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by The Orange County Reporter

Editorial: La “Ley de No a la Policía Secreta” de California se convierte en ley: un paso revolucionario hacia la transparencia policial enfrenta oposición federal

La “Ley de No Policía Secreta” – SB 627 entra en vigor a partir del 1 de enero de 2026.

La “Ley de No a la Policía Secreta”, una legislación revolucionaria que prohíbe a todos los agentes del orden público que trabajan en el estado, incluidos los agentes federales (como los de ICE o CBP) y el personal de otros estados, usar mascarillas que oculten su identidad mientras están de servicio, se implementó en California a partir del 1 de enero de 2026, de acuerdo con el Proyecto de Ley Senatorial 627. La prohibición se dirige particularmente a las mascarillas “extremas”, como pasamontañas o pasamontañas, que ocultan los rasgos faciales hasta el punto de que un agente no puede ser fácilmente reconocido por su nombre o número de placa.

La creciente preocupación pública por la posibilidad de que funcionarios federales no identificados llevaran a cabo operativos, en particular de control migratorio, en grandes ciudades de California, completamente enmascarados y sin ningún medio de identificación, condujo a la legislación. Los críticos compararon estos métodos con los utilizados en regímenes autoritarios, alegando que erosionaban la confianza de la comunidad y fomentaban el miedo en lugar de la seguridad. Al exigir que todas las personas que ejercen la autoridad policial en el estado sean claramente identificables, la SB 627 busca restablecer la rendición de cuentas.

Para el 1 de julio de 2026, todas las fuerzas del orden, incluyendo las locales, estatales, federales e incluso los grupos de trabajo visitantes de otros estados, deberán implementar y publicar políticas escritas que rijan el uso de mascarillas faciales de acuerdo con la nueva legislación. Como reflejo del serio propósito de la legislatura, las infracciones pueden dar lugar tanto a litigios civiles como a sanciones penales. No obstante, esta estrategia de cumplimiento ha suscitado preocupación: sobre todo en casos de alta visibilidad o sensibilidad política, los críticos advierten que la identificación de los agentes podría exponerlos al acoso en internet, la difusión de información personal o represalias.

La transparencia es esencial en una democracia, según sus defensores. Durante el debate del proyecto de ley, un asistente legislativo declaró: «Si el público no sabe quién lo vigila, no puede haber una policía responsable». La legislación también aborda una amenaza real: la posibilidad de que delincuentes se hagan pasar por agentes del orden. El proyecto de ley SB 627 busca eliminar la ambigüedad que podría facilitar el fraude o la violencia al aumentar la cantidad de videos virales que muestran a personas enmascaradas ejerciendo su autoridad.

Sin embargo, existe una oposición inmediata y firme a la legislación. En entornos donde los agentes federales se enfrentan a amenazas de cárteles, traficantes de personas o extremistas nacionales, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS) ha declarado inconstitucional la SB 627, alegando que les impide desempeñar sus responsabilidades de forma segura. El DHS ha indicado que planea impugnar la legislación en los tribunales bajo el concepto de primacía federal y sostiene que el estado no tiene jurisdicción sobre las acciones de las fuerzas del orden federales.

Este conflicto legal sienta las bases para una posible batalla constitucional en la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el conflicto entre los derechos estatales y la autoridad federal. Mientras tanto, el audaz experimento de California sirve como un caso de prueba nacional: ¿Tiene un estado la autoridad para exigir transparencia a todos los que portan una placa en su territorio, independientemente de su jurisdicción?

Al redefinir los límites éticos y visuales de la policía contemporánea, la SB 627 tiene el potencial de servir de modelo para leyes similares en todo el país si recibe apoyo. En una época donde las fronteras entre la autoridad estatal y federal son cada vez más difusas, podría fortalecer los límites del poder estatal si se rechaza. En cualquier caso, California ha reabierto un debate crucial sobre quién vigila a los vigilantes y si se les debería permitir usar mascarilla.

Aunque este estatuto está formalmente en vigor a partir de enero de 2026, el Estado de California y el gobierno federal ahora están envueltos en una importante disputa legal al respecto.

Disposiciones principales de la Ley de No a la Policía Secreta (SB 627)

  • Prohibición de mascarillas: Prohíbe a los agentes del orden público locales y federales utilizar pasamontañas, máscaras de esquí o polainas para el cuello que cubran sus rostros mientras están de servicio.
  • Requisitos de identificación: Los uniformes, nombres o números de placa deben facilitar la identificación de los agentes del orden. La Ley de No Vigilantes (SB 805), que aborda en particular las tácticas de “policía secreta” empleadas en recientes redadas de inmigración, suele ir acompañada de esto.

Resultados de las infracciones:

  • Responsabilidad civil: Los oficiales que usan máscaras cuando cometen agravios (como arrestos falsos o asaltos) pierden algunas de sus protecciones legales (inmunidad calificada) y pueden estar sujetos a una multa civil mínima de $10,000.
  • Cargos criminales: El incumplimiento de la prohibición de usar mascarillas puede ser procesado como un delito menor.

Situación jurídica vigente (enero de 2026)

Debe tener en cuenta los siguientes cambios, aunque la legislación entró en vigor el 1 de enero de 2026:

  • Demanda federal: El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) presentó una demanda contra California, alegando que el estado no puede regular las acciones de los agentes federales (ICE, Patrulla Fronteriza). Afirman que esto contraviene la “Cláusula de Supremacía” de la Constitución.
  • Orden judicial temporal: A fines de diciembre de 2025, un tribunal federal (la jueza Christina A. Snyder) emitió una orden judicial temporal sobre la aplicación de ciertas disposiciones de la ley contra funcionarios federales mientras el caso está pendiente de sentencia.
  • Conflicto sobre el terreno: Algunos fiscales de distrito de California, como los de San Francisco, han dicho que planean aplicar la ley agresivamente e incluso han insinuado que la policía local podría arrestar a los agentes federales que violen estas leyes estatales.

Las excepciones de la ley

Aunque la ley tiene algunas restricciones sobre el uso de mascarillas, hay situaciones particulares en las que está permitido:

  • Operaciones Encubiertas: Con el fin de garantizar la seguridad de los agentes en posiciones encubiertas.
  • Equipo médico/táctico: Cascos tácticos estándar o máscaras de grado médico, como las N95, que se usan por razones de salud.
  • Incendio/Situaciones peligrosas: Máscaras que brindan protección física contra peligros ambientales.
by The Orange County Reporter

Editorial: California’s “No Secret Police Act” Becomes Law: A Revolutionary Step Toward Police Transparency Faces Federal Opposition

The “No Secret Police Act” –  SB 627 is in effect as of January 1st 2026.

The “No Secret Police Act,” which is a revolutionary legislation that forbids all law enforcement officers working in the state, including federal agents (like those from ICE or CBP) and out-of-state personnel, from wearing face coverings that conceal their identity while on duty, has been implemented in California as of January 1, 2026, in accordance with Senate Bill 627. The prohibition particularly aims at “extreme” coverings, such as ski masks or balaclavas, that conceal facial features to the extent that an officer cannot be easily recognized by their name or badge number.

Growing public concern that unidentified federal officials were carrying out operations, notably immigration enforcement, in large California cities while fully masked and without any means of identification led to the legislation. These methods were compared by critics to those used in authoritarian regimes, claiming they eroded community trust and fostered dread as opposed to security. By requiring that all individuals who use police authority in the state be clearly identifiable, SB 627 seeks to reestablish accountability.

By July 1, 2026, all law enforcement organizations, including local, state, federal, and even visiting out-of-state task forces, must implement and make public written policies governing the use of facial coverings in accordance with the new legislation. Reflecting the legislature’s serious purpose, infractions may lead to both civil litigation and criminal punishment. Nonetheless, there have been worries about this enforcement strategy: Particularly in cases with high visibility or political sensitivity, critics caution that identifying officers might leave them vulnerable to internet bullying, doxxing, or retribution.

Transparency is essential in a democracy, according to its proponents. During the bill’s debate, a legislative assistant stated, “If the public doesn’t know who is policing them, you cannot have accountable policing.” The legislation also addresses a real threat: the possibility of criminals posing as law enforcement officials. SB 627 aims to remove ambiguity that might facilitate fraud or violence by increasing the number of videos that go viral and feature masked people asserting authority.

However, there is immediate and strong opposition to the legislation. In environments where federal officers face threats from cartels, human traffickers, or domestic extremists, the U.S. Department of Homeland Security (DHS) has deemed SB 627 unconstitutional, claiming that it impedes their capacity to carry out their responsibilities safely. DHS has indicated plans to contest the legislation in court under the notion of federal preemption and contends that the state has no jurisdiction over the actions of federal law enforcement.

This legal conflict lays the groundwork for a potential constitutional struggle in the United States Supreme Court over the conflict between state rights and federal authority. Meanwhile, California’s daring experiment serves as a national test case: Does a state have the authority to require transparency from everyone who wears a badge on its territory, regardless of jurisdiction?

By redefining the ethical and visual limits of contemporary policing, SB 627 has the potential to serve as a model for similar legislation throughout the nation if it is supported. In an age where the borders between state and federal authority are becoming more and more hazy, it may strengthen the boundaries of state power if it is defeated. In any case, California has reopened a vital discussion about who is watching the watchers and if they should be permitted to wear a mask..

Although this statute is formally in force as of January 2026, the State of California and the federal government are now embroiled in a significant legal dispute about it.

The No Secret Police Act (SB 627)’s Main Provisions

  • Mask Ban: It forbids local and federal law enforcement officers from wearing ski masks, balaclavas, or neck gaiters that cover their faces while on duty.
  • Identification Requirements: Uniforms, names, or badge numbers must make law enforcement officials easily identifiable. The No Vigilantes Act (SB 805), which particularly addresses the “secret police” tactics employed in recent immigration raids, is frequently coupled with this.

Results of infractions:

  • Civil Liability: Officers who wear masks when committing torts (such as false arrest or assault) lose some of their legal protections (qualified immunity) and may be subject to a minimum civil fine of $10,000.
  • Criminal Charges: A breach of the mask ban may be prosecuted as a misdemeanor.

Existing Legal Position (January 2026)

You should be aware of the following changes, even though the legislation became law on January 1, 2026:

  • Federal Lawsuit: The U.S. Department of Justice (DOJ) filed a lawsuit against California, claiming that the state cannot regulate the actions of federal agents (ICE, Border Patrol). They claim that this contravenes the Constitution’s “Supremacy Clause.”
  • Temporary Injunction: In late December 2025, a federal court (Judge Christina A. Snyder) issued a temporary stop (injunction) on the enforcement of certain provisions of the law against federal officers while the case is pending adjudication.
  • On the Ground Conflict: Some District Attorneys in California, like those in San Francisco, have said they plan to aggressively enforce the law and have even implied that local police may arrest federal agents who break these state laws.

The Law’s Exceptions

Although the law has some restrictions on mask use, there are particular situations when it is permitted:

  • Undercover Operations: In order to guarantee the security of agents in deep-cover positions.
  • Medical/Tactical Equipment: Standard tactical helmets or medical-grade masks, such as N95s, worn for health reasons.
  • Fire/Dangerous Situations: Masks that provide physical protection from environmental dangers.