Tag / Brutality

by The Orange County Reporter

Editorial: Aclarando el rol de ICE y CBP: la autoridad federal no se extiende a la delegación de ciudadanos comunes

No es un agente de la ley federal, sino un cazarrecompensas que infringe las leyes estatales y federales.

En los últimos meses, se ha difundido desinformación en redes sociales y en el discurso político, sugiriendo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU. tienen la autoridad para delegar a ciudadanos estadounidenses comunes en la aplicación de la ley migratoria. Esta afirmación no solo es engañosa, sino categóricamente falsa, y su persistencia podría socavar la confianza pública en las fuerzas del orden federales y generar peligrosos malentendidos sobre el estado de derecho.

Seamos claros: ni el ICE ni la CBP designan a ciudadanos estadounidenses comunes para fines policiales. Estas agencias cuentan con oficiales y agentes capacitados y juramentados que se someten a rigurosas verificaciones de antecedentes, capacitación especializada y rinden cuentas ante la ley federal. La idea de que a los estadounidenses comunes se les puedan otorgar las facultades de agentes federales de las fuerzas del orden es una invención sin fundamento legal ni político.

Entendiendo las Agencias

  • El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) opera bajo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y es responsable de hacer cumplir las leyes federales que rigen el control fronterizo, las aduanas, el comercio y la inmigración. Sus agentes son profesionales altamente capacitados encargados de investigar violaciones a la ley de inmigración, la trata de personas, el contrabando y otras amenazas a la seguridad nacional.
  • La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) es la agencia encargada de la seguridad fronteriza en los puertos de entrada y entre ellos. Los oficiales de la CBP y los agentes de la Patrulla Fronteriza son agentes federales encargados de hacer cumplir las leyes de inmigración, aduanas y agricultura.

Ambas agencias trabajan dentro de un marco legal establecido por el Congreso y supervisado por el DHS y el sistema judicial más amplio.

¿Por qué no se produce la delegación?

El concepto de delegación —donde una agencia gubernamental autoriza temporalmente a civiles a actuar en su nombre— no es inédito en la historia estadounidense, particularmente en tiempos de guerra o emergencia. Sin embargo, en el contexto moderno, especialmente en lo que respecta a la aplicación de la ley migratoria:

  1. Restricciones legales : No existe ninguna ley federal actual que autorice a ICE o CBP a delegar a ciudadanos privados en la aplicación de las leyes de inmigración.
  2. Capacitación y rendición de cuentas : Las fuerzas del orden requieren una amplia capacitación, conocimientos jurídicos y medidas de rendición de cuentas. Empoderar a personas sin la capacitación adecuada supondría graves riesgos para los derechos civiles y la seguridad pública.
  3. Cadena de Mando : Las agencias federales operan bajo estrictas cadenas de mando y supervisión. Permitir que personas no oficiales actúen como agentes socava el debido proceso y podría dar lugar a abusos de poder.

El peligro de la desinformación

Promover la creencia de que el ICE o la CBP pueden delegar responsabilidades a los ciudadanos alimenta las teorías conspirativas y el vigilantismo. Puede animar a las personas a tomarse la justicia por su mano, lo que deriva en acoso, detenciones ilegales y discriminación racial, todo lo cual erosiona la confianza de la comunidad y viola derechos constitucionales.

Además, estas afirmaciones distraen de los debates reales sobre la reforma migratoria, la seguridad fronteriza y los desafíos que enfrentan estas agencias. Además, generan un temor innecesario en las comunidades inmigrantes, polarizando aún más un tema ya de por sí polémico.

Conclusión

Es vital que sepamos distinguir entre la realidad y la ficción en lo que respecta a la aplicación de las leyes migratorias. ICE y CBP son agencias federales profesionales que llevan a cabo misiones complejas y difíciles conforme a la ley. Difundir falsedades sobre sus operaciones perjudica al público y amenaza la integridad de nuestras instituciones democráticas.

Instamos a la ciudadanía a confiar en fuentes de información fiables y a abordar las afirmaciones sobre las agencias federales con escepticismo y pensamiento crítico. En tiempos de profunda división política y desinformación generalizada, la claridad y la verdad son más importantes que nunca.

by The Orange County Reporter

Editorial: Clarifying the Role of ICE and CBP — Federal Authority Does Not Extend to Deputizing Ordinary Citizens

Not A Federal Law Enforcement Agent, but A Bounty Hunter Breaking State and Federal Laws.

In recent months, misinformation has spread across social media and political discourse suggesting that U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) or U.S. Customs and Border Protection (CBP) have the authority to deputize ordinary American citizens to assist in immigration enforcement. This claim is not only misleading—it’s categorically false, and its persistence risks undermining public trust in federal law enforcement and creating dangerous misunderstandings about the rule of law.

Let us be clear: Neither ICE nor CBP deputizes ordinary U.S. citizens for law enforcement purposes. These agencies are staffed by trained, sworn officers and agents who undergo rigorous background checks, specialized training, and are held accountable under federal law. The idea that average Americans can be granted the powers of federal law enforcement officers is a fabrication with no basis in statute or policy.

Understanding the Agencies

  • U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) operates under the Department of Homeland Security (DHS) and is responsible for enforcing federal laws governing border control, customs, trade, and immigration. Its agents are highly trained professionals tasked with investigating violations of immigration law, human trafficking, smuggling, and other national security threats.
  • U.S. Customs and Border Protection (CBP) is the frontline agency charged with securing the nation’s borders at and between ports of entry. CBP officers and Border Patrol agents are federal law enforcement personnel who enforce immigration, customs, and agricultural laws.

Both agencies work within a legal framework established by Congress and overseen by DHS and the broader judicial system.

Why Deputization Doesn’t Happen

The concept of deputization—where a government agency temporarily authorizes civilians to act on its behalf—is not unheard of in American history, particularly during times of war or emergency. However, in the modern context, especially regarding immigration enforcement:

  1. Legal Constraints: There is no current federal law authorizing ICE or CBP to deputize private citizens for immigration enforcement.
  2. Training and Accountability: Law enforcement requires extensive training, legal knowledge, and accountability measures. Empowering untrained individuals would pose serious risks to civil rights and public safety.
  3. Chain of Command: Federal agencies operate under strict chains of command and oversight. Allowing non-officials to act as agents undermines due process and could lead to abuses of power.

The Danger of Misinformation

Promoting the belief that ICE or CBP can deputize citizens fuels conspiracy theories and vigilantism. It can embolden individuals to take the law into their own hands, leading to harassment, unlawful detentions, and racial profiling—all of which erode community trust and violate constitutional rights.

Moreover, such claims distract from real discussions about immigration reform, border security, and the challenges faced by these agencies. They also create unnecessary fear among immigrant communities, further polarizing an already contentious issue.

Conclusion

It is vital that we separate fact from fiction when it comes to immigration enforcement. ICE and CBP are professional federal agencies carrying out complex and difficult missions under the law. Spreading falsehoods about their operations does a disservice to the public and threatens the integrity of our democratic institutions.

We urge citizens to rely on credible sources of information and to approach claims about federal agencies with skepticism and critical thinking. In a time of deep political division and widespread misinformation, clarity and truth matter more than ever.

by The Orange County Reporter

Editorial: El silencio de la alcaldesa de Santa Ana, Valerie Amezcua, ante el peligro — ¿Dónde está el liderazgo en Santa Ana?

El hombre no identificado afirma ser agente de ICE, pero no tiene una placa identificable. Apunta con un arma a personas desarmadas que grababan el arresto de un inmigrante en Santa Ana, California.

Ha surgido un video inquietante que muestra a hombres armados no identificados, que dicen ser agentes de ICE, apuntando con un arma a una persona que documentaba sus acciones durante lo que parecía ser un arresto migratorio en Santa Ana. Esto no es solo una violación de las libertades civiles, sino una peligrosa escalada que pone vidas en riesgo y erosiona la confianza pública en las fuerzas del orden.

Santa Ana California, ¿Dónde está el Departamento de Policía de Santa Ana?

Las imágenes plantean preguntas urgentes: ¿Quiénes son estos individuos? ¿Por qué se les permitió operar sin una identificación clara ni supervisión? Y, quizás lo más importante, ¿dónde estaban las autoridades locales?

En una ciudad donde la seguridad y los derechos de todos los residentes deben ser primordiales, la ausencia de una respuesta rápida y contundente por parte de los líderes locales es alarmante. La alcaldesa Valerie Amezcua y otros funcionarios municipales han guardado silencio en gran medida tras este incidente, a pesar de las graves implicaciones para la seguridad y la rendición de cuentas de la comunidad. El Departamento de Policía de Santa Ana, que desde hace tiempo se ha posicionado como un defensor de la confianza pública, debe responder por qué ningún agente intervino o siquiera respondió a lo que podría haber sido un enfrentamiento mortal.

La individual grabando video podría haber sido asesinada, ¿por qué Amezcua no se involucra en esta descarada demostración de poder que pone en riesgo a los residentes de Santa Ana?

Cuando individuos armados, ya sean agentes federales o no, operan en nuestros barrios con poca transparencia o supervisión, el potencial de violencia aumenta exponencialmente. Esto es especialmente cierto cuando estos individuos parecen actuar con impunidad, intimidando a civiles que simplemente intentan observar y documentar actividades legales (o ilegales). Esto no solo es imprudente, sino que constituye una amenaza para la democracia.

Si bien el ICE tiene el mandato de hacer cumplir las leyes federales de inmigración, dicha autoridad debe ejercerse dentro de los límites legales y éticos. No hay justificación para blandir un arma de fuego contra alguien que ejerce su derecho a grabar a funcionarios públicos en espacios públicos. Si efectivamente se trataba de agentes del ICE, el Departamento de Seguridad Nacional debe iniciar una investigación inmediata. De no ser así, ¿quiénes eran exactamente? ¿Y cómo operaban tan abiertamente en una importante ciudad estadounidense?

¿Milicia en Santa Ana California, afirmando ser ICE?

Los políticos locales como el alcalde Amezcua no pueden permitirse el silencio. Sus electores merecen más que clichés: merecen protección. Los líderes deben exigir claridad a las agencias federales, garantizar la coordinación entre las fuerzas del orden locales y federales y, sobre todo, reafirmar su compromiso con la seguridad de todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio.

No se trata de partidismo. Se trata de la dignidad humana fundamental y la seguridad pública. Alguien pudo haber muerto ese día. El hecho de que no lo hayan hecho no es motivo de alivio; es una advertencia. No podemos permitir que nuestras calles se conviertan en campos de batalla donde figuras armadas no identificadas ejerzan un poder sin control.

Santa Ana se enorgullece de ser una comunidad diversa, vibrante e inclusiva. Esa identidad no significa nada si no nos movilizamos para proteger a los más vulnerables. Nuestros líderes deben alzar la voz, actuar y exigir responsabilidades a los responsables, antes de que ocurra una tragedia.

Basta de silencio. Basta de excusas. Es hora de un verdadero liderazgo.

by The Orange County Reporter

Editorial: Santa Ana Mayor Valerie Amezcua’s Silence in the Face of Danger — Where Is the Leadership in Santa Ana?

The unidentified man claims to be ICE but no Identifiable ICE Badge. Posting a weapon at unarmed individuals recording an immigrant arrest in Santa Ana California.

A disturbing video has surfaced showing unidentified armed men, claiming to be ICE agents, pointing a gun at a person who was documenting their actions during what appeared to be an immigration arrest in Santa Ana. This is not just a violation of civil liberties—it is a dangerous escalation that puts lives at risk and erodes public trust in law enforcement.

Santa Ana California, Where’s Santa Ana Police Department?

The footage raises urgent questions: Who are these individuals? Why were they allowed to operate without clear identification or oversight? And perhaps most importantly—where were the local authorities?

In a city where the safety and rights of all residents should be paramount, the absence of a swift and forceful response from local leadership is alarming. Mayor Valerie Amezcua and other city officials have remained largely silent in the wake of this incident, despite the serious implications for community safety and accountability. The Santa Ana Police Department, which has long positioned itself as a guardian of public trust, must answer why no officers intervened or even responded to what could have been a deadly confrontation.

The individual recording could have been killed, why isn’t Amezcua Getting Involved in This Blatant Show of Power putting Santa Ana Residents at Risk?

When armed individuals—whether federal agents or otherwise—operate in our neighborhoods with little transparency or oversight, the potential for violence increases exponentially. This is especially true when those individuals appear to act with impunity, intimidating civilians who are simply trying to observe and document lawful (or unlawful) activity. It is not only reckless; it is a threat to democracy.

While ICE does have a mandate to enforce federal immigration laws, that authority must be exercised within legal and ethical boundaries. There is no justification for brandishing a firearm at someone exercising their right to record public officials in public spaces. If these were indeed ICE agents, then the Department of Homeland Security must launch an immediate investigation. If they were not—who exactly were they? And how did they operate so openly in a major American city?

Militia in Santa Ana California, Claiming to be ICE?

Local politicians like Mayor Amezcua cannot afford to stay silent. Their constituents deserve more than platitudes—they deserve protection. Leaders must demand clarity from federal agencies, ensure coordination between local and federal law enforcement, and above all, reaffirm their commitment to the safety of every resident, regardless of immigration status.

This is not about partisanship. This is about basic human dignity and public safety. Someone could have been killed that day. The fact that they weren’t is not a reason to breathe a sigh of relief—it’s a warning shot across the bow. We cannot allow our streets to become battlegrounds where unidentified armed figures wield unchecked power.

Santa Ana prides itself on being a diverse, vibrant, and inclusive community. That identity means nothing if we do not stand up to protect the most vulnerable among us. Our leaders must speak out, take action, and hold those responsible accountable—before tragedy strikes.

Enough silence. Enough excuses. It’s time for real leadership.

by The Orange County Reporter

Editorial: Santa Ana Police Shot Rubber Bullets at Peaceful Protestors This is Violence Approved by the State.

Law Enforcement Line Of Defense

What reason would the Santa Ana Police Department use rubber bullets to shoot protesters who were only yelling words—albeit angry ones? Let’s not sugarcoat what happened. In Santa Ana, protesters were exercising their constitutional rights. Shouting their anger and displeasure at law enforcement—an activity safeguarded by the First Amendment—they were. And in reaction, the police did not respond with conversation or restraint, but with weapons.

Rubber bullets are not harmless. They are not a “safe” option. They result in very serious bodily harm. They disfigure. They cause blindness. They even cause Death. People have suffered from fractured bones, internal hemorrhage, and lasting impairments as a result of these so-called “less lethal” weapons. Santa Ana Police Department Agents are committing violence under the color of law, when law enforcement uses them against crowds just for yelling.

Protestor with Hands Up and no weapon, Santa Ana Police Department Agents pointing the rubber bullet weapon at the unarmed individual and ready to shoot.

This is against the law. This isn’t public safety; it’s putting the public at risk.

Police provoke disorder when they turn a peaceful protest into a violent clash, which undermines the right to assemble. They bring about the very unrest they claim to be averting. Additionally, the lack of accountability for these acts sends a clear warning to the public that disagreement will be punished.

A least 3 Santa Ana Police Department Agents on top of the individual on the ground that was not resisting arrest.

The Santa Ana Police Department needs to be held accountable. These incidents are not isolated; rather, they are part of a larger trend of repression and intimidation intended to silence voices critical of law enforcement, particularly in marginalized communities.

Peaceful Demonstrator who was arrested.

We must insist on thorough investigations, legal accountability, and systemic change. Santa Ana’s streets should never be a battleground. The right to protest should be protected, not singled out.

The public has a say. And it won’t be silenced by a rubber bullet.

Message to Law Enforcement
by The Orange County Reporter

Editorial: Las fuerzas del orden atacan a los periodistas del sur de California.

Guardias Nacionales de California en alerta en las calles de Santa Ana, California. Foto: The Orange County Reporter

En los condados de Orange y Los Ángeles, las fuerzas del orden parecen haber pasado de los manifestantes a quienes informan la verdad, en lo que solo puede considerarse una grave crisis para la democracia. Según informes, las agencias policiales locales han recurrido a la violencia, arrestos ilegales y amenazas públicas contra reporteros, fotógrafos y periodistas que cubren redadas de ICE y protestas civiles.

Esto está respaldado por testimonios de testigos presenciales, relatos de testigos presenciales y videos, no por hipótesis. Se han disparado balas de goma contra periodistas, se les ha encarcelado sin motivo y se les ha prohibido explícitamente cubrir irregularidades policiales. Este comportamiento no solo es ilegal, sino también totalitario, y por lo tanto destruye la base de la libertad mediática de toda democracia funcional.

Manifestación pacífica frente al Palacio de Justicia Federal en Santa Ana, California. Foto: The Orange County Reporter.

El reciente despliegue de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina de los EE. UU. en el sur de California aumenta el peligro. A diferencia de la policía local, la Infantería de Marina no está entrenada en seguridad comunitaria ni en disturbios civiles. Está entrenada para enfrentarse y eliminar a los oponentes en zonas de combate utilizando munición real. Esto no es control de multitudes, sino una táctica de escalada.

Entrar en ciudades ya sumidas en la agitación, las protestas y la inestabilidad política con soldados listos para el combate no es una demostración de poderío, sino una declaración de guerra contra la población, los derechos civiles y la libertad de prensa. Ofrece un ejemplo esclarecedor de las consecuencias de la excesiva intromisión del gobierno.

La Primera Enmienda protege la libertad de prensa como un escudo contra la tiranía, no como un favor. El público se ciega cuando se silencia a la prensa. Vivimos en una civilización regulada, no democrática, donde quienes dicen la verdad son vistos como oponentes.

Vincent Sarmiento, de la Junta de Supervisores del Condado de Orange, y Benjamín Vázquez, alcalde interino de Santa Ana. Foto: The Orange County Reporter.

Exigimos que todos los funcionarios electos, las organizaciones de derechos civiles y los defensores legales actúen de inmediato para investigar estas violaciones. Protejan a los periodistas. Antes de que la violencia se intensifique, desmilitaricen nuestra sociedad ante todo.

Todo el mundo observa. ¿Se convertirá el sur de California en un santuario de libertad o caerá bajo la opresión?

by The Orange County Reporter

Editorial: Federal Agencies and Private Militants Terrorize Paramount, California — Protester Run Over

Police State

Paramount, California — a working-class, predominantly immigrant city — is now the latest flashpoint in a terrifying pattern of militarized crackdowns and unchecked aggression by federal agencies and private operatives. Residents report a surge of operations involving Immigration and Customs Enforcement (ICE), the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), private contractors like Blackwater (now rebranded as Constellis), and even rogue bounty hunters acting outside of constitutional limits. These forces have descended upon the city with military-grade equipment, assault rifles, unmarked vehicles, and the blatant disregard for civil rights that has come to characterize such operations.

The most horrifying incident came during a peaceful protest earlier this week, when a protester was run over by a federal vehicle. Witnesses state that the victim — a young activist marching against ICE raids in the neighborhood — was deliberately targeted. The federal agents present refused to offer medical assistance and instead formed a perimeter to shield the vehicle and its driver from public accountability. The victim was later rushed to the hospital by fellow demonstrators. No arrests have been made. No apologies issued.

Peaceful Demonstrator was hit and killed by ICE Agents when ICE Agents ran him over with a Federal Vehicle.

What is happening in Paramount is not law enforcement. It is a campaign of fear. Residents speak of pre-dawn raids, helicopters circling above schools, families pulled from their homes without warrants, and masked operatives demanding identification with no legal basis. Community members are being surveilled, harassed, and detained — not for crimes, but for the crime of existing in a system that criminalizes immigrants, Black and Brown bodies, and anyone who dares to dissent.

The involvement of Blackwater-style contractors and bounty hunters — with their long track records of war crimes, human rights violations, and total lack of accountability — only amplifies the terror. These groups are not bound by the same protocols and oversight as public law enforcement, yet they are armed to the teeth and deployed as if the community were a battlefield.

Where is the oversight? Where are California’s state leaders, the county supervisors, the city officials? Their silence is complicity.

Paramount is not a war zone. It is a community of hard-working families, students, elders, and everyday people who deserve safety — not occupation. No federal badge or military patch gives anyone the right to terrorize civilians, run over protesters, or treat neighborhoods like enemy territory. If this happened abroad, the U.S. government would call it a human rights violation. But on American soil, under the guise of “law enforcement,” it is business as usual.

We must demand an independent investigation into these operations. We must demand the names of every agency, contractor, and officer involved. We must demand justice for the protester injured — and for every family living in fear.

This is not democracy. This is a dystopia.

The people of Paramount deserve better. The nation must pay attention.

by The Orange County Reporter

Editorial: America Under Siege — How President Donald Trump’s Racist Agenda Has Turned the Government Against Its Own People

Trump’s Racist Agenda

The United States is facing a constitutional crisis unlike anything seen in modern history. Under the current presidency of Donald Trump, an authoritarian and racist agenda has taken hold, turning government institutions and private interests into tools of persecution. This is not speculation. This is the lived experience of countless U.S. citizens and minorities who find themselves targeted, harassed, and violated by the very structures meant to protect them.

ICE agents, bounty hunters, ATF operatives, FBI surveillance teams, the U.S. military, and agents of the Department of Homeland Security are being unleashed on American soil—not to serve justice, but to silence dissent, terrorize communities of color, and enforce a white nationalist vision of the nation. And they are not acting alone.

State, county, and city governments—many of them aligned with Trump’s extremist agenda—are enablers in this campaign. From local police departments collaborating with federal raids, to state legislatures passing laws criminalizing protest, every level of government has been bent toward repression. Add to this the involvement of corporate profiteers like Halliburton—whose contracts enable mass surveillance, detention, and militarization—and we are no longer talking about rogue elements. We are talking about a full-fledged system of control.

This is not security. This is persecution.

Immigrant families are torn apart in pre-dawn raids. Black and Brown neighborhoods are over-policed, surveilled, and criminalized. Protesters are tear-gassed, beaten, and jailed for exercising their First Amendment rights. Entire communities live under a constant threat of state violence, and the Constitution’s promises of due process, equal protection, and freedom from unlawful search and seizure are trampled daily.

The current administration’s fingerprints are all over this. Trump has openly celebrated law enforcement brutality, labeled political opponents as enemies, and stoked racial division at every turn. His agenda is not hidden—it is shouted from podiums, etched into executive orders, and enforced by the barrel of a gun.

Militarized ATF

This is how democracy dies—not all at once, but under the slow crush of sanctioned injustice.

What we are witnessing is not simply a failure of policy. It is a deliberate effort to turn the United States into a police state that serves the interests of the few, at the expense of the many. It is the transformation of the federal government into a tool for racial dominance, using fear and violence to suppress resistance.

It is unconstitutional. It is immoral. And it must be stopped.

Unlawful Raids, Racist Agenda, Civil Rights Violations

We must name it for what it is: State-sponsored oppression.

Now is not the time for silence or neutrality. Now is the time to resist—legally, politically, and morally. We must demand accountability from every agency, every politician, and every corporation complicit in this violence. We must protect and elevate the voices of the targeted. And we must fight to restore the Constitution to its rightful place as a shield for the people—not a weapon for the powerful.

History is watching. Future generations will ask what we did when democracy was under attack from within. Let the answer be that we stood up.

— Editorial Board

by The Orange County Reporter

Editorial: El ataque de la Asociación de Oficiales de Policía de Santa Ana contra CSO-OC revela una tendencia de engaño e intimidación

SAPOA – Santa Ana Police Officers Association
Asociación de Oficiales de Policía de Santa Ana (SAPOA)

El reciente ataque del presidente John Kachirisky a la Organización de Servicios Comunitarios del Condado de Orange (CSO-OC), encabezada por la Asociación de Oficiales de Policía de Santa Ana (SAPOA), no es sólo un ataque a una organización de base; es un ataque a la verdad, a la justicia y a las comunidades que se atreven a hablar en contra de la violencia policial.

El presidente de la Asociación de Oficiales de Policía de Santa Ana (SAPOA), John Kachirisky.

SAPOA ha vuelto a revelar su estrategia en su cobarde intento de desacreditar a CSO-OC y a sus líderes, incluyendo a David Pulido: silenciar la disidencia, difamar a las víctimas y mentir para proteger la placa a toda costa. No se trata de defender a la policía ni de proteger la seguridad pública; se trata de poder, control y la defensa de un sistema que, con demasiada frecuencia, oculta las irregularidades tras un manto azul.

El momento y el tono del ataque de SAPOA son reveladores. Ocurre en un momento en que aumentan las demandas de rendición de cuentas por el asesinato de Noé Rodríguez, un hombre cuya vida fue arrebatada durante un enfrentamiento policial que amerita total transparencia y justicia. Familias como la de Noé han soportado durante mucho tiempo no solo el dolor psicológico de la pérdida, sino también la agonía adicional de ser ignoradas, tratadas con irrespeto y quizás incluso calumniadas por quienes ostentan la autoridad. La acción más reciente de SAPOA es un intento deliberado de intimidar a quienes exigen un cambio.

Photo by: The Orange County Reporter / Departamento de Policía de Santa Ana

Esta no es la primera vez que SAPOA ha señalado a organizadores comunitarios. Han intentado repetidamente silenciar a las autoridades municipales, engañar al público y socavar a los activistas. Sus afirmaciones están meticulosamente redactadas con la intención de difundir desinformación y desviar la responsabilidad, una estrategia que busca proteger a la organización en lugar de beneficiar a los residentes de Santa Ana.

Sin embargo, no nos dejaremos intimidar.

Apoyamos a CSO-OC. Apoyamos a las familias de las víctimas de la brutalidad policial. Y apoyamos a todos los ciudadanos de Santa Ana que creen que la verdadera seguridad pública no puede existir sin responsabilidad.

La alcaldesa de Santa Ana, Valerie Amezcua, es una de las principales partidarias de SAPOA, que financió parcial o totalmente su puesto como alcaldesa de Santa Ana.

Los funcionarios electos que dicen representar los intereses del pueblo deben dejar de actuar como sirvientes políticos de un sindicato que prioriza la autopreservación sobre la justicia, y el Ayuntamiento no debe permanecer en silencio. Se opondrán a las tácticas intimidatorias de SAPOA y abogarán por la transparencia, la supervisión independiente y un cambio real si realmente les importan los ciudadanos de Santa Ana.

Noé Rodríguez merece justicia por necesidad moral, no solo por exigencia. Mientras tanto, seguiremos luchando por una Santa Ana donde la seguridad se base en la protección contra la violencia, en lugar de la intimidación de quienes han jurado servir.

Es hora de parar. La verdad no será reprimida.

by The Orange County Reporter

Editorial: The Santa Ana Police Officers Association’s Assault on CSO-OC Reveals a Trend of Deception and Intimidation

SAPOA – Santa Ana Police Officers Association

President John Kachirisky’s recent attack on Community Services Organization – Orange County (CSO-OC), headed by the Santa Ana Police Officers Association (SAPOA), is not just an attack on a grassroots organization; it is an attack on truth, justice, and the communities who dare to speak out against police violence.

Santa Ana Police Officers Association (SAPOA) President John Kachirisky’s.

SAPOA has once again revealed its playbook in its cowardly effort to discredit CSO-OC and its leaders, including David Pulido: silence dissent, smear victims, and lie to protect the badge at all costs. This is not about defending police or protecting public safety; this is about power, control, and upholding a system that, all too frequently, hides wrongdoing behind a wall of blue.

SAPOA’s attack’s timing and tone are revealing. It happens at a time when there are increasing demands for accountability in the killing of Noe Rodriguez, a man whose life was taken during a police encounter that warrants complete transparency and justice. Families like Noe’s have long endured not just the psychological pain of loss but also the additional agony of being ignored, treated with disrespect, and perhaps even slandered by those in positions of authority. The most recent action taken by SAPOA is a deliberate attempt to scare the very individuals who are calling for change.

Photo by The Orange County Reporter / Santa Ana Police Department.

This is not the first time community organizers have been singled out by SAPOA. They have repeatedly tried to silence city authorities, deceive the public, and undermine activists. Their claims are meticulously written with the intention of spreading misinformation and shifting responsibility, which is a strategy meant to safeguard the organization rather than benefit the residents of Santa Ana.

However, we will not be cowed.

We support CSO-OC. We support the families of those who have been victims of police brutality. And we support all citizens of Santa Ana who think that true public safety cannot exist without responsibility.

Santa Ana Mayor Valerie Amezcua is a Primary Supporter of SAPOA that partly or fully financed her seat as the Mayor of Santa Ana.

Elected officials who profess to represent the interests of the people must stop behaving as political servants to a union that prioritizes self-preservation over justice, and the City Council must not remain silent. They will stand up to SAPOA’s bullying tactics and advocate for transparency, independent oversight, and real change if they truly care about the citizens of Santa Ana.

Noe Rodriguez deserves justice as a matter of moral necessity rather than simply as a requirement. In the meanwhile, we will keep pushing for a Santa Ana where safety is about being protected from violence rather than being intimidated by those who have taken an oath to serve.

It’s time to stop. The truth will not be suppressed.