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by The OC Reporter

Residentes preocupados afirman que las nuevas rotondas representan riesgos para la seguridad en Santa Ana

Fotografía de The OC Reporter/ 3rd y Bush St – 1st Roundabout que Santa Ana instaló hace unos años y muchos accidentes casi fatales

Las rotondas han estado apareciendo en Santa Ana durante varios años, primero como instalaciones temporales, luego como elementos permanentes. El centro de la ciudad vio su primera rotonda en las calles Tercera y Bush, y en los últimos años, se han expandido a barrios residenciales como parte de la estrategia más amplia de la ciudad para moderar el tráfico.

Las autoridades municipales promocionan las rotondas como una medida de seguridad comprobada, citando estudios que demuestran que reducen la probabilidad de accidentes mortales y con lesiones graves en comparación con las intersecciones convencionales. Por su diseño, las rotondas reducen la velocidad de los vehículos y eliminan puntos de conflicto de alto riesgo, como giros a la izquierda y colisiones frontales, comunes en intersecciones con semáforos o con control de parada. Se espera que los conductores cedan el paso al tráfico circulante, reduzcan la velocidad al acercarse y señalicen antes de salir.

Foto de The OC Reporter/ El 19 de noviembre de 2025, María Rubalcava de Ruesga, de 69 años, fue atropellada y asesinada por un camión de basura mientras cruzaba donde está instalada una rotonda.

Pero algunos residentes ahora argumentan que estas mismas características están creando nuevos peligros.  El 19 de noviembre de 2025, María Rubalcava de Ruesga, de 69 años, fue atropellada y falleció por un camión de basura mientras cruzaba un cruce peatonal cerca de la intersección de las calles Bishop y Shelton, donde se instaló una rotonda hace aproximadamente un año. El Departamento de Policía de Santa Ana está investigando el accidente, y los vecinos han expresado su preocupación de que la disposición de la rotonda pueda estar contribuyendo a condiciones peligrosas tanto para peatones como para conductores.

Menos de dos semanas después, otro accidente grave ocurrió en las cercanías. Según un registro de despacho de la OCFA del 28 de noviembre de 2025, a las 23:56, varios vehículos colisionaron en la intersección de las calles North Bush y East 8th, el mismo corredor que la rotonda del centro. Unidades de la División 6, incluyendo el Batallón 9, la Unidad de Motor 75 y el Camión 75, acudieron al lugar. 

Foto de The OC Reporter/varios vehículos chocaron en la intersección de North Bush Street y East 8th Street

Los residentes de la zona reportan un aumento en el exceso de velocidad y confusión sobre las normas de derecho de paso, particularmente en una rotonda que reemplazó una antigua intersección de cuatro vías. Algunos afirman que el cambio ha vuelto la intersección más caótica, no más segura, aunque la ciudad no ha publicado datos oficiales de accidentes que comparen las condiciones antes y después de la instalación.

Fotografía de The OC Reporter/ Señales de conductores corriendo hacia la rotonda en 9th y Spurgeon.

Mientras Santa Ana continúa modernizando las intersecciones con rotondas para mejorar la seguridad del vecindario, los miembros de la comunidad solicitan una revisión más exhaustiva de su diseño, ubicación e impacto, especialmente en zonas con alta actividad peatonal.

by The OC Reporter

Editorial: Santa Ana debe dejar de ignorar a los terroristas cazarrecompensas que se hacen pasar por agentes de ICE.

Foto: The OC Reporter / Departamento de Policía de Santa Ana

A estas alturas ya no es un rumor; es un hecho documentado.

Hombres con placas falsas que se hacen pasar por funcionarios federales están aterrorizando hogares, asustando a jóvenes y destrozando familias en las calles de Santa Ana. No son agentes de ICE. Son cazarrecompensas independientes o contratistas que carecen de autoridad legal, constitucional y de derecho a estar en nuestras calles. Sin embargo, se aprovechan de nuestra ansiedad, desconcierto y del silencio de quienes juraron defendernos, actuando con total impunidad.

Estas personas no son agentes del orden. Son delincuentes. Suplantar la identidad de un agente federal es un delito grave tanto en California como a nivel federal. La entrada ilegal en propiedad ajena se define como el ingreso a una residencia sin permiso ni orden judicial. Utilizar amenazas de deportación para obtener favores o dinero de los residentes locales constituye coacción, y posiblemente secuestro. Además, según el artículo 837 del Código Penal de California, toda persona tiene el derecho —y la obligación— de realizar un arresto ciudadano al presenciar la comisión de tales delitos.

Entonces, ¿cuál es la razón de Santa Ana? ¿La policía se niega a actuar? No es por miedo al ICE. El problema no radica en la falta de conocimiento de la jurisdicción, sino en la negligencia. Es complicidad por inacción.

Foto de: The OC Reporter/ Impostores de ICE vistos en la 1.ª y Grand Ave.

A pesar de que el Ayuntamiento creó correctamente el fondo Ayuda Sin Fronteras, presentó solicitudes de acceso a la información pública, se sumó a demandas federales y recibió 50.000 dólares de apoyo de Sahuayo, México, nuestra policía sigue sin hacer nada mientras estos delincuentes andan sueltos. No están sobrecargados de trabajo ni confundidos. Simplemente deciden no aplicar la ley. Esto no es una discrepancia política. No es un debate sobre inmigración. Se trata de justicia fundamental.

Una madre no vive en una ciudad santuario si un hombre con una chaqueta negra llama a su puerta diciendo ser agente federal y ella se esconde en su cocina mientras la policía no hace nada cuando llama al 911. Está bajo asedio.

El alcalde Amezcua y el Ayuntamiento se han expresado extensamente sobre dignidad, justicia y derechos civiles. Ahora deben exigir que se tomen medidas. El Departamento de Policía de Santa Ana debe:

  • Utilice las leyes vigentes sobre arresto ciudadano y las leyes estatales contra la suplantación de identidad para capacitar de inmediato a los agentes en el reconocimiento y la detención de impostores que se hacen pasar por cazarrecompensas.
  • Identificar y denunciar públicamente a estos individuos como delincuentes, en lugar de como “socios en la aplicación de la ley”.
  • Establecer un equipo de respuesta rápida para investigar y registrar cada incidente reportado, y luego poner esta información a disposición del público en general.
  • Para procesar a los delincuentes reincidentes por cargos federales, trabaje con el FBI y el Departamento de Justicia.
  • Difundir imágenes, descripciones de vehículos y métodos conocidos a través de alertas comunitarias para informar a las familias sobre a quién temer y a quién detener.
Foto de: The OC Reporter/ Impostores de ICE vistos en Ross y Santa Ana Blvd.

El liderazgo moral de la ciudad no vale nada si su fuerza policial no defiende a sus ciudadanos de los criminales que se esconden tras la fachada del gobierno federal.

El aumento de $100,000 a Ayuda Sin Fronteras es algo que aplaudimos. Sin embargo, la tranquilidad de un niño que duerme sin ansiedad no se puede reemplazar con ninguna ayuda económica. El trauma de una intrusión domiciliaria por parte de un individuo con una placa falsa no se puede reparar con ninguna acción legal.

Gracias a Santa Ana, el mundo ha visto lo que es la valentía. Ahora debe demostrar lo que es la justicia mediante arrestos, no mediante comunicados de prensa.

Los cazarrecompensas no son agentes de inmigración, son delincuentes. Violan la ley. Además, nuestra policía debería empezar a tratarlos como tales.

— Los habitantes de Santa Ana merecen más que compasión. Merecen protección.

by The OC Reporter

Editorial: Crisis de liderazgo de la alcaldesa de Santa Ana, Valerie Amezcua, y complicidad del Departamento de Policía de Santa Ana y los imitadores de ICE (cazadores de recompensas).

Departamento de Policía de Santa Ana

Las calles de Santa Ana se han convertido en un campo de batalla por los derechos humanos fundamentales, donde los residentes viven con miedo, no de los delincuentes, sino de los cazarrecompensas armados que operan con alarmante impunidad. El silencio de la alcaldesa Valerie Amezcua y la complicidad del Departamento de Policía de Santa Ana (SAPD) al permitir estos secuestros violentos no solo es preocupante, sino también inaceptable.

El martes 1 de julio de 2025, surgieron múltiples informes de secuestros descarados llevados a cabo por cazarrecompensas en Main St., Warner Ave. y Edinger Ave. Los testigos describieron escenas que serían más propias de una zona de guerra que de una ciudad de EE. UU.: individuos armados agarrando a la gente en la calle, apuntando rifles de asalto, incluidas armas tipo AK-47, a civiles aterrorizados y desapareciendo con sus víctimas mientras las fuerzas del orden se quedaban de brazos cruzados sin hacer nada.

Reflexionen sobre esto: la policía no respondió. A plena luz del día, frente a agentes del Departamento de Policía de San Diego (SAPD), cazarrecompensas —agentes privados sin autoridad legal— cometieron secuestros e intimidación. Esto no es justicia. Esto no es seguridad. Es una abdicación del deber por parte de quienes juraron proteger al público.

La alcaldesa Valerie Amezcua no ha hecho declaraciones públicas, ni ha dado conferencias de prensa, ni ha reconocido la creciente crisis. ¿Dónde está su voz? ¿Dónde está su liderazgo? Si la alcaldesa no puede, o no quiere, defender la seguridad y la dignidad de los residentes de Santa Ana, no tiene derecho a dirigir esta ciudad.

Los cazarrecompensas no son agentes del orden. No operan bajo los mismos estándares de supervisión, entrenamiento ni rendición de cuentas. Sin embargo, aquí en Santa Ana, actúan como si llevaran placas: amenazan, detienen e incluso secuestran a personas sin consecuencias. Y el Departamento de Policía de Santa Ana (SAPD), en lugar de intervenir para detener estos delitos, parece estar protegiéndolos.

Esto plantea serias preguntas: ¿Qué tipo de relación existe entre el SAPD y estos cazarrecompensas? ¿Estamos presenciando una colusión? ¿Existe un acuerdo informal que permite a actores corruptos imponer su propia justicia mientras se ignora la verdadera?

Los residentes de Santa Ana merecen algo mejor. Merecen un alcalde que los proteja, no que los ponga en riesgo. Merecen un departamento de policía que sirva y proteja, no que permita la violencia y las desapariciones.

Si la alcaldesa Amezcua sigue guardando silencio mientras los cazarrecompensas aterrorizan nuestros barrios, entonces sí, debería ser destituida. Su inacción no es neutral; es peligrosa. Envía el mensaje de que algunas vidas no importan, que la violencia es tolerable y que la rendición de cuentas es opcional.

Y al SAPD: su juramento fue proteger al pueblo. Al cruzarse de brazos y permitir que hombres armados secuestraran ciudadanos en la calle, rompieron ese juramento.

Exigimos al alcalde Amezcua que se dirija de inmediato al público, emita una postura clara contra estos secuestros ilegales y exija transparencia al Departamento de Policía de Santa Ana (SAPD). Exigimos una investigación independiente sobre los sucesos del 1 de julio y el patrón general de actividad de cazarrecompensas en nuestra ciudad.

Ya basta. Los residentes de Santa Ana no deberían vivir con el temor de ser secuestrados por desconocidos armados mientras nuestros líderes hacen la vista gorda. Si no exigimos responsabilidades a nuestros funcionarios ahora, corremos el riesgo de perder la poca confianza que queda en nuestras instituciones y de poner vidas en mayor riesgo.

Es hora de actuar. Es hora de hacer justicia. Es hora de proteger a Santa Ana.

by The OC Reporter

Editorial: A Crisis of Leadership of Santa Ana Mayor Valerie Amezcua and Complicity of The Santa Ana Police Department and The ICE Impersonators (Bounty Hunters).

Santa Ana Police Department

The streets of Santa Ana have become a battleground for basic human rights, where residents live in fear—not from criminals, but from armed bounty hunters operating with alarming impunity. The silence from Mayor Valerie Amezcua and the complicity of the Santa Ana Police Department (SAPD) in allowing these violent kidnappings to occur is not just troubling—it is unacceptable.

On Tuesday, July 1st, 2025, multiple reports emerged of brazen kidnappings carried out by bounty hunters on Main St., Warner Ave., and Edinger Ave. Witnesses described scenes that would be more fitting for a war zone than a U.S. city: armed individuals grabbing people off the street, pointing assault rifles—including AK-47-style weapons—at terrified civilians, and disappearing with their victims while law enforcement stood by and did nothing.

Let that sink in: the police did not respond. In broad daylight, in front of SAPD officers, bounty hunters—private actors with no legal authority—committed acts of kidnapping and intimidation. This is not justice. This is not safety. This is an abdication of duty by those sworn to protect the public.

Mayor Valerie Amezcua has offered no public statement, no press conference, no acknowledgment of this escalating crisis. Where is her voice? Where is her leadership? If the mayor cannot—or will not—stand up for the safety and dignity of Santa Ana’s residents, she has no business leading this city.

Bounty hunters are not law enforcement. They do not operate under the same oversight, training, or accountability standards. Yet here in Santa Ana, they act as if they wear badges—threatening, detaining, and even kidnapping individuals without consequence. And the SAPD, rather than intervening to stop these crimes, appears to be shielding them.

This raises serious questions: What kind of relationship exists between the SAPD and these bounty hunters? Are we witnessing collusion? Is there an informal agreement allowing rogue actors to enforce their own brand of “justice” while real justice is ignored?

Santa Ana residents deserve better. They deserve a mayor who protects them, not puts them at risk. They deserve a police department that serves and protects—not enables violence and disappearances.

If Mayor Amezcua continues to remain silent while bounty hunters terrorize our neighborhoods, then yes—she should be recalled. Her inaction is not neutral; it is dangerous. It sends a message that some lives don’t matter, that violence is tolerable, and that accountability is optional.

And to the SAPD: your oath was to protect the people. When you stood by and allowed armed men to kidnap citizens in the street, you broke that oath.

We call on Mayor Amezcua to immediately address the public, issue a clear stance against these unlawful kidnappings, and demand transparency from the SAPD. We call for an independent investigation into the events of July 1st and the broader pattern of bounty hunters activity in our city.

Enough is enough. Santa Ana residents should not live in fear of being kidnapped by armed strangers while our leaders look the other way. If we do not hold our officials accountable now, we risk losing what little trust remains in our institutions—and putting lives at even greater risk.

It’s time for action. It’s time for justice. It’s time to protect Santa Ana.

by The OC Reporter

Editorial: A Call for Accountability — Why Hasn’t Mayor Valerie Amezcua Taken Action Against Unverified “Federal Agents” Operating in Santa Ana?

Santa Ana Police Department
Failing to Protect The Residents of Santa Ana.

The people of Santa Ana deserve transparency, protection, and due process under the law. Yet, disturbing reports continue to surface regarding unidentified individuals—often masked and claiming to be federal agents—who are allegedly involved in unlawful detentions and even kidnappings in public view. These actions, reportedly occurring in the presence of Santa Ana Police Department (SAPD) officers who fail to intervene or verify the identities of these individuals, raise urgent questions about both legal responsibility and public safety.

Under California’s Penal Code 832, peace officers are required to act with due diligence in the performance of their duties. When SAPD officers witness what appears to be illegal acts—including kidnapping—and do not intervene or attempt to identify those responsible, they may indeed be complicit under the law. By failing to verify credentials, request identification, or at least investigate such incidents, SAPD officers risk becoming accessories to crimes committed in their presence.

Furthermore, every sworn law enforcement officer has taken an oath to uphold the U.S. Constitution and protect citizens from unlawful government intrusion. When officers stand by as individuals—whether legitimate federal agents or not—engage in warrantless detentions or abductions, they are violating the very principles they swore to defend.

Mayor Valerie Amezcua, as the head of the city’s executive branch and a representative of the people, must address this alarming situation immediately. The City Council and local oversight bodies also have a duty to ensure that SAPD is fulfilling its mandate to serve and protect all residents of Santa Ana—not turning a blind eye to potential criminal activity, no matter the alleged affiliation of the perpetrators.

We call on Mayor Amezcua and SAPD leadership to:

  1. Issue clear directives for officers to verify the identity and agency affiliation of any individual claiming to be a federal agent before allowing them to conduct operations within the city.
  2. Investigate all reported incidents involving unverified individuals engaging in detentions or arrests.
  3. Provide transparency to the public regarding any coordination or communication with federal agencies operating locally.
  4. Hold accountable any officers who fail to perform their sworn duty to protect citizens from unlawful harm or coercion.

The Constitution does not permit selective enforcement of the law. If our local law enforcement will not uphold it—especially when others abuse their perceived authority—they become part of the problem rather than the solution.

Santa Ana deserves better. Our community deserves safety, clarity, and justice—not silence or complicity.