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by The Orange County Reporter

Editorial: Las redadas de ICE en Santa Ana y la sombra del poder enfatizan la transparencia.

Los informes sobre las operaciones de ICE en Santa Ana, California, han reavivado los problemas de extralimitación gubernamental, falta de transparencia y la creciente participación de contratistas privados en las actividades de aplicación de la ley. Aunque no está directamente relacionada con estas redadas de inmigración en particular, Haliburton, una firma internacional con una larga trayectoria trabajando para el gobierno de Estados Unidos, plantea cuestiones inquietantes sobre la identidad de los responsables y la motivación de algunos de los participantes para ocultar su identidad.

Tras las acusaciones de que los líderes de la ciudad estaban al tanto de redadas previas de ICE este año, el Ayuntamiento de Santa Ana reconoció recientemente su preocupación por la aplicación de la ley migratoria. Estas declaraciones sugieren un creciente malestar entre los habitantes, que se sienten injustamente perseguidos por la legislación federal de inmigración. El uso de identidades ocultas y agentes desconocidos en las acciones de aplicación de la ley simplemente aumenta el escepticismo del público y erosiona la confianza en el sistema.

Aunque Halliburton es más conocida por sus contratos de energía y defensa, como sus polémicas interacciones durante la guerra de Irak, no se la ha vinculado inmediatamente con actividades de control migratorio. Sin embargo, es comprensible que algunos especulen sobre su papel cuando el anonimato se convierte en una característica de las operaciones policiales, dado su largo historial de operar bajo escasa supervisión pública y sus antiguos vínculos con el gobierno estadounidense.

El personal puede estar obligado a usar mascarillas durante las actividades del ICE por razones operativas o de seguridad, pero esta práctica alimenta la impresión de un poder opaco, sin control, sin transparencia ni rendición de cuentas. La supervisión democrática es imposible cuando se desconoce quiénes promulgan las leyes. Esta preocupación se agrava cuando se cree que contratistas privados —que reportan a las juntas directivas corporativas en lugar de a los ciudadanos— participan en la aplicación de la ley.

La principal preocupación debería ser la transparencia. Sea cual sea Halliburton u otro contratista que asista al ICE, el pueblo estadounidense debe estar informado de quién lleva a cabo estas operaciones, qué sistemas de vigilancia existen y cómo se deciden las tácticas de aplicación de la ley. Los habitantes de Santa Ana y todas las comunidades afectadas por la aplicación de las leyes migratorias deben recibir respuestas, no ambigüedades.

Los organismos de control y los legisladores deben decidir si los límites entre los sectores público y privado se están volviendo demasiado difusos en actividades locales importantes y si las protecciones existentes son suficientes para defender los derechos civiles. Cualquier cosa que no sea democracia fomenta la desconfianza, el miedo y el conflicto; por otro lado, la democracia prospera abiertamente.

by The Orange County Reporter

Editorial: Santa Ana’s ICE raids and the Shadow of Power emphasize transparency.

Reports of ICE operations in Santa Ana, California, have resurrected issues of government overreach, lack of openness, and the growing part private contractors in public law enforcement activities. Though not directly connected to these particular immigration raids, Haliburton, a worldwide firm with a long history of working for the US government, brings up unsettling issues about the identity of those in charge of them and the motivation for some of the participants to conceal their identities.

Following accusations that city leaders were aware of prior ICE raids this year, the Santa Ana City Council recently acknowledged concerns about immigration enforcement. These statements suggest growing discomfort among inhabitants who feel they are being unfairly targeted under federal immigration legislation. Using hidden identities and unknown operatives throughout enforcement actions just makes the public more skeptical and erodes trust in the system.

Although Halliburton is most well-known for its energy and defense contracts, such as its contentious interactions throughout the Iraq War, it has not been immediately linked to immigration enforcement activities. But it’s understandable that some would speculate about its role when anonymity becomes a characteristic of police operations given its long history of operating under limited public oversight and its long-standing ties with the U. S. government.

Personnel may be obliged to wear face coverings during ICE activities for operational or safety reasons, but this practice feeds into the impression of an opaque, unchecked power without openness or accountability. Democratic oversight is impossible when people lack the knowledge of the people enacting the law. This concern is made worse when private contractors—who report to corporate boards rather than citizens—are thought to be involved in law enforcement.

Top concern ought to be openness. Whatever Halliburton or other contractor is assisting ICE, the American people should be informed of who is conducting these operations, what surveillance systems are in place, and how law enforcement tactics are decided upon. The people of Santa Ana and all communities affected by immigration enforcement should receive answers, not ambiguity.

Watchdogs and legislators have to decide whether the boundaries between the public and private sectors are becoming too indistinct in important local activities and if existing protections are sufficient to uphold civil rights. Anything less than democracy fosters mistrust, fear, and strife; on the other hand, democracy thrives in the open.

by The Orange County Reporter

Una mujer de 19 años fue detenida en Orange después de un enfrentamiento en un paso elevado de la autopista.

ORANGE, California—28 de mayo de 2025

Tras una amenaza de saltar desde un paso elevado de la autopista Orange el miércoles por la noche, una mujer de 19 años fue detenida. Esto provocó el cierre de varios carriles en la autopista Costa Mesa (55).

Las autoridades informaron que el incidente ocurrió poco antes de las 4:30 p. m. cerca del paso elevado de la avenida Lincoln. Alrededor de las 4:25 p. m., agentes de la Patrulla de Carreteras de California (CHP) comenzaron a desviar el tráfico de la zona mientras las autoridades intentaban resolver el asunto.

El teniente Phil McMullin, del Departamento de Policía de Orange, confirmó que la joven parecía estar en estado de angustia emocional y que había ascendido a la cornisa del paso elevado, lo que aumentaba la preocupación por su seguridad.

Un negociador de crisis del Departamento de Policía de Orange se unió al equipo de respuesta y habló con la mujer durante más de una hora para intentar ponerla a salvo. Las autoridades informaron que fue arrestada discretamente poco antes de las 6 p. m.

“Ella cooperó una vez que pudimos establecer comunicación”, dijo el teniente McMullin, y agregó: “Nuestra prioridad siempre fue su bienestar”.

Trasladada a un hospital cercano para realizarle pruebas, se espera que la mujer reciba tratamiento y apoyo a través de los servicios de salud mental del condado.

Debido a la ubicación del enfrentamiento, la autopista 55 estuvo cerrada en ambas direcciones durante varias horas, lo que provocó una grave congestión vehicular en las horas punta de la tarde. La Patrulla de Caminos de California (CHP) reabrió la autopista poco después de las 7 p. m.

Este suceso pone de relieve la importancia de la concienciación sobre la salud mental y el papel fundamental de los equipos de respuesta a crisis capacitados en situaciones difíciles.

Cualquier persona que tenga información o haya presenciado los sucesos previos al enfrentamiento debe comunicarse con el Departamento de Policía de Orange.

Anuncio de Servicio Público:

“Si usted o alguien que conoce se siente abrumado o piensa en suicidarse, por favor, contáctenos”.

“Hay personas que se preocupan y recursos que pueden ayudar”.

La Línea de Apoyo entre Pares de California está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, al 1-855-600-9276 para cualquier persona que experimente angustia emocional.

También puede contactar a esta agencia por teléfono celular.

Hay ayuda disponible.

Hable con alguien hoy mismo.

988 Línea de Ayuda para Suicidios y Crisis
Idiomas: Inglés, Español
Horario: Disponible las 24 horas

Llame al: 988

by The Orange County Reporter

19-year-old lady apprehended in Orange after a freeway overpass showdown.

ORANGE, California—May 28, 2025

Following a threat to jump from an Orange freeway overpass on Wednesday night, a 19-year-old woman was apprehended; this caused a several lane closure on the Costa Mesa (55) Freeway.

Officials say the event happened just before 4:30 p.m. close to the Lincoln Avenue overpass. Around 4:25 p.m., California Highway Patrol (CHP) officers began rerouting traffic away from the region as authorities tried to resolve the matter.

Lt. Phil McMullin of the Orange Police Department confirmed that the young lady appeared to be in emotional distress and had ascended onto the overpass ledge, hence heightening worries about her safety.

Joining the response team, a crisis negotiator from the Orange Police Department spoke with the woman for over an hour in an effort to get her to safety. Officials say she was arrested quietly shortly before 6 p.m.

“She was cooperative once we could establish communication,” Lt. McMullin said, adding that “Our priority was always her well-being.”

Taken for testing at a nearby hospital, the woman is expected to get treatment and support through county mental health services.

Due of the location of the standoff, the 55 Freeway was closed in both directions for several hours, which produced severe evening rush traffic congestion. CHP re-opened the freeway sometime after 7 p.m.

This event brings to mind the value of mental health awareness and the necessary role of trained crisis responders in challenging conditions.

Anyone with information or might have witnessed the events leading up to the confrontation should contact the Orange Police Department.

Public Service Announcement:

“If you or someone you know is feeling overwhelmed or thinking about suicide, please reach out,”

“There are people who care and resources that can help.”

The California Peer Support Warm Line is available 24/7 at 1-855-600-9276 for anyone experiencing emotional distress.

Also you can contact this agency via your cell phone.

Help is available


Speak with someone today


988 Suicide and Crisis Lifeline
Languages: English, Spanish
Hours: Available 24 hours

Call: 988

by The Orange County Reporter

Editorial: A Personal Encounter Underscores the Significance of Clear Boundaries at Camp Pendleton

US Military Base Camp Pendleton MP

I unintentionally entered Camp Pendleton this week through one of its public access sites, which put me in an unexpected situation. I had accidentally driven onto federal property, which was a genuine mistake that was immediately noticed by the military police at Camp Pendleton.

After that, I had a courteous and professional conversation with the MPs who pulled me over at the entrance checkpoint. They checked my identification, interrogated me about why I was there, and made sure I wasn’t a security risk. They gave me a warning and sent me back to the main road after concluding that my presence was unintentional and not dangerous.

The U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) agency was noticeably absent from this interaction. I was not surprised by this fact given that immigration enforcement and law enforcement frequently converge in unexpected ways in the current environment. And the fact that the military police were entirely concerned with security and safety—not immigration status—gave me a sense of comfort.

Every U.S. military facility, including Camp Pendleton, has its own distinct jurisdiction. It is a community that welcomes thousands of service members, their families, and civilian workers, as well as a sovereign military area. The military police’s decision not to include ICE during regular vehicle stops or searches is not only legally correct but also necessary for preserving trust and operational efficiency inside the base.

Camp Pendleton

The lack of immigration enforcement in routine policing creates a culture of security and cooperation for people who reside or work on base, such as civilian contractors, international military liaisons, or foreign nationals serving under special visas. It makes certain that individuals are not deterred by the threat of deportation from seeking necessary services or reporting crimes.

My brief but ultimately uneventful experience serves to emphasize a more fundamental point: military facilities must continue to prioritize their primary purpose of protecting the country. The law enforcement in that area should be carried out with professionalism, clarity, and a thorough awareness of the unique characteristics of military communities.

For a long time, the Department of Defense has maintained that military facilities are not the place for local law enforcement activities that have nothing to do with base security. Whether by duty, invitation, or, like in my case, by mistake, this policy safeguards the integrity of the military objective as well as the rights and dignity of all persons who enter the base.

The Camp Pendleton Military Police should be praised for their professional and cautious response to the situation. Their behavior demonstrates a dedication to the values of fairness, discretion, and respect that characterize our military, as well as to security.

Mistakes occur, but an institution’s actual character is revealed by how it responds. In this instance, Camp Pendleton successfully completed the test.

by The Orange County Reporter

Editorial: Responsabilizar al Departamento de Policía de Santa Ana por detenciones de patrullaje no reguladas

Fotografía de: Igmar Rodas/The Orange County Reporter, el Departamento de Policía de Santa Ana realiza paradas de tráfico en propiedad privada.

En Santa Ana ha surgido una tendencia preocupante: los agentes de patrulla están realizando controles de tráfico sin informar adecuadamente a la central, lo que da como resultado que no haya documentación oficial de su paradero ni de la razón de la detención. Cuando los residentes ansiosos se ponen en contacto con el departamento de policía para denunciar estos dudosos incidentes (que cuentan con los números de los coches patrulla y detalles precisos), se encuentran con respuestas evasivas y de obstrucción por parte del personal supervisor.

El problema fundamental radica en la falta de rendición de cuentas. Los vehículos de patrulla están equipados con sistemas de seguimiento por GPS, pero los supervisores se niegan a utilizar esta tecnología para confirmar la ubicación de los agentes. Algunos incluso afirman que acceder a la información del GPS está “fuera de su nivel salarial”. Esto provoca serias preguntas: si los supervisores desconocen la ubicación de sus agentes, ¿quién posee ese conocimiento? Y si lo tienen pero deciden no revelarlo, ¿qué podrían estar ocultando?

Foto de: Igmar Rodas/The Orange County Reporter, Los residentes de Santa Ana corren el riesgo de ser detenidos sin control, según lo desconocen los despachos de la policía.

La transparencia es la piedra angular de la confianza pública en la aplicación de la ley. Cuando los agentes actúan fuera de las normas de su propio departamento, se abre el camino a la mala conducta: detenciones ilegales, discriminación racial y violaciones de los derechos civiles. La situación en la que un supervisor niega la existencia de una unidad de patrulla que los residentes han observado claramente, o se niega a proporcionar los números de placa, es intolerable.

Los residentes de Santa Ana merecen una fuerza policial que funcione dentro de los límites de la ley, en lugar de por encima de ella. El departamento debe aplicar protocolos de supervisión más estrictos, que incorporen el seguimiento en tiempo real de las ubicaciones de los vehículos de patrulla que los supervisores están obligados a supervisar. Además, debe haber una política definida y aplicable que exija que todas las paradas de tráfico se registren con un despacho.

Foto de: Igmar Rodas/The Orange County Reporter.

Si el departamento se resiste a estas iniciativas fundamentales de rendición de cuentas, la comunidad tiene la responsabilidad de abogar por un cambio. Los funcionarios de la ciudad, el jefe de policía y los organismos de supervisión civil deben intervenir para garantizar que los agentes cumplan con los protocolos adecuados. La transparencia no es un privilegio, es un derecho público. Los agentes de Santa Ana deben rendir cuentas a las personas a las que sirven, en lugar de operar de forma encubierta.

by The Orange County Reporter

Editorial: Holding the Santa Ana Police Department Responsible for Unregulated Patrol Stops

Photo by: Igmar Rodas/The Orange County Reporter Santa Ana Police Department makes traffic stops on Private Property.

A concerning trend has surfaced in Santa Ana: patrol officers are conducting traffic stops without adequately informing dispatch, resulting in no official documentation of their whereabouts or the rationale for the stop. When anxious residents contact the police department to report these dubious incidents—equipped with patrol car numbers and precise details—they encounter stonewalling and evasive responses from supervisory personnel.

The fundamental problem lies in a deficiency of accountability. Patrol vehicles are fitted with GPS tracking, yet supervisors decline to utilize this technology to confirm officer locations. Some even assert that accessing GPS information is “beyond their pay grade. ” This provokes serious questions: if supervisors are unaware of their officers’ locations, who possesses that knowledge? And if they do have it but choose not to reveal it, what could they be concealing?

Photo by: Igmar Rodas/The Orange County Reporter, Santa Ana Residents at Risk for Unchecked Stops, As Police Dispatch are unaware.

Openness is the cornerstone of public confidence in law enforcement. When officers act outside the regulations of their own department, it paves the way for misconduct—unlawful stops, racial profiling, and violations of civil rights. The situation where a supervisor denies the existence of a patrol unit that residents have clearly observed, or declines to provide badge numbers, is intolerable.

Santa Ana residents warrant a police force that functions within the confines of the law, rather than above it. The department must enforce stricter oversight protocols, incorporating real-time tracking of patrol vehicle locations that supervisors are obligated to supervise. Moreover, there must be a defined, enforceable policy requiring that all traffic stops are recorded with dispatch.

Photo by: Igmar Rodas/The Orange County Reporter.

Should the department resist these fundamental accountability initiatives, it falls upon the community to advocate for change. City officials, the police chief, and civilian oversight bodies must intervene to guarantee that officers adhere to appropriate protocols. Transparency is not a privilege—it is a public entitlement. Officers in Santa Ana must be accountable to the individuals they serve, rather than operating covertly.

by The Orange County Reporter

Editorial: Encubrimiento de una muerte bajo custodia policial, Departamento de Policía de Santa Ana

La muerte de Freddie Washington mientras se encontraba bajo custodia policial ha provocado una gran controversia, en particular en relación con la respuesta del Departamento de Policía de Santa Ana al incidente. Muchos se preguntan por qué el departamento no ha sido abierto respecto de información vital sobre la muerte de Washington, lo que ha llevado a sospechar de un posible encubrimiento.

Fredd

Es importante reconocer, en primer lugar, que Washington falleció mientras se encontraba bajo custodia de las fuerzas del orden en Santa Ana, California. La falta de transparencia sobre los hechos que precedieron a su muerte, junto con las declaraciones públicas incompletas o tardías del Departamento de Policía de Santa Ana, ha intensificado el escepticismo público. Los críticos sostienen que la vacilación del departamento a la hora de revelar detalles esenciales, como la causa de la muerte o detalles específicos sobre las circunstancias de su arresto, puede ser un intento de proteger a los agentes implicados de ser interrogados.

En situaciones de alto perfil como ésta, es frecuente que se produzcan encubrimientos, especialmente cuando las autoridades se enfrentan a posibles repercusiones jurídicas y políticas. A falta de una investigación exhaustiva y transparente, es imposible que el público conozca la verdad. En una época caracterizada por una desconfianza generalizada hacia las fuerzas del orden, sucesos como éste aumentan las preocupaciones en torno a la rendición de cuentas de la policía y la protección de los derechos de los ciudadanos.

Además, existen problemas sistémicos más amplios. En numerosos casos, los departamentos pueden intentar ocultar información para mantener su reputación, evadir demandas judiciales o evitar más discordia en la comunidad. Sin embargo, esa falta de rendición de cuentas no hace más que aumentar las tensiones y generar demandas de una mayor supervisión y reformas en las fuerzas del orden.

La prioridad ahora debe ser insistir en una investigación completa e independiente sobre la muerte de Freddie Washington. Solo con transparencia y rendición de cuentas se puede empezar a restablecer la confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que sirven. Hasta que eso ocurra, la nube de sospechas y la posibilidad de un encubrimiento persistirán, socavando la credibilidad del departamento de policía y perpetuando el ciclo de desconfianza pública.

by The Orange County Reporter

Editorial: Santa Ana Mayor Valerie Amezcua Collaborating with ICE to Deport Santa Ana Residents? – A Breach of Trust in a Sanctuary City

Arrest of a person by ICE Agents on January 8th 2025 and Mayor Amezcua in Silence in the Sanctuary city of Santa Ana.

Santa Ana, a lively and diverse community that has historically taken pride in safeguarding immigrant families, is undergoing a concerning transformation. Under Mayor Valerie Amezcua’s direction, recent information has emerged indicating that the mayor’s office is collaborating with U. S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) to deport residents. This has ignited a backlash from residents, activists, and community leaders who view this as a blatant contradiction to the city’s longstanding identity as a sanctuary city.

Santa Ana officially established its sanctuary status in 2017, offering vital protections for immigrants by limiting local law enforcement cooperation with federal immigration agencies. The aim was unequivocal: to foster a safe atmosphere for all residents, irrespective of their immigration status. Immigrant communities in Santa Ana have established their lives here, enriching the cultural, economic, and social landscape of the city. For many, the sanctuary label signified that they could exist with enhanced security, without the constant dread of deportation.

However, the recent revelations have overshadowed this feeling of safety and reliability. If Mayor Amezcua is indeed cooperating with ICE to facilitate deportations, it undermines the very tenets that Santa Ana’s sanctuary designation was intended to support. It not only breaches the trust of the immigrant community but also communicates that the city might be willing to work alongside federal authorities in ways that contradict its own laws and principles. This dilemma is not solely about one person; it mirrors a broader concern that impacts countless families. Deportations are not just statistics—they signify real individuals, mothers, fathers, sons, and daughters who face the possibility of being separated from their homes and communities. These individuals contribute to the city’s economy, participate in local educational institutions, and are vital members of the Santa Ana community.

If confirmed, Mayor Amezcua’s actions raise significant alarms. They jeopardize the trust that the city has diligently cultivated with its immigrant inhabitants. As a sanctuary city, Santa Ana ought to embody a symbol of safety and inclusion, not a location where immigrants dread deportation at the hands of local law enforcement. The city has always celebrated its progressive ideals, and this apparent policy shift represents a regression in the pursuit of immigrant rights and justice. The residents of Santa Ana are entitled to more. They warrant transparency from their elected officials and the reassurance that their city will continuously serve as a refuge, not a battleground for federal immigration enforcement. If the mayor persists in her collaboration with ICE, it is essential for the community to hold her accountable and demand a return to the principles that have established Santa Ana as a sanctuary city.

Ultimately, the residents of Santa Ana deserve to live free from the anxiety of deportation. If Mayor Amezcua is collaborating with ICE to remove local inhabitants, it is essential for her to reconsider this strategy and recognize that the sanctuary status of Santa Ana ought to be respected, not violated. It is time for our leaders to prioritize the needs of the community and strive for policies that safeguard, rather than penalize, the individuals who consider Santa Ana their home.

by The Orange County Reporter

Editorial: La alcaldesa de Santa Ana, Valerie Amezcua, colabora con el ICE para deportar a los residentes de Santa Ana?: una violación de la confianza en una ciudad santuario

Arresto de una persona por agentes de ICE el 8 de enero de 2025 y el alcalde Amezcua en silencio en la ciudad santuario de Santa Ana.


Santa Ana, una comunidad vivaz y diversa que históricamente se ha enorgullecido de proteger a las familias inmigrantes, está atravesando una transformación preocupante. Bajo la dirección de la alcaldesa Valerie Amezcua, ha surgido información reciente que indica que la oficina del alcalde está colaborando con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) para deportar a los residentes. Esto ha provocado una reacción negativa de los residentes, activistas y líderes comunitarios que ven esto como una contradicción flagrante con la identidad de larga data de la ciudad como ciudad santuario.


Santa Ana estableció oficialmente su estatus de santuario en 2017, ofreciendo protecciones vitales para los inmigrantes al limitar la cooperación de las fuerzas del orden locales con las agencias federales de inmigración. El objetivo era inequívoco: fomentar una atmósfera segura para todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio. Las comunidades inmigrantes en Santa Ana han establecido sus vidas aquí, enriqueciendo el panorama cultural, económico y social de la ciudad. Para muchos, la etiqueta de santuario significaba que podían vivir con mayor seguridad, sin el temor constante de la deportación.


Sin embargo, las recientes revelaciones han eclipsado esta sensación de seguridad y fiabilidad. Si el alcalde Amezcua está realmente cooperando con el ICE para facilitar las deportaciones, socava los principios mismos que la designación de santuario de Santa Ana pretendía respaldar. No solo viola la confianza de la comunidad inmigrante, sino que también comunica que la ciudad podría estar dispuesta a trabajar junto con las autoridades federales de maneras que contradicen sus propias leyes y principios. Este dilema no se trata únicamente de una persona; refleja una preocupación más amplia que afecta a innumerables familias. Las deportaciones no son solo estadísticas: significan individuos reales, madres, padres, hijos e hijas que enfrentan la posibilidad de ser separados de sus hogares y comunidades. Estas personas contribuyen a la economía de la ciudad, participan en instituciones educativas locales y son miembros vitales de la comunidad de Santa Ana.


Si se confirma, las acciones del alcalde Amezcua generan importantes alarmas. Ponen en peligro la confianza que la ciudad ha cultivado diligentemente con sus habitantes inmigrantes. Como ciudad santuario, Santa Ana debería encarnar un símbolo de seguridad e inclusión, no un lugar donde los inmigrantes teman la deportación a manos de las fuerzas del orden locales. La ciudad siempre ha celebrado sus ideales progresistas, y este aparente cambio de política representa una regresión en la búsqueda de los derechos y la justicia de los inmigrantes. Los residentes de Santa Ana tienen derecho a más. Se merecen transparencia de sus funcionarios electos y la seguridad de que su ciudad servirá continuamente como refugio, no como campo de batalla para la aplicación de las leyes federales de inmigración. Si la alcaldesa persiste en su colaboración con el ICE, es esencial que la comunidad la haga responsable y exija un retorno a los principios que han establecido a Santa Ana como ciudad santuario.


En última instancia, los residentes de Santa Ana merecen vivir libres de la ansiedad de la deportación. Si la alcaldesa Amezcua está colaborando con el ICE para expulsar a los habitantes locales, es esencial que reconsidere esta estrategia y reconozca que el estatus de santuario de Santa Ana debe ser respetado, no violado. Es hora de que nuestros líderes prioricen las necesidades de la comunidad y luchen por políticas que protejan, en lugar de penalizar, a las personas que consideran a Santa Ana su hogar.