Tag / Impersonating

by The Orange County Reporter

Editorial: Santa Ana debe dejar de ignorar a los terroristas cazarrecompensas que se hacen pasar por agentes de ICE.

Foto: The OC Reporter / Departamento de Policía de Santa Ana

A estas alturas ya no es un rumor; es un hecho documentado.

Hombres con placas falsas que se hacen pasar por funcionarios federales están aterrorizando hogares, asustando a jóvenes y destrozando familias en las calles de Santa Ana. No son agentes de ICE. Son cazarrecompensas independientes o contratistas que carecen de autoridad legal, constitucional y de derecho a estar en nuestras calles. Sin embargo, se aprovechan de nuestra ansiedad, desconcierto y del silencio de quienes juraron defendernos, actuando con total impunidad.

Estas personas no son agentes del orden. Son delincuentes. Suplantar la identidad de un agente federal es un delito grave tanto en California como a nivel federal. La entrada ilegal en propiedad ajena se define como el ingreso a una residencia sin permiso ni orden judicial. Utilizar amenazas de deportación para obtener favores o dinero de los residentes locales constituye coacción, y posiblemente secuestro. Además, según el artículo 837 del Código Penal de California, toda persona tiene el derecho —y la obligación— de realizar un arresto ciudadano al presenciar la comisión de tales delitos.

Entonces, ¿cuál es la razón de Santa Ana? ¿La policía se niega a actuar? No es por miedo al ICE. El problema no radica en la falta de conocimiento de la jurisdicción, sino en la negligencia. Es complicidad por inacción.

Foto de: The OC Reporter/ Impostores de ICE vistos en la 1.ª y Grand Ave.

A pesar de que el Ayuntamiento creó correctamente el fondo Ayuda Sin Fronteras, presentó solicitudes de acceso a la información pública, se sumó a demandas federales y recibió 50.000 dólares de apoyo de Sahuayo, México, nuestra policía sigue sin hacer nada mientras estos delincuentes andan sueltos. No están sobrecargados de trabajo ni confundidos. Simplemente deciden no aplicar la ley. Esto no es una discrepancia política. No es un debate sobre inmigración. Se trata de justicia fundamental.

Una madre no vive en una ciudad santuario si un hombre con una chaqueta negra llama a su puerta diciendo ser agente federal y ella se esconde en su cocina mientras la policía no hace nada cuando llama al 911. Está bajo asedio.

El alcalde Amezcua y el Ayuntamiento se han expresado extensamente sobre dignidad, justicia y derechos civiles. Ahora deben exigir que se tomen medidas. El Departamento de Policía de Santa Ana debe:

  • Utilice las leyes vigentes sobre arresto ciudadano y las leyes estatales contra la suplantación de identidad para capacitar de inmediato a los agentes en el reconocimiento y la detención de impostores que se hacen pasar por cazarrecompensas.
  • Identificar y denunciar públicamente a estos individuos como delincuentes, en lugar de como “socios en la aplicación de la ley”.
  • Establecer un equipo de respuesta rápida para investigar y registrar cada incidente reportado, y luego poner esta información a disposición del público en general.
  • Para procesar a los delincuentes reincidentes por cargos federales, trabaje con el FBI y el Departamento de Justicia.
  • Difundir imágenes, descripciones de vehículos y métodos conocidos a través de alertas comunitarias para informar a las familias sobre a quién temer y a quién detener.
Foto de: The OC Reporter/ Impostores de ICE vistos en Ross y Santa Ana Blvd.

El liderazgo moral de la ciudad no vale nada si su fuerza policial no defiende a sus ciudadanos de los criminales que se esconden tras la fachada del gobierno federal.

El aumento de $100,000 a Ayuda Sin Fronteras es algo que aplaudimos. Sin embargo, la tranquilidad de un niño que duerme sin ansiedad no se puede reemplazar con ninguna ayuda económica. El trauma de una intrusión domiciliaria por parte de un individuo con una placa falsa no se puede reparar con ninguna acción legal.

Gracias a Santa Ana, el mundo ha visto lo que es la valentía. Ahora debe demostrar lo que es la justicia mediante arrestos, no mediante comunicados de prensa.

Los cazarrecompensas no son agentes de inmigración, son delincuentes. Violan la ley. Además, nuestra policía debería empezar a tratarlos como tales.

— Los habitantes de Santa Ana merecen más que compasión. Merecen protección.

by The Orange County Reporter

Editorial: Santa Ana Needs to Stop Ignoring Bounty Hunter Terrorists Impersonating ICE.

Photo by: The OC Reporter / Santa Ana Police Department

It’s no longer a rumor; it’s a documented fact.

Men wearing fake badges and claiming to be federal officials are terrorizing homes, scaring youngsters, and destroying families in the streets of Santa Ana. They are not ICE officers. They are independent bounty hunters, or contractors, who have no legal authority, constitutional authority, or right to be on our streets. They nevertheless take advantage of our anxiety, bewilderment, and the silence of the people sworn to defend us while acting with impunity.

These are not “enforcers.” They are criminals. Impersonating a federal officer is a felony under both California and federal law. Trespassing is defined as entering a residence without permission or a warrant. Using deportation threats to get compliance or money from locals is coercion, and maybe kidnapping. Additionally, according to California Penal Code § 837, every person has the right—and the obligation—to conduct a citizen’s arrest when witnessing such offenses being committed.

Therefore, what is the reason for Santa Ana? The police are unwilling to take action? Not fear of ICE. The problem is not a lack of understanding regarding jurisdiction. It is negligence. It’s complicity by inaction.

Photo by: The OC Reporter/ ICE Impostors seen on 1st and Grand Ave.

Despite the fact that the City Council has correctly created the Ayuda Sin Fronteras fund, submitted FOIA requests, joined federal lawsuits, and received $50,000 in support from Sahuayo, Mexico, our police force is still doing nothing while these criminals are allowed to go free. They aren’t “overworked,” nor are they “confused.” They are making the decision to refrain from enforcing the law. This isn’t a disagreement on policy. This is not a discussion about immigration. This is about fundamental justice.

A mother is not living under a sanctuary city if a man in a black jacket knocks on her door claiming to be federal and she hides in her kitchen while the police do nothing when she calls 911. She’s under siege.

Mayor Amezcua and the City Council have spoken at length about dignity, fairness, and civil rights. They must now insist on action. The Santa Ana Police Department must:

  • Utilize current citizen’s arrest laws and state laws against impersonation to immediately train officers to recognize and apprehend bounty hunter imposters.
  • Publicly identify and denounce these individuals as criminals rather than “enforcement partners.”
  • Establish a quick response team to look into and record each reported event, and then make this information available to the general public.
  • In order to prosecute repeat offenders on federal charges, work with the FBI and DOJ.
  • Disseminate images, vehicle descriptions, and known methods through community alerts to inform families about who to be afraid of and who to apprehend.
Photo by: The OC Reporter/ ICE Impostors seen on Ross and Santa Ana Blvd.

The city’s moral leadership is worthless if its police force won’t defend its citizens from the criminals hiding behind the guise of the federal government.

The $100,000 increase to Ayuda Sin Fronteras is something we applaud. However, a child sleeping without anxiety cannot be replaced by any financial support. The trauma of a house invasion by a guy using a phony badge cannot be undone by any legal action.

The world has seen what bravery looks like, thanks to Santa Ana. It must now demonstrate what justice looks like via arrests, not via press releases.

The bounty hunters are not ICE, they are criminals. They break the law. Additionally, our cops should start treating them like one.

— The People of Santa Ana deserve more than sympathy. They deserve protection.

by The Orange County Reporter

Editorial: Crisis de liderazgo de la alcaldesa de Santa Ana, Valerie Amezcua, y complicidad del Departamento de Policía de Santa Ana y los imitadores de ICE (cazadores de recompensas).

Departamento de Policía de Santa Ana

Las calles de Santa Ana se han convertido en un campo de batalla por los derechos humanos fundamentales, donde los residentes viven con miedo, no de los delincuentes, sino de los cazarrecompensas armados que operan con alarmante impunidad. El silencio de la alcaldesa Valerie Amezcua y la complicidad del Departamento de Policía de Santa Ana (SAPD) al permitir estos secuestros violentos no solo es preocupante, sino también inaceptable.

El martes 1 de julio de 2025, surgieron múltiples informes de secuestros descarados llevados a cabo por cazarrecompensas en Main St., Warner Ave. y Edinger Ave. Los testigos describieron escenas que serían más propias de una zona de guerra que de una ciudad de EE. UU.: individuos armados agarrando a la gente en la calle, apuntando rifles de asalto, incluidas armas tipo AK-47, a civiles aterrorizados y desapareciendo con sus víctimas mientras las fuerzas del orden se quedaban de brazos cruzados sin hacer nada.

Reflexionen sobre esto: la policía no respondió. A plena luz del día, frente a agentes del Departamento de Policía de San Diego (SAPD), cazarrecompensas —agentes privados sin autoridad legal— cometieron secuestros e intimidación. Esto no es justicia. Esto no es seguridad. Es una abdicación del deber por parte de quienes juraron proteger al público.

La alcaldesa Valerie Amezcua no ha hecho declaraciones públicas, ni ha dado conferencias de prensa, ni ha reconocido la creciente crisis. ¿Dónde está su voz? ¿Dónde está su liderazgo? Si la alcaldesa no puede, o no quiere, defender la seguridad y la dignidad de los residentes de Santa Ana, no tiene derecho a dirigir esta ciudad.

Los cazarrecompensas no son agentes del orden. No operan bajo los mismos estándares de supervisión, entrenamiento ni rendición de cuentas. Sin embargo, aquí en Santa Ana, actúan como si llevaran placas: amenazan, detienen e incluso secuestran a personas sin consecuencias. Y el Departamento de Policía de Santa Ana (SAPD), en lugar de intervenir para detener estos delitos, parece estar protegiéndolos.

Esto plantea serias preguntas: ¿Qué tipo de relación existe entre el SAPD y estos cazarrecompensas? ¿Estamos presenciando una colusión? ¿Existe un acuerdo informal que permite a actores corruptos imponer su propia justicia mientras se ignora la verdadera?

Los residentes de Santa Ana merecen algo mejor. Merecen un alcalde que los proteja, no que los ponga en riesgo. Merecen un departamento de policía que sirva y proteja, no que permita la violencia y las desapariciones.

Si la alcaldesa Amezcua sigue guardando silencio mientras los cazarrecompensas aterrorizan nuestros barrios, entonces sí, debería ser destituida. Su inacción no es neutral; es peligrosa. Envía el mensaje de que algunas vidas no importan, que la violencia es tolerable y que la rendición de cuentas es opcional.

Y al SAPD: su juramento fue proteger al pueblo. Al cruzarse de brazos y permitir que hombres armados secuestraran ciudadanos en la calle, rompieron ese juramento.

Exigimos al alcalde Amezcua que se dirija de inmediato al público, emita una postura clara contra estos secuestros ilegales y exija transparencia al Departamento de Policía de Santa Ana (SAPD). Exigimos una investigación independiente sobre los sucesos del 1 de julio y el patrón general de actividad de cazarrecompensas en nuestra ciudad.

Ya basta. Los residentes de Santa Ana no deberían vivir con el temor de ser secuestrados por desconocidos armados mientras nuestros líderes hacen la vista gorda. Si no exigimos responsabilidades a nuestros funcionarios ahora, corremos el riesgo de perder la poca confianza que queda en nuestras instituciones y de poner vidas en mayor riesgo.

Es hora de actuar. Es hora de hacer justicia. Es hora de proteger a Santa Ana.

by The Orange County Reporter

Editorial: A Crisis of Leadership of Santa Ana Mayor Valerie Amezcua and Complicity of The Santa Ana Police Department and The ICE Impersonators (Bounty Hunters).

Santa Ana Police Department

The streets of Santa Ana have become a battleground for basic human rights, where residents live in fear—not from criminals, but from armed bounty hunters operating with alarming impunity. The silence from Mayor Valerie Amezcua and the complicity of the Santa Ana Police Department (SAPD) in allowing these violent kidnappings to occur is not just troubling—it is unacceptable.

On Tuesday, July 1st, 2025, multiple reports emerged of brazen kidnappings carried out by bounty hunters on Main St., Warner Ave., and Edinger Ave. Witnesses described scenes that would be more fitting for a war zone than a U.S. city: armed individuals grabbing people off the street, pointing assault rifles—including AK-47-style weapons—at terrified civilians, and disappearing with their victims while law enforcement stood by and did nothing.

Let that sink in: the police did not respond. In broad daylight, in front of SAPD officers, bounty hunters—private actors with no legal authority—committed acts of kidnapping and intimidation. This is not justice. This is not safety. This is an abdication of duty by those sworn to protect the public.

Mayor Valerie Amezcua has offered no public statement, no press conference, no acknowledgment of this escalating crisis. Where is her voice? Where is her leadership? If the mayor cannot—or will not—stand up for the safety and dignity of Santa Ana’s residents, she has no business leading this city.

Bounty hunters are not law enforcement. They do not operate under the same oversight, training, or accountability standards. Yet here in Santa Ana, they act as if they wear badges—threatening, detaining, and even kidnapping individuals without consequence. And the SAPD, rather than intervening to stop these crimes, appears to be shielding them.

This raises serious questions: What kind of relationship exists between the SAPD and these bounty hunters? Are we witnessing collusion? Is there an informal agreement allowing rogue actors to enforce their own brand of “justice” while real justice is ignored?

Santa Ana residents deserve better. They deserve a mayor who protects them, not puts them at risk. They deserve a police department that serves and protects—not enables violence and disappearances.

If Mayor Amezcua continues to remain silent while bounty hunters terrorize our neighborhoods, then yes—she should be recalled. Her inaction is not neutral; it is dangerous. It sends a message that some lives don’t matter, that violence is tolerable, and that accountability is optional.

And to the SAPD: your oath was to protect the people. When you stood by and allowed armed men to kidnap citizens in the street, you broke that oath.

We call on Mayor Amezcua to immediately address the public, issue a clear stance against these unlawful kidnappings, and demand transparency from the SAPD. We call for an independent investigation into the events of July 1st and the broader pattern of bounty hunters activity in our city.

Enough is enough. Santa Ana residents should not live in fear of being kidnapped by armed strangers while our leaders look the other way. If we do not hold our officials accountable now, we risk losing what little trust remains in our institutions—and putting lives at even greater risk.

It’s time for action. It’s time for justice. It’s time to protect Santa Ana.

by The Orange County Reporter

Editorial: A Call for Accountability — Why Hasn’t Mayor Valerie Amezcua Taken Action Against Unverified “Federal Agents” Operating in Santa Ana?

Santa Ana Police Department
Failing to Protect The Residents of Santa Ana.

The people of Santa Ana deserve transparency, protection, and due process under the law. Yet, disturbing reports continue to surface regarding unidentified individuals—often masked and claiming to be federal agents—who are allegedly involved in unlawful detentions and even kidnappings in public view. These actions, reportedly occurring in the presence of Santa Ana Police Department (SAPD) officers who fail to intervene or verify the identities of these individuals, raise urgent questions about both legal responsibility and public safety.

Under California’s Penal Code 832, peace officers are required to act with due diligence in the performance of their duties. When SAPD officers witness what appears to be illegal acts—including kidnapping—and do not intervene or attempt to identify those responsible, they may indeed be complicit under the law. By failing to verify credentials, request identification, or at least investigate such incidents, SAPD officers risk becoming accessories to crimes committed in their presence.

Furthermore, every sworn law enforcement officer has taken an oath to uphold the U.S. Constitution and protect citizens from unlawful government intrusion. When officers stand by as individuals—whether legitimate federal agents or not—engage in warrantless detentions or abductions, they are violating the very principles they swore to defend.

Mayor Valerie Amezcua, as the head of the city’s executive branch and a representative of the people, must address this alarming situation immediately. The City Council and local oversight bodies also have a duty to ensure that SAPD is fulfilling its mandate to serve and protect all residents of Santa Ana—not turning a blind eye to potential criminal activity, no matter the alleged affiliation of the perpetrators.

We call on Mayor Amezcua and SAPD leadership to:

  1. Issue clear directives for officers to verify the identity and agency affiliation of any individual claiming to be a federal agent before allowing them to conduct operations within the city.
  2. Investigate all reported incidents involving unverified individuals engaging in detentions or arrests.
  3. Provide transparency to the public regarding any coordination or communication with federal agencies operating locally.
  4. Hold accountable any officers who fail to perform their sworn duty to protect citizens from unlawful harm or coercion.

The Constitution does not permit selective enforcement of the law. If our local law enforcement will not uphold it—especially when others abuse their perceived authority—they become part of the problem rather than the solution.

Santa Ana deserves better. Our community deserves safety, clarity, and justice—not silence or complicity.

by The Orange County Reporter

Editorial: When Security Guards Play Cop — The Dangerous Consequences and Who’s Responsible

Unidentified Security making an arrest of an individual for Allegedly Being Undocumented.

A disturbing video has surfaced showing a California security guard acting like a law enforcement officer, detaining an undocumented man outside a Home Depot and claiming he would call immigration authorities. In the footage, the man is held against his will while the so-called “guard” makes false claims of authority, threatening deportation and treating the individual like a criminal suspect — despite having no legal right to make such an arrest.

This isn’t just a case of overstepping — it’s a potential crime.

A Crime in Plain Sight

Under California law, kidnapping is defined as moving a person a substantial distance without their consent, through force or fear (Penal Code § 207). Even if the guard believed he was acting within his rights, intent doesn’t erase the act — and detaining someone without legal authority can constitute kidnapping.

Additionally, impersonating a peace officer is a misdemeanor punishable by up to one year in county jail and a fine of up to $10,000 (Penal Code § 538d). If this individual falsely claimed authority, flashed a badge, or otherwise led the detainee to believe he was a legitimate law enforcement officer, he may have committed multiple crimes.

And yet, no charges have been filed. The Bureau of Security and Investigative Services (BSIS), which regulates private security guards in California, has reportedly not been notified. No public statement has come from either the security company involved or from Home Depot, which employs the firm under contract.

Security Guard overstepping his Authority and Kidnapping this individual for Allegedly being undocumented.

Who Is Liable?

The question now becomes: Who is responsible for this abuse?

1. The Security Guard

At the very least, the individual guard should be investigated for:

  • Kidnapping
  • False imprisonment
  • Impersonation of an officer
  • Unauthorized arrest

If proven guilty, the consequences should include immediate revocation of his guard card by BSIS, criminal prosecution, and possible civil liability.

2. The Security Company

Security firms are legally responsible for the actions of their employees when those actions occur during the scope of employment. If this guard was on duty at a location contracted by the company (such as the Home Depot in question), then the company could be liable for:

  • Negligent hiring or training
  • Failure to supervise
  • Allowing unlawful conduct by its agents

Companies must ensure that their employees understand the limits of their authority — especially when it comes to detaining individuals suspected of immigration violations. Private security personnel do not have the power to arrest someone solely for being undocumented.

3. Home Depot

While not a law enforcement agency itself, Home Depot contracts with private security firms to provide services. While they may not be directly liable unless they encouraged or authorized illegal behavior, they still have a moral obligation to distance themselves from misconduct and demand accountability from their contractors.

They also have a responsibility to the public to ensure that the people patrolling their premises are trained, licensed, and operating within the law.

Home Depot Security Enforcement “Officer”

Where Is BSIS?

The fact that BSIS has not been alerted is deeply troubling. As the state agency charged with overseeing private security operations, BSIS must act swiftly when allegations of misconduct arise. That includes investigating incidents like this, suspending or revoking licenses where appropriate, and referring cases to local prosecutors when criminal activity is evident.

If BSIS fails to act, it sends a message that impersonating officers and illegally detaining people won’t carry consequences — a dangerous precedent in a state that prides itself on protecting civil liberties.

A Call for Justice

We cannot allow private security guards to play sheriff, especially when doing so puts vulnerable communities at risk. This incident is not isolated — similar stories have emerged across the country, often targeting immigrants who may not know their rights or fear retaliation if they speak out.

Local law enforcement agencies must also take note: if you witness a citizen being detained by someone claiming to be a federal agent or law enforcement officer, your duty is to verify identity and authority before allowing or assisting in any arrest. Failure to do so may make you complicit in a felony.

Conclusion

This incident demands action:

  • Prosecute the individual guard for potential crimes.
  • Hold the security company accountable for oversight failures.
  • Demand transparency from Home Depot.
  • Alert and involve BSIS immediately.

No one should live in fear of being detained or deported by someone wearing a badge they don’t deserve.

Enough is enough. It’s time for justice — not vigilante justice disguised as security.

by The Orange County Reporter

Editorial: Orange County Law Enforcement Must Verify the Identities of Alleged Federal Agents

SAPD
Photo By: The Orange County Reporter / SAPD – A Local Law Enforcement Agency in Orange County who has assisted in arrests with the Alleged Federal Law Enforcement ICE

Disturbing accounts and video evidence have surfaced in recent months indicating that purported federal officials have been carrying out arrests and detentions in Orange County—and even Los Angeles County—without any obvious identification, credentials, or verifiable authority. These occurrences, which frequently involve unmarked cars, plainclothes persons, and ambiguous assertions of federal affiliation, give cause for significant worry about public safety, civil rights, and the rule of law.

Before assisting or cooperating with anyone who claims to be a federal agent in any arrest or detention, it’s time for Orange County’s local law enforcement agencies to take quick action by confirming the identities and qualifications of those people. Not doing so not only endangers the populace but might also implicate local police in unlawful activities, such as kidnapping, which is a crime under California Penal Code.

Source: Facebook/ Union Del Barrio. LAPD Caught protecting Alleged Federal Agents Kidnapping an individual in Downtown L.A. that have not been verified if they are Actually Law Enforcement Agents.

 The Issue

Unidentified people are now seen in several videos circulating online, occasionally accompanied by local police, detaining or arresting people without clearly identifying their agency, showing badges, or outlining the legal justification for the arrest. The fact that these people sometimes seem to act without transparency or accountability raises the alarming possibility that they are not actual federal agents but rather bounty hunters, private security officers, or, worse, imposters taking advantage of the public’s confidence in law enforcement.

In Santa Ana, for example, local police were seen aiding in an arrest made by suspected federal agents whose identities have not been established. In Los Angeles County, a startling video showed LAPD officers standing by and defending alleged Federal Agents who forcefully abducted someone from the street. This action may be considered kidnapping under California law if carried out without legal authorization.

What the law says

Kidnapping is defined in California law, particularly in Penal Code § 207, as transporting someone against their will, by force or fear, and without any legal cause. Unless “federal agents” are acting within the confines of legal authority, the law makes no provision for them. A person may be unlawfully deprived of their freedom if they are detained or arrested by someone who claims to have federal status but has no verified credentials, and anybody who helps in such an arrest may face criminal charges.

In particular, local police officers who have been certified by the California Commission on Peace Officer Standards and Training (POST) are trained to protect constitutional rights and enforce state laws. This includes making sure that every arrest is legal and made by someone with the authority to do so. Officers violate both their training and their sworn duty when they fail to confirm the validity of those making arrests, particularly when federal affiliation is asserted.

 Where Are Our Local Leaders?

The silence of district attorneys, city council members, and Orange County supervisors is deafening. These authorities are in charge of supervising law enforcement procedures and guaranteeing the safety of citizens’ civil rights. However, local agencies have not been given any explicit instruction from the government requiring them to confirm the identities of federal officers.

We ask that the heads of the county and the city come out and give unambiguous directives to every law enforcement agency in the area:

1. Verify Credentials: Before aiding in an arrest or detention, an officer must ascertain the identity, agency connection, and official status of anybody claiming to be a federal agent.

2. Demand Transparency: Officers must demand that any federal officer involved in an arrest produce legitimate identification, justify the basis for the arrest, and produce evidence of authority.

3. Report Suspicious Activity: Any suspected impersonation of a federal agent should be reported right away to the appropriate oversight organizations, such as the California Attorney General’s Office and the FBI.

4. Educate officers accordingly: Local departments must revise procedures and train officers on how to deal with encounters with unidentified federal officers, stressing the significance of adhering to state law and protecting citizens from illegal imprisonment.

Demanding Accountability

It establishes a hazardous precedent for local law enforcement to continue to stand by while unverified agents take people into custody. We cannot let our streets turn into a Wild West where anybody may assert federal power and pull people away with impunity.

This is not about defying federal law enforcement; it’s about making sure that those who assert such authority are real, responsible, and abiding by the law. Residents deserve more than misunderstanding, terror, and the risk of being held unlawfully. They deserve transparency, due process, and the assurance that their local police are protecting them — not enabling would-be criminals who are hiding behind badges they don’t possess.

Orange County needs to set an example for the rest of the state. Law enforcement should no longer aid in arrests made by unverified individuals. And our elected officials must take action right away to safeguard the rights and security of every resident.

Enough is enough.