing a woman to the ground and the same police agent is seeing again repeatedly striking the male victim with a baton. Witnesses, including several bystanders who attempted to de-escalate the situation or defend the vulnerable, were met with arrests rather than appreciation.

Video by: Bystander. Shows Santa Ana Police Department Agents Clearly Misuse Of Power Assaulting a Man on the Ground and Bystanders being assaulted trying to prevent the Assault on the Man.

The most disturbing aspect of this case is the reversal of roles being played by authorities. Instead of investigating potential misconduct by their own agents, the Santa Ana Police Department appears to be doubling down, backing claims that the officers were “assaulted” by civilians. And shockingly, District Attorney Spitzer has charged those who tried to intervene — the so-called “good Samaritans” — with crimes, while the agents involved remain on active duty without public disciplinary action.

This sends a dangerous message: that protecting the public from police abuse may itself be criminalized. Where is the justice for the man beaten on the pavement? Where is the protection for the woman shoved to the ground? And where is the outrage over the apparent shielding of law enforcement at the expense of truth and fairness?

Communities deserve to feel safe — not just from crime, but from the very people sworn to protect them. When police brutality occurs and the response is to silence witnesses and criminalize concern, it erodes trust in every level of the justice system.

We call on local officials, civil rights organizations, and the community at large to demand a full and transparent investigation into this incident. The agents involved must be held accountable if the evidence supports it, and the charges against the bystanders should be dropped unless there is clear proof of wrongdoing beyond intervening in what appeared to be a violent and unprovoked attack.

This is not about choosing sides — it’s about upholding justice. If we allow police violence to be justified under the guise of authority, then no one is safe. It’s time for real reform, real oversight, and real consequences.

Enough is enough. The badge should never be a shield for brutality.