La seguridad de todas las personas que viven en Santa Ana se ve amenazada por una presencia emergente y no regulada en las aceras. Este es el dominio donde el personal de seguridad privada —empleado para proteger negocios específicos— descuida sus funciones asignadas e ingresa a las áreas públicas para imponer su propia interpretación de las normas legales.
La preocupación no radica únicamente en que el guardia de seguridad actúe como si fuera un policía; más bien, abarca el hecho de que el Departamento de Policía de Santa Ana (SAPD) respalda constantemente a estos guardias, a menudo sin escudriñar las circunstancias ni cuestionar sus narrativas.
Cuando un guardia de seguridad va más allá de su línea de propiedad para confrontar, acosar o intimidar a miembros de la comunidad, deja de funcionar como protector de la propiedad. En su lugar, se convierte en un peligro significativo y altera la paz de la comunidad. Sin embargo, cuando el SAPD responde a solicitudes dudosas de “asistencia de seguridad”, con frecuencia ve al ciudadano local como el sospechoso mientras considera al guardia como la verdadera víctima.
Este sesgo inherente distorsiona nuestro sistema de justicia. El uniforme de un guardia privado aparentemente tiene más influencia para los oficiales que responden que las declaraciones hechas por un ciudadano que paga impuestos o un periodista independiente.
Aún más alarmante es el incumplimiento de los protocolos esenciales. En muchas situaciones, los oficiales del SAPD no evalúan la legitimidad de las licencias que poseen los guardias de seguridad que inician estas llamadas de emergencia.
De acuerdo con la Oficina de Servicios de Seguridad e Investigación (BSIS) de California, todos los guardias deben poseer una Guard Card (tarjeta de guardia) válida y, cuando corresponda, una licencia de armas de fuego. Están obligados a presentar estos documentos a petición. Una vez que un guardia abandona su propiedad asignada para instigar un conflicto en un área pública, está sujeto a las mismas leyes que cualquier individuo y puede estar infringiendo la ley mediante una conducta disruptiva, acoso o detención ilegal.
Por otra parte, un guardia puede violar la ley estatal incluso sin salir de la propiedad privada. El simple hecho de permanecer en terreno privado mientras utiliza un lenguaje agresivo, hace amenazas o lanza objetos hacia los espacios públicos constituye una violación de las regulaciones estatales y de las reglas de la BSIS. La conducta alteradora del orden público se caracteriza simplemente como cualquier comportamiento hostil que se extiende a las áreas públicas.
Al omitir la solicitud y verificación oportuna de las credenciales de la BSIS de un guardia bajo estas circunstancias, los oficiales del SAPD no solo están ignorando procedimientos cruciales, sino que también están permitiendo que personas no calificadas o potencialmente peligrosas determinen los arrestos en nuestras calles.
Como consecuencia, nuestra policía local se convierte en un sistema de apoyo financiado por los contribuyentes para las empresas privadas debido a esta confianza ciega. La presencia invasiva de la policía, que a menudo involucra múltiples vehículos y oficiales, deja a nuestras comunidades sintiéndose desamparadas, ya que apoyan a un guardia que en realidad es el agresor. Esto crea la impresión en la comunidad de que la seguridad privada puede operar sin consecuencias, sabiendo que la policía invariablemente los respaldará.
Es esencial reconocer que los guardias de seguridad privada no poseen autoridad de las fuerzas del orden. Su poder se limita estrictamente a la frontera entre la propiedad privada y las aceras públicas, ya que no son agentes de la ley y carecen de facultades policiales.
El Departamento de Policía de Santa Ana debe dejar de ver a las empresas de seguridad privada como parte de las fuerzas del orden. Los oficiales deben aplicar las leyes de manera imparcial: verificando los permisos, evaluando los límites de la propiedad, responsabilizando al personal de seguridad por cualquier amenaza que presente o cualquier objeto que lance a las áreas públicas, y reconociendo cuándo el guardia es el culpable en lugar de los residentes de Santa Ana con los que interactúa.
INVESTIGACIÓN EN CURSO: AYÚDENOS A GARANTIZAR QUE LA SEGURIDAD PRIVADA RINDA CUENTAS
Invitamos a cualquier persona que tenga inquietudes, experiencias o problemas relacionados con los guardias de seguridad privada en Santa Ana, particularmente en la zona del centro (downtown), a compartir sus testimonios.
The OC Reporter está investigando diligentemente a los guardias de seguridad privada que no cumplen con las regulaciones establecidas por el Código de Profesiones y Negocios de California, las leyes estatales y las normas de la BSIS. Por favor, póngase en contacto con nosotros de inmediato si ha experimentado acoso, ha sido testigo de un abuso de autoridad, o posee fotografías, videos o testimonios que puedan ayudar en esta investigación. Su identidad e información se mantendrán bajo estricta confidencialidad.
